By Petróleo clandestino, familia presidencial y una década de sanciones que no ha quebrado al régimen, pero revela su verdadera estructura.
Estados Unidos reabrió un frente que el régimen de Maduro creía clausurado: los tres sobrinos de Cilia Flores, pieza central de la red familiar del poder en Miraflores, volvieron a ser blanco de sanciones junto con un empresario panameño y seis navieras que transportan petróleo venezolano en rutas hacia Asia. La decisión –formalizada por el Departamento de Estado y ejecutada por el Tesoro– constituye la mayor acción coordinada contra el circuito económico que sostiene al régimen de Nicolás Maduro desde 2019.
El anuncio llega un día después de la incautación de un buque petrolero frente a la costa venezolana, un gesto que marca una escalada calculada en el pulso entre Washington y Caracas. En los documentos oficiales, el lenguaje es inequívoco: el gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de dirigir un “régimen narcoterrorista” y de utilizar el petróleo para financiar corrupción, represión y operaciones criminales hemisféricas.
Los sobrinos que volvieron al tablero
El expediente vuelve a colocar en primer plano a Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, condenados en Nueva York por narcotráfico en 2016 y indultados en 2022 bajo la administración de Joe Biden, como parte de un intercambio de prisioneros. Según el Departamento de Estado, ambos retomaron operaciones de tráfico de cocaína desde su retorno a Venezuela en 2025.
El tercer sancionado, Carlos Erik Malpica Flores, ex tesorero nacional y ex vicepresidente de PDVSA, había sido removido de la lista de sancionados en 2022 para facilitar negociaciones políticas que nunca prosperaron. Hoy, Estados Unidos lo redesigna y lo reintegra a la Lista de Nacionales Especialmente Designados.
La imagen oficial difundida por la DEA, ubicada en la página 2 del documento, recuerda el momento de la captura original: los sobrinos escoltados por agentes federales, un símbolo persistente del caso que durante años avergonzó a Miraflores.
La trama petrolera bajo asedio
El golpe financiero alcanza también al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, vinculado a contratos petroleros y societarios con la familia Maduro-Flores. OFAC lo acusa de facilitar envíos de crudo mediante empresas pantalla y buques registrados en terceros países, prácticas descritas como “engañosas e inseguras”.
Además, las compañías marítimas Myra Marine Limited, Arctic Voyager Incorporated, Poweroy Investment Limited y Sino Marine Services Limited quedan con sus activos congelados y excluidas del sistema financiero estadounidense. Los buques asociados, entre ellos White Crane, Kiara M, H. Constance y Lattafa, pasan a ser propiedad bloqueada. Las empresas sancionadas participaron en rutas diseñadas para evadir las restricciones aplicadas a PDVSA y sostener el flujo de ingresos del régimen.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, atribuye a la red de Maduro “inundar a Estados Unidos con drogas que envenenan al pueblo estadounidense” y enmarca la medida como una corrección del intento fallido de acercamiento diplomático de la administración Biden. La nueva política es inequívoca: restaurar presión máxima sobre el régimen venezolano y su estructura económica.
Con estas designaciones, la OFAC completa un mapa que incluye a Nicolás Maduro, Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra y los tres hijos de Flores. El Tesoro describe la acción como un paso más en el desmantelamiento de una “red familiar de corrupción, nepotismo y narcotráfico”, según se lee en la página 9 del documento.
De una condena inédita a un retorno vigilado
La decisión anunciada por Estados Unidos –que incluye la sanción simultánea de tres sobrinos de Cilia Flores, un empresario clave en el circuito petrolero venezolano y seis navieras que operan rutas de exportación hacia Asia– no es un movimiento aislado. Forma parte de un giro estructural en la política de Washington hacia Venezuela: el desmontaje de los alivios concedidos entre 2022 y 2023 y el retorno doctrinal a la presión financiera integral, la misma que redujo severamente los ingresos petroleros venezolanos en 2019.
El caso de los “narcosobrinos” no fue un episodio marginal. Durante el juicio de 2016, documentos federales expusieron: el uso de pasaportes diplomáticos; viajes regulares en aeronaves privadas del entorno de Miraflores; y grabaciones en las que los acusados aseguraban que podían operar sin interferencia por su cercanía al poder.
Estos elementos explican por qué Washington considera su regreso al narcotráfico como una amenaza directa a su seguridad nacional. El gesto político de Biden –liberarlos en 2022 para rescatar a los estadounidenses presos en Venezuela– generó fricciones internas en agencias federales que nunca recomendaron suavizar la presión. La medida había sido presentada por Juan González como un incentivo para reactivar el diálogo en México, quedó en evidencia que recibía financiamiento de deudores de PDVSA a quienes no beneficia un cambio de gobierno.
Por qué sancionar barcos es tan disruptivo
Las navieras señaladas por OFAC operan en jurisdicciones como Islas Marshall, Islas Vírgenes Británicas y el Reino Unido y siguen un patrón que se volvió característico tras las sanciones de 2019: registrar buques en paraísos regulatorios, cambiar repetidamente de bandera y apagar transpondedores AIS en zonas de transferencia de crudo.
El documento del Tesoro detalla que varios de estos buques utilizaron “prácticas de transporte engañosas”:
• Transferencias barco a barco en mar abierto,
• triangulación de rutas para ocultar origen del crudo,
• declaraciones falsas sobre destino final de cargamentos,
• utilización de empresas pantalla que cambian de nombre cada 12 a 18 meses.
La razón por la que Estados Unidos bloquea barcos específicos es sencilla: sin navieras dispuestas a mover el crudo, PDVSA pierde su único flujo de caja relevante. En 2019, una medida similar redujo las exportaciones venezolanas a menos de un tercio en seis meses.
Una pieza clave, Ramón Carretero
El empresario panameño Ramón Carretero Napolitano había pasado inadvertido durante años. Su perfil encaja con un patrón que OFAC ha documentado desde 2017: intermediarios no venezolanos que sirven de interfaz para contratos opacos, mezcla de crudos y colocación de cargamentos en Asia, principalmente en Singapur, Malasia y puertos secundarios en China.
Carretero Napolitano sirve como bisagra entre PDVSA y las navieras. Facilita contratos de flete y transporte; mezcla de crudos para alterar características técnicas; exportaciones hacia Asia mediante empresas vinculadas; negociación con corredores energéticos que operan fuera del radar occidental. Su función es crítica porque reduce el riesgo para PDVSA y permite que el crudo “reempaquetado” pierda su rastro de origen.
Carretero conecta directamente a la familia presidencial con operaciones petroleras internacionalizadas; afecta a redes de transporte que operan fuera del Caribe, ampliando el alcance geográfico de las sanciones; y señala una nueva capa de intermediarios que no había sido expuesta en sanciones previas.
Cómo operan las flotas petroleras sancionadas
Las sanciones anunciadas alcanzan a seis compañías navieras y a un intermediario clave. Aunque cada estructura presenta particularidades, todas comparten un mismo patrón operativo: ocultar el origen del crudo venezolano, transferirlo fuera de rutas tradicionales y monetizarlo a través de redes opacas. El objetivo último es sortear el cerco de OFAC, reconstituir ingresos para PDVSA y sostener alianzas políticas del régimen.
Empresas pantalla registradas en múltiples jurisdicciones
Las compañías mencionadas en el documento –Myra Marine Limited, Arctic Voyager Incorporated, Poweroy Investment Limited, Ready Great Limited, Sino Marine Services Limited, Full Happy Limited– están domiciliadas en Islas Marshall, Islas Vírgenes Británicas y Reino Unido, jurisdicciones donde la información societaria se protege y los beneficiarios finales quedan difuminados.
Estas entidades operan como “cascadas” que cambian de nombre y administración cada 12 a 24 meses.
Buques con historial de prácticas opacas
Los barcos identificados como propiedad bloqueada —White Crane, Kiara M, H. Constance, Lattafa, Tamia, Monique— participan en actividades que OFAC clasifica como prácticas de transporte engañoso:
- Apagado de transpondedores AIS en zonas estratégicas,
- cambios sucesivos de bandera,
- triangulación de puertos para borrar la trazabilidad del crudo,
- transferencias ship-to-ship en aguas internacionales.
La mecánica de exportación paralela
Fase 1: Carga en puertos venezolanos
El petróleo se embarca en Jose, Amuay o Cardón, pero los registros portuarios no coinciden con los manifiestos declarados internacionalmente.
Fase 2: Transferencias en mar abierto
Las operaciones ship-to-ship se realizan principalmente frente a costas venezolanas y de Trinidad, la frontera marítima con Guyana y el estrecho de Malaca para rutas asiáticas. Estas maniobras permiten “desvincular” el buque inicial de la cadena documental.
Fase 3: Venta con descuento profundo
El crudo venezolano se comercializa con descuentos del 30–40%, una rebaja necesaria para compensar el riesgo y atraer compradores. La diferencia -la prima de riesgo- se captura a través de operadores privados y redes de intermediación que manejan cuentas en Asia, el Golfo y América Latina.
Fase 4: Liquidez para el régimen
Los pagos rara vez llegan a PDVSA en cuentas oficiales. Fluyen hacia empresas mixtas controladas por grupos internos del chavismo, operadores de criptomonedas, importadores vinculados que entregan insumos para campañas políticas, represión interna o compras militares.
Las rutas sumergidas del petróleo invisible
En los mapas digitales de navegación, la noche del 14 de septiembre de 2025 tiene un hueco. Un vacío exacto de cuatro horas frente a la costa venezolana, una grieta luminosa que los satélites no registraron y que las agencias marítimas anotaron después con una frase tan seca como reveladora: “pérdida voluntaria de señal AIS”. Ese apagón, sin embargo, fue solo el primer gesto visible de una maquinaria que desde hace años opera en la penumbra, lejos de radares, en corredores marítimos donde el poder se mide en toneladas de crudo y en la capacidad de borrar su origen.
El barco –uno de los seis identificados por Estados Unidos en diciembre de 2025– había zarpado horas antes del puerto de Jose con una discreción coreografiada. Nadie en tierra lo fotografió. Nadie en la estatal PDVSA quiso dejar constancia de su salida. Solo un chofer que aquella tarde esperaba a un funcionario en la carretera notó algo extraño: “Los remolcadores hicieron menos ruido de lo normal”, diría luego, sin saber que esa frase describía el instante en que una operación millonaria comenzaba a respirar.
La embarcación llevaba un nombre inscrito en letras nuevas, reciente como un alias: Lattafa. Pero el casco, marcado por capas de pintura superpuestas, delataba una vida anterior, el rastro de identidades sucesivas. Ese es el signo de los barcos que sirven al circuito petrolero clandestino: mudan de nombre como quien cambia de pasaporte.
La primera fase siempre es silenciosa. Un remolcador lo acomoda mar adentro, mientras en los servidores de una oficina anónima en las Islas Marshall alguien registra un documento que fija o finge fijar el destino: Singapur, Qingdao, Fujairah. Son ciudades utilizadas no para llegar a ellas, sino para guiñar un origen limpio en las bases de datos globales.
Solo después de cruzar las treinta millas, la embarcación repite el ritual que la convierte en fantasma: apaga el transpondedor. La señal se disuelve y, con ella, la condición de nave regulada. Lo que ocurre en las siguientes diez o doce horas pertenece a la parte más opaca del negocio. A veces el buque reduce velocidad para esperar otro carguero; otras veces se dirige hacia un punto donde un barco gemelo aparece repentinamente en escena. La transferencia ship-to-ship, STS es coreografía y técnica: dos gigantes metálicos acercándose con precisión quirúrgica, balanceándose sobre la respiración lenta del mar, mientras mangueras del grosor de un torso humano trasladan miles de barriles de crudo.
Ese es el momento decisivo, el pequeño milagro contable. El petróleo que salió de Venezuela ya no pertenece, jurídicamente, al barco que lo recibió en el puerto. Cambió de dueño, de documentación, de destino y, sobre todo, de identidad. En la nueva partida de nacimiento, el crudo aparece como mezcla internacional, un producto “blended” en tránsito, ya no rastreable hasta su origen político.
A pocos kilómetros de allí, en una torre de oficinas en Panamá, un empresario –Ramón Carretero Napolitano, sancionado en diciembre por OFAC– revisa mensajes cifrados. Su rol es el de hombre bisagra: no toca el petróleo, no ve los barcos, no negocia en persona. Pero coordina contratos, registra empresas satélite, ajusta las tarifas del riesgo y mantiene un sistema de contabilidad paralelo que permite mover dinero sin que aparezca en los balances de PDVSA.
En otro punto del Caribe, satélites comerciales captan un movimiento circular en aguas internacionales. Los analistas lo llaman “danza de sombras”: barcos que se acercan, se separan, giran sobre sí mismos, se ocultan en tormentas. Lo que para el ojo humano es una imagen borrosa, para el Departamento del Tesoro es prueba suficiente: el petróleo venezolano está siendo blanqueado en una cadena de intermediarios que comienza en Miraflores y termina en tanques de refinado en Asia.
Cuando el Lattafa reaparece en el mapa, cuarenta y ocho horas después, la señal dice que viene vacío. Su destino nominal es Malasia. Nadie que observe la ruta sabrá nunca que el cargamento que transportó provino de un país sancionado, que su comprador pagó un descuento del 40% por asumir el riesgo, y que esa diferencia de precio alimentará en Venezuela un circuito político que se sostiene desde la economía sumergida.
La geografía no registra estas historias, pero los márgenes sí. El rastro más visible no está en los puertos ni en los manifiestos, sino en los lugares donde la economía formal se fractura. Allí, en el silencio de los mares, ocurre la verdadera exportación: no de petróleo, sino de poder.
Un régimen operado por círculos familiares
Con la inclusión de Malpica, Campo y los Flores de Freitas, la OFAC completa un mapa que aloja a Maduro, Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra, y los tres hijos de Flores. Para el Tesoro, la estructura de poder venezolana opera como un consorcio familiar donde cargos públicos, empresas mixtas y redes de contrabando se solapan. En la página 9 del documento oficial se afirma que la acción constituye un esfuerzo por desmontar “la red familiar de corrupción, nepotismo y narcotráfico”.
Las sanciones al sector naviero inciden directamente en el suministro de crudo subsidiado que Venezuela envía a Cuba y amenaza con profundizar una crisis energética que es la causa de protestas cada vez más frecuentes de la ciudadanía tanto rural como urbana. Expertos consultados por centros energéticos internacionales han advertido que la isla recibió en 2024 alrededor de 55.000 barriles diarios y que un tercio provenía de cargamentos opacos triangulados desde puertos venezolanos. Buena parte de esos cargamentos utilizaba buques similares a los sancionados.
Para el chavismo, el anuncio llega en un punto sensible. PDVSA atraviesa su peor nivel de producción desde la década de 1940; Los ingresos por exportación dependen de descuentos del 30–40% en ventas a Asia y el país encara un ciclo electoral con baja participación y legitimidad frágil.
La insistencia estadounidense en que Maduro lidera un “régimen narcoterrorista” abona la tesis de Washington de que no existe una distinción real entre economía, política y crimen organizado en Venezuela.
La nueva medida se ampara en tres órdenes ejecutivas: 13850 (sector petrolero), 13692 (ruptura democrática) y 14059 (crimen transnacional). Las tres permiten bloquear activos en cualquier jurisdicción que coopere con Estados Unidos; perseguir operaciones que involucren dólares, aunque se ejecuten fuera de territorio estadounidense; y sancionar empresas que actúen como sustitutas de las ya castigadas.
Tal arquitectura legal convirtió las sanciones contra Irán en una herramienta de máxima eficacia por más de una década.
La familia como Estado
Hay familias que ocupan el poder y familias que lo administran. El clan de Cilia Flores hace ambas cosas. Antes de que los uniformes militares y policiales, los tribunales y las empresas del Estado se reordenaran bajo el mando de Nicolás Maduro, existía un círculo íntimo que funcionaba como columna afectiva y estructura de confianza, una arquitectura doméstica que con el tiempo derivó en una red política con su propio sistema nervioso.
En la Venezuela de Maduro, el concepto de clan no es metáfora ni exageración. Es la estructura real de gobernanza. Los cargos se asignan por confianza y afinidad emocional, no por mérito. Las instituciones funcionan como prolongaciones de un proyecto doméstico. El país entero se gestiona como una administración familiar ampliada. Cada miembro cumple una función en un ecosistema que se mantiene unido por lealtad, miedo y acceso a rentas.
Los sobrinos, lejos de ser un accidente del poder, simbolizan una forma de gobernar que se sostiene en la proximidad, en la discreción y en la capacidad de operar fuera de la mirada pública. En ese sentido, la sanción contra ellos no es solo un golpe jurídico o diplomático: es un golpe simbólico al ADN del régimen, a la lógica misma que lo sostiene.
Esa red la conforman sus hijos, sus sobrinos y los funcionarios que crecieron bajo su tutela, más de cuarenta. En el núcleo más silencioso, el que opera sin cargo oficial, pero con acceso total, se encuentran Efraín Antonio Campo Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores. Los tres describen un modelo de poder familiar que se incrusta en el Estado y lo utiliza como plataforma para un proyecto político que exige absoluta lealtad y discreción operativa.
Los muchachos de la casa: Campo y Flores de Freitas
El relato oficial del chavismo intenta presentarlos como jóvenes sin influencia, arrastrados por tentaciones que nada tienen que ver con la política. Pero la realidad, constatada por documentos judiciales y testimonios de antiguos funcionarios, los sitúa en un lugar distinto: eran emisarios sin rango, operadores sin uniforme, corredores de favores que hablaban en nombre del poder más alto.
Crecieron bajo el ala de Cilia Flores, en espacios donde el Estado y la intimidad familiar se confundían. Allí aprendieron algo elemental: el poder no siempre reside en los cargos, sino en la cercanía. Y ellos tenían mucha.
No solían aparecer en fotografías oficiales. No daban declaraciones. Pero se movían con escoltas asignados, vehículos del parque estatal, y un acceso que solo poseen quienes pueden entrar sin anunciarse a los salones donde Maduro y Flores toman decisiones. Esa cercanía funcionaba como salvoconducto y como escudo. Quien los veía llegar entendía que no hablaban por sí mismos.
El caso que los llevó a un tribunal en Nueva York no fue un accidente. Fue la consecuencia inevitable de una dinámica donde el poder se ejerce sin límites formales. Al revisar las grabaciones del operativo en Haití, los agentes estadounidenses encontraron algo revelador: no se trataba de dos traficantes improvisados, sino de dos hombres que creían representar a una estructura mucho más grande que ellos mismos.
Lo decían sin pudor: “Podemos mover esa cantidad. Tenemos protección. Nadie nos toca”. Esa frase condensa la psicología del clan: la sensación de intocabilidad, la idea de que el poder cubre sus sombras.
Lo más importante ocurrió después. Cuando fueron condenados en 2016, el régimen no se distanció de ellos. Al contrario, los trató como piezas sacrificables pero necesarias, mártires involuntarios de una red familiar que debía ser preservada. Y cuando regresaron a Venezuela en 2022, indultados bajo un acuerdo político internacional, no volvieron como figuras caídas en desgracia, sino como hombres reintegrados discretamente al círculo que siempre los protegió.
El Departamento de Estado afirma que retomaron actividades ilícitas en 2025. El dato es plausible, pero lo esencial no es el delito en sí, sino la naturaleza del ecosistema que se los permite: un país donde la frontera entre Estado, familia y negocios es casi inexistente.
El arquitecto silencioso: Carlos Erik Malpica Flores
Si los “narcosobrinos” representan la dimensión impulsiva de la familia, Malpica es su cerebro financiero. No necesita exhibirse. Su poder es contable y sistémico: se manifiesta en los flujos de dinero, en la autorización de pagos, en la asignación de divisas y en la capacidad de inclinar una negociación multimillonaria con una sola firma. Malpica manejó los circuitos donde más se corrompió el país la compra de alimentos del programa CLAP; la importación opaca de combustible; los contratos puente para refinación; la colocación de deuda interna; y la apertura de empresas mixtas con socios escogidos por su lealtad, no por su solvencia.
Era el funcionario que sabía quién cobraba qué, quién debía recibir pagos y quién podía esperar. En un Estado hipertrofiado, actuaba como curador de la liquidez, una función tan poderosa que terminó despertando disputas palaciegas. Pero Cilia Flores siempre lo sostuvo. Y en un sistema donde la lealtad matriarcal supera a cualquier lógica burocrática, eso equivale a blindaje.
Que Estados Unidos lo retirara de la lista de sanciones en 2022 no significó que hubiera dejado de ser relevante. Significó, que Washington buscaba cándidamente facilitar un acuerdo político. El regreso de Malpica a la lista en 2025 revela que ahora para Estados Unidos, él no es un sobrino más: es la arteria financiera del régimen.
Giro estratégico de Washington
La sanción simultánea de tres sobrinos de Cilia Flores, un empresario clave en el circuito petrolero venezolano y seis navieras que operan buques fantasmas forma parte de un giro radical en la política de Washington hacia Venezuela: el desmontaje de los alivios concedidos entre 2022 y 2023 y el retorno doctrinal a la presión financiera integral, que redujo severamente los ingresos petroleros venezolanos en 2019.
Las sanciones no comenzaron como una estrategia integral. Al principio fueron advertencias, gestos aislados, respuestas a episodios que parecían desconectados entre sí. Pero el tiempo, y la persistencia del régimen venezolano en aferrarse al poder, fue trenzando movimientos dispersos hasta convertirlos en un cerco financiero que, aunque imperfecto, redibujó el mapa económico de Venezuela y obligó al país a reconfigurarse en la sombra.
Una década en la cuerda floja
I. 2015 / El primer indicio de una fractura
El 10 de noviembre de 2015, dos jóvenes llegaron al aeropuerto de Puerto Príncipe con pasaportes diplomáticos venezolanos. Esperaban cerrar un negocio que creían bajo control: transportar cientos de kilos de cocaína hacia Estados Unidos. En su imaginario, la protección política los hacía intocables.
La detención de los sobrinos de Cilia Flores no fue solo un golpe judicial: fue la primera filtración seria a nivel internacional del vínculo entre círculos familiares del régimen y redes ilícitas. Ese caso abrió una puerta que ya no se cerraría.
II. 2016 / El juicio que expuso la intimidad del poder
Cuando un jurado en Nueva York declaró culpables a los sobrinos, el régimen respondió con silencio y control del daño. Pero la imagen quedó grabada:
dos miembros del clan presidencial condenados en un tribunal extranjero, sin posibilidad de manipular el proceso.
Washington entendió que el chavismo no era solo un proyecto político autoritario, sino un sistema que utilizaba el Estado para proteger intereses privados y redes criminales.
III. 2017 / Las primeras capas del cerco
Este año, la administración estadounidense aplicó sanciones individuales a altos funcionarios, entre ellos Carlos Erik Malpica Flores, el encargado de manejar la caja negra del Estado. Por primera vez, un miembro estructural de la maquinaria financiera del régimen quedaba marcado como facilitador de corrupción. Venezuela entraba en una “zona gris”. Estaba aislada, pero con suficiente margen para operar gracias al petróleo.
IV. 2018 / El país de las importaciones fantasmas
Las sanciones no eran devastadoras, pero dejaban cicatrices. A medida que se estrechaba el acceso a divisas, aparecían nuevos intermediarios, nuevos socios, nuevos mecanismos para importar alimentos, gasolina o repuestos.
El régimen sobrevivía creando economías paralelas, con operadores que aprendían a moverse entre jurisdicciones, nombres falsos y empresas de fachada. Estados Unidos observaba y tomaba nota.
V. 2019 / El golpe estructural: PDVSA bloqueada
La Orden Ejecutiva 13850 marcó un punto de no retorno. Con PDVSA oficialmente bloqueada, la mayor fuente de divisas del país quedó cercada. Las sanciones no eran un disparo al aire: eran una cuña que fracturaba el sistema de financiamiento del Estado venezolano.
Las exportaciones cayeron abruptamente. Los barcos comenzaron a cambiar de bandera. Las ventas se triangularon con empresas desconocidas.
Y nació el modelo que definiría el resto de la década: el petróleo invisible, el crudo que sale sin identidad, mezclado, transferido en altamar, vendido con descuentos dramáticos y pagado a intermediarios privados.
VI. 2020 / El mapa del mercado negro se estabiliza
La pandemia global distrajo al mundo, pero no detuvo el flujo clandestino de petróleo. Las navieras que hoy figuran en la lista de sanciones (entre ellas Myra Marine Limited o Arctic Voyager) empezaron a consolidar rutas opacas.
Estados Unidos sancionó a empresas mexicanas y detectó el uso del petróleo como moneda para la diplomacia paralela del régimen. Venezuela sobrevivía a través de socios pequeños, discretos y prescindibles, una red que sabía esconderse de las sanciones, pero no podía reemplazar la magnitud del mercado perdido.
VII. 2021-2022 / El espejismo del alivio
Con la llegada de una nueva administración en Washington, se apostó a una estrategia diplomática: menos presión para conseguir concesiones democráticas.
Las negociaciones en México abrieron un compás de espera.
En octubre de 2022, Estados Unidos dio un gesto extraordinario: indultó a los narcosobrinos y retiró temporalmente de la lista a Malpica Flores. Una movida maestra de Juan Sebastián González, director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental, un infiltrado de los deudores de PDVSA en la administración Biden.
Nada cambió. El régimen tomó el beneficio sin ceder nada sustantivo. Las negociaciones se estancaron y, para 2023, el alivio ya era visto como un error táctico.
VIII. 2023-2024 / La consolidación del sistema clandestino
PDVSA seguía produciendo poco, pero el circuito de exportación ilegal se había perfeccionado. Barcos apagados en el Caribe, puertos secundarios en Asia, transferencias STS en puntos remotos… Todo sostenido por una constelación de operadores privados que cobraban caro el riesgo. Estados Unidos se replegó, observó y acumuló evidencia. La calma que precede la ofensiva.
IX. 2025 / Retorno a la presión total
La incautación de un buque frente a la costa venezolana fue la señal y al día siguiente Washington anunció la sanción simultánea los tres sobrinos de Cilia Flores, el empresario panameño Ramón Carretero, seis navieras y seis buques fueron declarados propiedad bloqueada.
Cierre del cerco que quedó abierto
El mensaje es claro: la década de sanciones no fue suficiente para quebrar al régimen, pero logró exponerlo y obligarlo a mutar. Venezuela no cayó. Tampoco se estabilizó. Se adaptó y creó un ecosistema económico clandestino que depende de opacidad, alianzas coyunturales y fidelidades compradas.
Las sanciones funcionaron como una presión constante, no como un arma terminal. Pero dejaron una verdad desnuda: el régimen sobrevivió no por fortaleza propia, sino por la capacidad de revivir antiguas prácticas ilícitas y vestirlas de diplomacia económica. Ahora, el tablero vuelve a moverse. Y lo que está en juego es la forma misma en que el poder venezolano se financia, se protege y se reproduce. Ahora, Washington intenta cerrar los espacios que antes dejó abiertos.
