By Excarcelaciones selectivas, tortura documentada y mandos cuestionados mantienen abierto el expediente contra el Estado
Cuando salió del penal no reconoció a su hija. Miraba alrededor desorientado. No supo decir cuánto tiempo había pasado detenido ni en qué ciudad estaba. Caminaba con pasos cortos y temerosos, como alguien que acaba de salir de un encierro prolongado. La familia lo había buscado durante meses. Nadie les informó dónde estaba recluido. Nadie explicó por qué salió así. Parecía haber envejecido décadas.
Los presos políticos excarcelados en Venezuela dan fe de secuelas físicas y mentales que no desaparecen con la liberación: pérdida de visión, infecciones sin tratar, piezas dentales fracturadas, ataques de pánico, temblores, insomnio persistente, lapsos de memoria. Las familias hablan de traslados nocturnos sin aviso, meses sin acceso a abogados, audiencias sin defensa privada, expedientes que no permiten consultar.
Las excarcelaciones parciales no han sido acompañadas de investigaciones públicas contra funcionarios señalados por tortura ni de procesos visibles contra superiores jerárquicos. Los detenidos siguen siendo usados como instrumento de negociación política mientras los cuerpos de seguridad y los tribunales que los procesaron operan sin cambios verificables.
María Corina Machado atribuyó el anuncio de una ley de amnistía a presiones de Estados Unidos. Afirmó que una liberación sin restitución plena de derechos no altera la estructura de persecución. En paralelo, organizaciones de derechos humanos subrayan que no existen listas oficiales de agentes investigados por abusos ni inspecciones a centros de reclusión.
Destaca, en particular, el nombramiento del general Gustavo González López como como de la Guardia de Honor Presidencial (Casa Militar) y jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Una pieza clave del aparato de seguridad del régimen chavismo. Está sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea violaciones a los derechos humanos documentadas en informes de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos.
Entrenado durante 1991 en Operaciones Psicológicas en la antigua Escuela de las Américas, fue comandante de la Milicia Bolivariana y presidente del Metro de Caracas y del Metro de Los Teques, dos compañías estatales. Entre 2015 y 2016 estuvo al frente del Ministerio de Relaciones, Justicia y Paz. Simultáneamente, desempeñó como director del SEBIN, cargo en el que continuó hasta 2018, y repitió desde abril de 2019 hasta octubre de 2024. Durante la presidencia de Delcy Rodríguez de PDVSA hasta enero de 2026 fue intendente de Asuntos estratégicos de PDVSA.
“La Tumba”: cámaras, calor y confesiones forzadas
En la sede del SEBIN en Plaza Venezuela, el general Miguel Rodríguez Torres y otros expertos en tortura blanca desarrollaron una celda de alta seguridad situada a 15 metros de profundidad. Sin luz natural ni ventilación externa, los presos son mantenidos en un entorno de luz artificial constante, y de manera intermitente frío glacial y calor extremo para desorientarlos psicológicamente.
El activista Lorent Saleh, que estuvo recluido 26 meses en “La Tumba”, ha señalado que el sitio lo utilizan para aniquilar la voluntad de los prisioneros mediante el aislamiento extremo.
Gerardo Carrero, también activista político que fue internado en ese conjunto de siete calabozos de un metro por un metro, equipados con micrófonos y cámaras permanentes, declaró que permanecía casi desnudo bajo temperaturas extremas, sin colchón ni cobija. La piel con los cambios extremos se le agrietaba. Sufrió cuarenta infecciones con pus y sangre. Nunca recibió atención médica, perdió varias piezas dentales y sufrió un deterioro progresivo de la visión.
Carrero contó que al llegar a “La Tumba” los sentaban frente a una cámara para grabar declaraciones contra dirigentes políticos bajo amenazas. Carrero que presenció la actuación directa de Gustavo González López en el recinto. A cada uno que llegaba, lo amenazaba para que hicieran delaciones contra la dirigencia política. Jugaban con la necesidad y con los sentimientos que cada uno de los prisioneros políticos.
El mensaje está en el cuerpo
Los relatos que emergen de La Tumba y Rodeo 1 y demás centros de torturas describen encierros de 23 horas diarias, celdas sin colchón ni luz natural, cámaras encendidas de forma permanente y condiciones degradantes. Un excarcelado contó que varios agentes lo inmovilizaron mientras le colocaban una bolsa en la cabeza hasta provocar asfixia. Otro relató meses sin contacto con la familia. Un ciudadano peruano liberado de una cárcel venezolana dijo que aquello “no eran prisiones, sino campos de concentración”.
Hay denuncias de que violencia sexual durante los interrogatorios forma parte del repertorio de métodos de coerción en varios centros.
En 2014 se registraron 3.383 detenciones por razones políticas y 138 casos documentados de tortura. Durante las protestas en 2017 contra la Asamblea Constituyente, las cifras oficiales reconocieron 127 muertos, mientras conteos independientes elevaron el número a 167. En julio de 2019, Foro Penal contabilizaba 989 presos políticos. Tras la elección presidencial de 2024, más de 850 personas seguían privadas de libertad por motivos políticos, según el mismo recuento.
La oficina de derechos humanos de la ONU documentó en 2019 ejecuciones extrajudiciales y patrones de abuso. La muerte bajo custodia del general Raúl Isaías Baduel en 2021 volvió a colocar bajo escrutinio internacional los centros de detención. Evaluaciones recientes de la Misión Internacional Independiente de la ONU indican que los crímenes no pertenecen al pasado: identifican repetición de métodos, cadenas de mando y sistemas judiciales cooptados que facilitan la continuidad de las prácticas.
Tribunales sin día y sin defensa
Los tribunales funcionan como una extensión del aparato de control: audiencias de madrugada, expedientes inaccesibles, imputaciones genéricas por terrorismo o incitación al odio, defensores públicos impuestos y ratificación automática de prisión preventiva.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha constatado que en las causas políticas no se respetan garantías básicas del debido proceso: derecho a defensa escogida, tiempo para preparar el caso, publicidad de audiencias, independencia judicial y revisión efectiva de la detención. Abogados describen audiencias colectivas, lecturas aceleradas de cargos y firmas en cadena de jueces y fiscales. Las actas aparecen días después, cuando el detenido ya fue trasladado.
Audiencias de presentación realizadas de madrugada, imputaciones genéricas, expedientes inaccesibles durante días, defensores públicos designados sin consulta previa y jueces que ratifican medidas privativas de libertad sin debate probatorio.
Las ONG han documentado procesos en los que imputaciones por terrorismo, conspiración o incitación al odio se aplican a manifestantes, dirigentes comunitarios o usuarios de redes sociales, con base en mensajes privados o publicaciones críticas al poder. En algunos de esos expedientes se han impuesto condenas de décadas de prisión, sin pruebas de actos violentos.
Existe detención en los cuerpos de inteligencia y represión: incomunicación inicial, traslado tardío al tribunal, audiencia colectiva con varios imputados, lectura acelerada de cargos, imposibilidad de hablar en privado con el abogado y ratificación automática de prisión preventiva. Las actas se conocen días después, cuando el procesado ya ha sido trasladado a un centro remoto.
En causas sensibles no se permite la presencia de abogados privados, y que defensores públicos forman parte de una “troika” procesal junto a fiscales y jueces: las tres firmas que sellan la detención sin contradicción real. Un sistema judicial que no opera como contrapeso, sino como engranaje.
La familia vive un circuito tan devastador como la prisión misma. No saber en qué tribunal está la causa. No poder hablar con el juez. Recibir una boleta de traslado sin explicación. Descubrir semanas después de la audiencia que se dictó prisión preventiva indefinida. Enterarse de una condena sin haber podido presentar testigos. Otro corredor del laberinto calabozos y tribunales.
El caso Mestica: condenados sin defensa privada
“Mi nombre es Tamara Mestica, esto es una denuncia pública”, así comienza el video difundido en las redes sociales que acusa al sistema judicial venezolano de haber condenados delitos a 25 años de prisión a sus hermanos Natalia y Guillermo Mestica, ciudadanos chilenos,
Ambos se presentaron voluntariamente ante las autoridades y fueron exhibidos como culpables desde el inicio y privados de abogados privados. Les impusieron defensores públicos y les negaron acceso pleno al expediente. La sentencia se sostiene casi por completo en una presunta confesión obtenida bajo custodia sin asistencia legal.
Los tienen recluidos sin luz solar, sin atención médica adecuada y con visitas restringidas a quince minutos a través de una ventana. Exigió la nulidad del fallo y un nuevo juicio público con garantías procesales.
Sin justicia en casa ni en la calle
En Venezuela no ha habido procesos judiciales públicos a responsables de alto nivel por tortura o detenciones arbitrarias. No hay informes oficiales públicos sobre investigaciones a funcionarios de inteligencia. No hay comisiones de verdad. Los tribunales que tramitan estos casos carecen de independencia, son obedientes a las órdenes del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia en Paz.
Ante la ausencia de cualquier vía doméstica para conseguir justicia, los familiares de los presos tropiezan con la lentitud de los organismos internacionales
Las liberaciones que comenzaron después de la captura de Nicolás Maduro en su escondite en Fuerte Tiuna, las liberaciones han aliviado dramas inmediatos, pero no alteran la estructura que castiga. Los mismos cuerpos de seguridad siguen activos. Los mismos centros permanecen operativos. Los mismos jueces firman órdenes. Delcy Rodríguez ni siquiera ha anunciado su reestructuración y nombra como jefe de su Casa Militar a un general a un general sancionado por violaciones de los derechos humanos.
Negar la realidad, un modo de gobernar
El régimen chavista rechaza la categoría de presos políticos. Desde la primera detención de un político de la oposición, implantaron la consigna como un sello permanente: No son presos políticos, son políticos presos porque han cometido delitos. Es lucha contra la criminalidad ordinaria, no persecución política; aplicación de leyes de la República, no represión. La realidad refleja detenciones arbitrarias, tortura y ausencia de debido proceso.
En las carreteras y vías principales, desde que Delcy Rodríguez asumió la jefatura del Estado, además de las caravanas motorizadas de los colectivos armados se han instalado alcabalas militares o policiales con pocos kilómetros de distancia que implican interrogatorios repetidos, requisas de teléfonos, amenazas de cárcel, extorsión.
El derecho internacional en el papel
La Convención contra la Tortura prohíbe el aislamiento prolongado, la privación deliberada de atención médica, la exposición a condiciones físicas extremas y la coacción para obtener declaraciones. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional va más lejos: tipifica como crímenes de lesa humanidad la tortura, encarcelación arbitraria y persecución política cuando forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y responden a una política estatal u organizacional.
Los relatos de La Tumba, El Rodeo y los retenes militares apuntan en esa dirección: prácticas similares en distintos espacios, bajo distintas unidades, con un mismo objetivo operativo intimidar, castigar, extraer confesiones, neutralizar disidencia, pero el fiscal de la Corte Suprema de Justicia “confía” en que los tribunales venezolanos podrán aplicar la justicia con independencia, sobriedad y celeridad.
La cadena de mando
En redes sociales circulan gráficos que señalan la red de mandos de cuerpos de seguridad y militares, vinculados políticamente a figuras del poder central. Circulan mundialmente, pero no se les presta atención. Se consideran piezas de activismo, no documentos judiciales, porque no incluyen órdenes escritas, expedientes ni resoluciones.
Sin embargo, aparece una pregunta inevitable en cualquier investigación penal: ¿quién diseñó los protocolos?, ¿quién supervisó los centros de detención?, ¿quién evaluó los interrogatorios?, ¿quién autorizó las condiciones de reclusión?, ¿qué ministros recibieron reportes?
El derecho penal internacional no se detiene en el guardia que cierra una puerta, saben que la responsabilidad es de los superiores, que ordenaron o que conociendo las actuaciones no impidieron ni sancionaron.
Libres, pero culpables de hecho
El ejecutivo excarcela a cuentagotas, y los familiares celebran, pero salir de prisión no equivale a restitución de derechos. El proceso continúa, la sentencia sigue firme, solo son medidas sustitutivas. El grillo mental o electrónico no desaparece. Reclaman atención médica, evaluación psicológica, restitución de derechos políticos, investigación judicial y reparación económica.
En la última semana se han excarcelados presos políticos, pero en las cárceles quedan más de 600, cifra a la que habría que agregar las nuevas detenciones derivadas de la entrada en vigor del Decreto de Conmoción Exterior.
La CPI observa en silencio y de brazos cruzados
En derecho internacional, las medidas sustitutivas de la privación de libertad ni las amnistías generales condonan los crímenes de lesa humanidad. Tampoco cancelan la obligación de investigar. El expediente en La Haya sigue abierto, el expediente crece, pero las resoluciones no llegan. Hasta ahora no ha anunciado imputaciones individuales.
Mientras tanto, exmagistrados, académicos y dirigentes opositores sostienen que una eventual transición democrática debería incluir justicia transicional basada en verdad, responsabilidades individuales y devolución de fondos públicos desviados.
Por ahora, las celdas vacías no cierran los archivos. Los testimonios siguen ahí. Las investigaciones también. No hay cierre sin rendición de cuentas.
Las liberaciones parciales de detenidos en Venezuela se producen en medio de una presión militar y diplomática inédita y de un expediente penal internacional que sigue activo en La Haya. La oposición sostiene que
La existencia de presos políticos y su uso todavía como ficha de negociación implica que la estructura represiva no ha sido desmontada. Ni hay procesos conocidos contra responsables de centros de detención o contra superiores jerárquicos.
María Corina Machado ha descrito las excarcelaciones como concesiones forzadas por presión estadounidense y no como una decisión autónoma del poder.
Amnistía y negociación: excarcelar sin desmontar
En paralelo, la amnistía anunciada por el interinato de Rodríguez es considerada como parte de una negociación política más amplia, no como un viraje institucional. Aunque sea general e inmediata, no desparecerá las imágenes de las madres que recorrieron tribunales y morgues sin respuestas y estuvieron meses sin saber si el detenido estaba vivo; el dolor de los niños que crecieron sin padres, lo que sintieron los abogados amenazados y las familias que vendieron la casa para pagar sobornos; las prohibiciones de declarar, de salir del país, de militar políticamente; citaciones constantes; vigilancia; llamadas nocturnas.
Mientras no haya identificación de responsables, procesos penales internos, reparación a las víctimas, ni reforma verificable de los servicios de inteligencia y represión, el mensaje es inequívoco: las liberaciones alivian una celda transitoriamente, pero no detienen la maquinaria.
Archivo en vida
No sabe dónde está ni recuerda por cuantos centros detención de los organismos de seguridad pasó. Ninguno de los traslados fue notificado a los abogados. Las visitas estuvieron restringidas o suspendidas largos períodos. No se permitió peritaje médico independiente mientras permanecía preso.
Cuando fue excarcelado, su estado físico y mental alarmaba. Tenía pérdida visible de peso y lesiones cutáneas mal cicatrizadas. No podía reconstruir con claridad los días de la semana. Se perdía dentro de su propia casa. Confundía nombres. Repetía preguntas y se dificultaba dormir. La familia documentó esos cambios con fotografías y videos
Los abogados solicitaron evaluaciones clínicas privadas. Los informes preliminares describen desorientación ansiedad severa, episodios de pánico y deterioro cognitivo no registrados antes de la detención en historias médicas previas aportadas por los familiares. Los especialistas recomendaron tratamiento psiquiátrico inmediato y estudios neurológicos.
Ese cuadro coincide con patrones descritos en protocolos forenses internacionales para la evaluación de tortura, como el Protocolo de Estambul: afectaciones cognitivas, trastornos de memoria, hipervigilancia, colapso emocional, síntomas compatibles con aislamiento prolongado, estrés extremo o privación sensorial. No prueba por sí mismo un método específico, pero activa una obligación estatal: explicar qué ocurrió durante la custodia.
La defensa pidió acceso completo al expediente penitenciario: registros de ingreso y salida, bitácoras médicas, reportes diarios, nombres de custodios, responsables del pabellón, jefes del centro de detención, jueces que prorrogaron la privación de libertad y fiscales que la solicitaron. No han recibido nada
Tampoco se ha informado públicamente si se abrió alguna investigación interna por el deterioro del detenido durante su reclusión. No hay constancia de sumarios disciplinarios contra custodios. No hay anuncios oficiales sobre auditorías médicas en los centros donde estuvo recluido.
Para la familia, la excarcelación no cerró el proceso. La casa se convirtió en un espacio de vigilancia médica improvisada. Medicamentos, consultas privadas, terapias. Un hijo dejó su trabajo para acompañarlo. Una nieta duerme en una silla cerca de su cama por temor a que se desoriente durante la noche. El hombre no recuerda con precisión los interrogatorios. Recuerda la oscuridad prolongada y la sensación de no saber si volvería a ver a nadie.
Los abogados evalúan llevar el caso a instancias internacionales. Buscan preservar pruebas clínicas, líneas de tiempo, fotografías, recetas médicas, grabaciones familiares. Saben que el peso no está en la indignación, sino en la trazabilidad: quién lo tuvo bajo custodia cada día, qué médico lo examinó, qué juez firmó, qué fiscal pidió prórrogas, qué cadena administrativa permitió que un hombre de más de setenta años saliera en ese estado.
No es una estadística. Es un archivo vivo. Cada síntoma abre una pregunta institucional. Cada vacío documental es una pista. Cada firma ausente pesa tanto como una orden escrita.
Ese es el punto de partida del expediente venezolano: personas que salen de prisión con daños visibles y sin explicación oficial. Cuerpos que obligan a reconstruir el recorrido completo del poder sobre ellos. No para conmover, sino para determinar responsabilidades y que no ocurra nunca más.
