By Delcy Rodríguez anuncia una ley para cerrar causas por persecución política mientras la oposición exige inclusión total y recuerda el historial de bloqueos y promesas fallidas del chavismo
La palabra amnistía reapareció en Venezuela en un momento de máxima presión externa, fracturas internas y reconfiguración forzada del poder. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que presentará ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para cerrar causas penales vinculadas a persecución política desde 1999 hasta hoy, en medio de excarcelaciones selectivas y gestos diplomáticos que buscan rebajar la tensión con Washington.
El anuncio se produjo durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia. Rodríguez afirmó que la iniciativa apunta a la convivencia social y la reconciliación y que fue coordinada con Nicolás Maduro antes de su captura. La propuesta, subrayó, excluye expresamente homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves de derechos humanos: delitos comunes que el propio oficialismo separa de la categoría política. El foco, entonces, no está en un perdón generalizado, sino en quién definirá qué expedientes califican como persecución política dentro de un sistema judicial cuestionado por su falta de independencia.
La medida no surge en el vacío. En semanas recientes el gobierno interino aceleró excarcelaciones y liberó a ciudadanos extranjeros detenidos, incluidos todos los estadounidenses identificados por Washington, en un clima de alta tensión bilateral tras la operación militar que derivó en la detención de Maduro. Diplomáticos y organizaciones internacionales observan esta secuencia como parte de un esfuerzo por descomprimir el conflicto y recomponer canales con actores externos decisivos.
María Corina Machado: “Esto no es voluntario”
La líder de la oposición democrática atribuyó el anuncio a la presión de Estados Unidos y advirtió que su impacto dependerá de una aplicación completa y verificable.
“Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ojalá los más de 700 presos políticos que aún permanecen en centros de detención puedan estar pronto con sus familias”, afirmó.
La dirigente sostuvo que el aparato represivo sigue intacto y alertó que una amnistía parcial, administrada por tribunales sin independencia, no resolvería el problema estructural de la persecución política.
Desde la oposición, la lectura es menos benevolente. María Corina Machado sostuvo que la iniciativa responde a la presión de Estados Unidos y advirtió que su eficacia dependerá de una aplicación real, no selectiva. Recordó que centenares de presos políticos siguen tras las rejas y que la estructura represiva permanece intacta. La Plataforma Unitaria Democrática exigió que la ley incluya a todos los detenidos por razones políticas y a los exiliados, junto con la restitución de partidos intervenidos y el levantamiento de inhabilitaciones, y advirtió que más de 800 personas continúan encarceladas mientras cientos de excarcelados siguen sometidos a procesos abiertos.
El contraste con el pasado del chavismo añade tensión al anuncio. Durante años, dirigentes hoy centrales del poder rechazaron públicamente cualquier amnistía, la tildaron de “ley de amnesia” y advirtieron que no la aplicarían aunque fuera aprobada por el Parlamento. Esa resistencia histórica vuelve ahora como telón de fondo incómodo para un oficialismo que impulsa la medida y la presenta como gesto de reconciliación.
Tampoco es la primera vez que Venezuela recorre este camino. Hugo Chávez promulgó una amnistía en 2007 para implicados en el golpe de 2002. En 2016, una ley aprobada por un Parlamento opositor fue anulada por el Tribunal Supremo. En 2020, Nicolás Maduro concedió indultos a más de cien opositores, una decisión selectiva y discutida que no configuró una amnistía amplia. El historial alimenta el escepticismo con el que juristas y activistas miran la nueva propuesta.
La novedad está menos en la figura jurídica que en el contexto político que la rodea. La captura de Maduro, la recomposición institucional posterior y la presión internacional convergen sobre un poder que necesita oxígeno y márgenes de gobernabilidad. Entre la narrativa oficial de reconciliación y la interpretación opositora de coerción externa, la ley aparece como pieza de negociación más que como punto de llegada.
El trámite parlamentario, la redacción final y —sobre todo— la lista real de beneficiarios marcarán si el anuncio abre un quiebre verificable o si se suma a la larga secuencia de promesas condicionadas que han acompañado cada intento de distensión en Venezuela. En un país donde las amnistías suelen naufragar entre tribunales y cálculos de poder, la cautela volvió a imponerse incluso antes de que el proyecto llegue al hemiciclo.
