By Mientras el poder no se rinda ni pierda control operativo, la liberación sigue siendo una moneda de supervivencia. Forzarla antes puede convertir a los rehenes en objetivos.
La liberación de los presos políticos en Venezuela no es un acto humanitario pendiente: es un movimiento de alto riesgo en un poder que no se ha rendido. En un régimen que ya no gobierna como bloque y conserva a los detenidos como última garantía de supervivencia, circulan versiones sobre salidas negociadas, rutas de escape y contactos discretos —incluida la hipótesis de terceros países— mientras las armas siguen sin un mando único. La liberación queda así atrapada entre la fragmentación del poder y actores dispuestos a convertir cualquier pérdida de control en castigo ejemplar.
El Foro Penal y otros mecanismos independientes de documentación calculan que en Venezuela hay actualmente centenares de presos políticos, con registros que han oscilado en los últimos años entre los ochocientos y más de mil detenidos por razones políticas. Incluye civiles y militares arrestados por protestar, disentir, informar, organizarse políticamente o simplemente por vínculos personales o familiares.
Las imputaciones que pesan sobre ellos responden a un patrón reiterado: terrorismo, traición a la patria, conspiración, instigación al odio, asociación para delinquir. Delitos formulados de manera amplia, sin pruebas verificables, con expedientes fabricados y procesos marcados por la incomunicación, la negación del derecho a la defensa y tribunales sin independencia.
Las condiciones de reclusión han sido documentadas por la ONU, la CIDH y organizaciones especializadas: hacinamiento, insalubridad, falta de atención médica, castigos arbitrarios y aislamiento prolongado. En centros de detención como el Helicoide y La Tumba se han denunciado torturas físicas y psicológicas, celdas sin ventilación ni luz natural, interrogatorios bajo coacción y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Decenas de presos han muerto bajo custodia del Estado en los últimos años, algunos por falta de atención médica o agravamiento deliberado de enfermedades preexistentes, otros en circunstancias no esclarecidas. A esto se suman traslados inconsultos o ilegales, desapariciones temporales, cambios de centro sin notificación a familiares o abogados y el uso sistemático del preso como instrumento de presión política.
Este es el contexto en el que se discute cualquier liberación. No se trata solo de víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos, sino de personas convertidas deliberadamente en rehenes operativos dentro de una estructura de poder que administra el cautiverio como instrumento de control y negociación
Liberar sin tener el control puede ser mortal
En el debate internacional sobre Venezuela se repite una pregunta que, aunque comprensible, está mal formulada: ¿por qué Estados Unidos —y en particular Donald Trump— no ha exigido públicamente la liberación inmediata de los presos políticos?
La respuesta incómoda es que una exigencia frontal, pública y temprana aumenta el riesgo para los propios detenidos. En un régimen que ha perdido coherencia interna, los presos políticos ya no son solo víctimas: son rehenes de Estado. Y los rehenes no se liberan mediante declaraciones, sino cuando quien los retiene pierde la capacidad de decidir sobre su destino.
Un poder fragmentado no obedece como bloque
El poder en Venezuela ya no opera como una pirámide. Funciona como un archipiélago de mandos:
- un núcleo civil que administra relaciones externas y supervivencia política;
- mandos militares intermedios que evalúan costos personales y exposición jurídica;
- cuerpos policiales y de inteligencia que protegen feudos propios;
- y colectivos armados y estructuras criminales híbridas con control territorial.
En este contexto, nadie puede garantizar que una orden de liberación sea obedecida de forma uniforme. Para algunos actores, una excarcelación no es una pérdida marginal: es la desaparición de su única carta de negociación o de su cobertura de impunidad.
Washington no calla: mide costos y espera quiebre real
Trump no ignora la existencia de casi mil presos políticos. Tampoco asume que el poder que los retiene esté dispuesto a rendirse. Los trata como lo que son en esta fase del proceso: una variable de alto riesgo.
Exigir su liberación sin control efectivo de la cadena de mando, sin trazabilidad de los detenidos y sin capacidad de protección posterior puede derivar en traslados clandestinos, represalias selectivas, desapariciones o ejecuciones extrajudiciales antes de perder control.
La experiencia comparada muestra que Trump no lanza exigencias máximas hasta que el costo de incumplirlas es inasumible. Antes, el poder en retirada suele ganar tiempo, simular control y esperar una caballería externa —política, diplomática o geopolítica— que nunca llega, pero cuya expectativa prolonga la retención de rehenes. Antes, observa, mide y espera señales estructurales, no gestos retóricos.
El factor decisivo: actores armados que viven del caos
Una liberación precipitada de los presos políticos los puede matar. En un régimen fragmentado, la orden de liberar presos políticos no activa un procedimiento judicial normal. Activa una cadena de reacciones armadas. Una excarcelación improvisada puede provocar:
- Represalias internas antes de perder control sobre los detenidos.
- Traslados clandestinos para mantener capacidad de chantaje.
- Ejecuciones selectivas disfrazadas de motines, fugas o enfrentamientos.
- Venganzas territoriales por parte de colectivos y estructuras criminales que leen la liberación como derrota.
En este contexto, liberar sin control efectivo de la cadena de mando no es un acto humanitario: es una operación de alto riesgo para la vida de los propios presos.
Este riesgo no es teórico. En procesos de desmovilización incompletos en la región —como ocurrió en Colombia en distintos momentos— la liberación o exposición prematura de combatientes y detenidos fue seguida por asesinatos selectivos, ajustes de cuentas y violencia residual.
No como política pública declarada, sino como consecuencia de estructuras armadas que nunca se rindieron del todo y actuaron para preservar control, vengarse o enviar mensajes disciplinarios.
El factor que nadie quiere nombrar: los grupos armados irregulares
El mayor peligro para los presos políticos hoy no es una orden escrita que no llegue, sino la reacción de actores armados que viven del caos.
Colectivos, estructuras parapoliciales y redes criminales no responden al núcleo civil del régimen, no se benefician de una transición ordenada y sí tienen incentivos para castigar, vengarse o sembrar terror. Una liberación mal coordinada puede convertir cárceles en escenarios de violencia antes de perder control territorial
Foro Penal: documentar para reducir arbitrariedad
La disposición del Foro Penal a colaborar no implica confianza en el régimen. Implica algo más crudo: administrar riesgos.
En escenarios de colapso institucional, la excarcelación no es un trámite judicial sino una operación de seguridad. Documentar listas, verificar ubicaciones, establecer protocolos y dejar constancia internacional no libera presos por sí mismo, pero reduce el margen para la violencia arbitraria.
Qué tendría que existir para que la liberación sea viable
Una liberación masiva de presos políticos solo es viable si deja de ser un gesto político y pasa a ser una operación controlada. Para ello, tendrían que concurrir, al menos, estas condiciones:
- Cadena de mando verificable, capaz de ejecutar órdenes sin sabotaje ni represalias internas.
- Identificación y trazabilidad completas de los detenidos, sus lugares de reclusión y responsables directos.
- Neutralización o contención efectiva de colectivos y grupos armados en zonas críticas.
- Presencia o supervisión internacional aceptada, no como acompañamiento simbólico sino como mecanismo de control.
- Garantías posteriores a la excarcelación, que incluyan protección mínima y visibilidad pública inmediata. Sin estos elementos, la liberación no reduce la violencia: la redistribuye contra los más vulnerables.
Sin estos elementos, la liberación no reduce la violencia: la redistribuye contra los más vulnerables.
Quiebre interno y rendición operativa, no retórica
La señal inequívoca de quiebre interno no es un comunicado, una negociación filtrada ni una declaración de buena voluntad. Sería una combinación verificable de hechos:
- Entrega efectiva de control operativo: liberaciones ejecutadas por distintos cuerpos, sin sabotaje ni represalias, en varias jurisdicciones.
- Ruptura visible de la cadena de obediencia: órdenes cumplidas aunque perjudiquen a actores armados locales.
- Transferencia de activos de supervivencia: personas clave, información financiera o garantías que reduzcan la capacidad de chantaje del núcleo duro.
- Aceptación tácita de supervisión externa, no como gesto humanitario sino como admisión de pérdida de control soberano.
Cuando eso ocurra, la exigencia pública de liberación ya no será un riesgo. Será una consecuencia.
Ganar tiempo no es rendirse
Los presos políticos en Venezuela no están atrapados solo por barrotes. Están atrapados en una estructura de poder en descomposición, donde cada liberación es una amenaza para alguien armado.
La urgencia moral es indiscutible, pero la improvisación estratégica sería imperdonable. La verdadera pregunta no es cuándo se exige su liberación, sino quién puede garantizar que salgan vivos y sigan vivos después. Ahí —y solo ahí— empieza la transición real.
