By Las llamadas “excarcelaciones” anunciadas por el poder no restituyen derechos ni cierran causas: reconfiguran el cautiverio, administran el miedo y simulan normalidad mientras la represión sigue intacta
Las “excarcelaciones” anunciadas por el régimen no restituyen derechos ni corrigen detenciones arbitrarias. Mantienen el control penal, documentan un patrón represivo y profundizan la responsabilidad internacional del Estado. No hubo liberaciones, sino una reconfiguración del cautiverio. Las excarcelaciones selectivas y sin plenas garantías mantienen el control autoritario de la sociedad y confirman el uso de la justicia como instrumento de poder. Los liberados no pueden hablar de su caso y les imponen una variedad de restricciones.
El 25 de diciembre, el régimen de Nicolás Maduro difundió un comunicado oficial anunciando la “excarcelación” de 99 ciudadanos detenidos tras las protestas poselectorales del 28 de julio. El texto fue presentado como un gesto de paz, diálogo y respeto a los derechos humanos. Leído con atención y contrastado con los hechos, el anuncio no describe una rectificación del abuso estatal, sino una operación política cuidadosamente diseñada para administrar el cautiverio, simular normalidad institucional y reducir costos externos, sin desmontar en absoluto la estructura represiva que originó las detenciones.
No hubo liberaciones. Lo que hubo fue una reconfiguración del control, diseñada para prolongar el sometimiento sin asumir el costo político del encierro masivo.
Las personas incluidas en el anuncio no recuperaron la libertad plena. En la mayoría de los casos fueron excarceladas bajo medidas cautelares severas, con procesos penales abiertos, obligaciones periódicas ante tribunales, restricciones de movilidad, limitaciones para comunicarse públicamente y vigilancia directa o indirecta por parte de los cuerpos de seguridad. Algunos permanecen sometidos a grilletes electrónicos. Jurídicamente, siguen siendo imputados. Políticamente, siguen siendo rehenes.
El comunicado intenta legitimar las detenciones calificándolas como respuesta a “hechos de violencia e incitación al odio” orientados a desconocer la voluntad soberana del pueblo. Esa formulación no es un exceso retórico: es el núcleo de la operación. Esa formulación no es un error semántico: es una construcción deliberada. Protestar no es violencia. Disentir no es odio. Defender el voto expresado el 28 de julio no constituye delito alguno. La voluntad popular fue desconocida por el propio régimen al desconocer el resultado electoral, no por los ciudadanos que salieron a exigir su respeto. Criminalizar esa defensa es invertir los hechos para justificar la represión.
La referencia a la “evaluación caso por caso” es especialmente reveladora. El Estado admite que encarceló primero y evaluó después. Admitió, sin decirlo, que privó de libertad a personas sin debido proceso, que las mantuvo detenidas como fichas políticas y que decidió liberarlas parcialmente cuando el costo político y diplomático se volvió insostenible. No hubo investigación imparcial, ni revisión judicial independiente, ni reparación del daño causado. Hubo administración selectiva del miedo.
En ese punto, la denuncia política adquiere espesor factual. María Corina Machado lo señaló con precisión: excarcelar a inocentes no construye paz cuando esos inocentes nunca debieron ser encarcelados. La paz no nace de gestos parciales ni de liberaciones condicionadas, sino del cese de la persecución, del fin del secuestro institucional, del respeto a los derechos fundamentales. Todo lo demás es propaganda.
El presidente electo Edmundo González fue aún más directo al describir el mecanismo: en Venezuela la libertad se administra, la dignidad humana se usa como moneda y las personas se convierten en instrumentos. Las excarcelaciones selectivas no restablecen derechos; disciplinan a la sociedad. Transmiten un mensaje inequívoco: el poder decide quién camina libre, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones. Hoy sales, mañana puedes volver a entrar.
A ese diagnóstico político se suma la verificación independiente. El respaldo de las organizaciones de derechos humanos desmonta definitivamente la narrativa oficial. Justicia, Encuentro y Perdón informó que hasta ahora solo ha podido verificar aproximadamente la mitad de los 99 casos anunciados. En múltiples situaciones, las excarcelaciones se produjeron bajo prohibiciones explícitas de declarar públicamente, lo que impide la confirmación independiente. No hay listas completas, no hay criterios claros, no hay transparencia. Lo que hay es opacidad deliberada, una constante del sistema represivo venezolano.
Mientras el régimen exhibe estas excarcelaciones como trofeos políticos, cientos de presos políticos permanecen detenidos, muchos en condiciones que configuran tratos crueles, inhumanos o degradantes. Existen denuncias consistentes de amenazas, intimidación bajo custodia y presión psicológica permanente. El anuncio del 25 de diciembre no marca un quiebre en esa política: la confirma. Es la lógica de las puertas giratorias: liberar a unos para justificar la continuidad del encierro de otros.
Nada de esto ocurre en el vacío. Este episodio no puede leerse como un gesto aislado. Forma parte de una estrategia conocida: lavado de imagen internacional, uso instrumental de personas detenidas, y simulación de institucionalidad jurídica. El régimen no corrigió una injusticia. La reempacó. Sustituyó la cárcel visible por el control extendido, el encierro físico por la amenaza permanente.
No hubo clemencia. No hubo justicia. No hubo rectificación. Hubo una puesta en escena construida sobre vidas suspendidas, familias marcadas y derechos convertidos en concesiones.
Este patrón no se agota en el plano interno. Tiene consecuencias directas en el ámbito de la justicia internacional. La Corte Penal Internacional, los mecanismos de Naciones Unidas y los sistemas regionales de protección de derechos humanos no evalúan gestos políticos ni comunicados de ocasión: evalúan conductas estatales sostenidas en el tiempo. Las detenciones arbitrarias, seguidas de excarcelaciones condicionadas y selectivas, no interrumpen el patrón represivo. Lo confirman y lo documentan.
Desde la perspectiva de la CPI, estas prácticas refuerzan la caracterización de un ataque sistemático contra la población civil, ejecutado mediante el uso del aparato judicial y penitenciario como instrumentos de persecución. La cadena de responsabilidad no se diluye con excarcelaciones parciales: se individualiza. Jueces que validan imputaciones sin sustento, fiscales que sostienen causas fabricadas y funcionarios que administran castigos y liberaciones discrecionales forman parte del mismo engranaje represivo.
En el ámbito de Naciones Unidas, este episodio añade un nuevo elemento probatorio a los informes ya existentes sobre Venezuela: la admisión implícita de que el Estado se arroga la facultad de encarcelar arbitrariamente y liberar de forma discrecional, sin reparación, sin restitución de derechos y sin garantías de no repetición. Esa discrecionalidad es incompatible con cualquier noción mínima de Estado de derecho.
La justicia internacional no está llamada a convalidar simulaciones. Está llamada a establecer responsabilidades. Y en este caso, las llamadas excarcelaciones no alivian el expediente venezolano: lo profundizan.
Mientras no haya libertad plena, cierre de causas, restitución de derechos y garantías reales, cada anuncio de “excarcelación” seguirá siendo lo que fue este: una maniobra política sobre cuerpos inocentes.
Y eso no es gobernar. Es administrar el miedo.
