By En nombre del pueblo venezolano, que sufre incesantemente bajo un régimen que ha demostrado un desprecio absoluto por los derechos humanos y la dignidad humana, el Consejo Directivo de la Fundación Arcadia (Arcadia Foundation) emite este comunicado para exigir una acción inmediata y decisiva de la Corte Penal Internacional. El pueblo venezolano, en su lucha desesperada por la libertad, muere esperando. La justicia tardía no es justicia, y cada día de inacción representa una mancha en la conciencia de la comunidad internacional y una burla a los principios fundamentales de derechos humanos.
Desde que Nicolás Maduro asumió el poder, Venezuela ha descendido a una espiral de opresión y sufrimiento. La represión política, la tortura sistemática y las desapariciones forzadas se han convertido en herramientas comunes para silenciar a los disidentes. La manipulación electoral y el uso desvergonzado de los recursos del Estado para perpetuar el poder han socavado cualquier apariencia de democracia. Mientras tanto, la crisis humanitaria, exacerbada por la corrupción más grande jamás registrada en el continente americano, ha dejado al país en ruinas, con millones de ciudadanos obligados a huir de su tierra natal en busca de seguridad y sustento.
Exigencia de Acción Urgente por la CPI
1. Responsabilidad por Crímenes de Lesa Humanidad:
Las evidencias consignadas ante la CPI son claras y abrumadoras: el régimen de Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinatos, encarcelamientos arbitrarios, torturas, y otras violaciones atroces de derechos humanos, y continúa perpetrándolos hoy en día con total impunidad. Estos actos constituyen una violación flagrante del derecho internacional, específicamente del Estatuto de Roma, al cual la CPI está vinculada. Las víctimas de estos crímenes y sus familias merecen justicia y reparación inmediata. La inacción de la CPI no solo traiciona a las víctimas, sino que también debilita la credibilidad y la autoridad de la propia corte. Esta inacción permite que el régimen persista en sus atrocidades, perpetuando el sufrimiento del pueblo venezolano y enviando un mensaje de tolerancia hacia la impunidad a nivel global.
2. Inacción y sus consecuencias:
La inacción de la CPI frente a estos crímenes continuados no solo socava su autoridad como tribunal internacional, sino que también permite al régimen actuar con impunidad. Cada día que pasa sin una respuesta adecuada es un día más de sufrimiento para el pueblo venezolano. Las víctimas no pueden permitirse esperar mientras sus verdugos continúan operando sin restricciones. La inacción de la CPI se interpreta como una complicidad tácita que perpetúa la opresión y el sufrimiento.
Argumentos Jurídicos y Morales
1. Obligatoriedad de la CPI:
La Corte Penal Internacional, bajo el Estatuto de Roma, tiene la obligación de actuar cuando los Estados son incapaces o no están dispuestos a juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. En el caso de Venezuela, el sistema judicial está claramente comprometido, actuando como una extensión del régimen en lugar de un defensor de la justicia. Esta realidad exige la intervención inmediata de la CPI para restaurar la esperanza de justicia para las víctimas. La CPI debe cumplir su mandato de ser un tribunal de último recurso que actúe donde los sistemas nacionales han fallado.
2. El principio de justicia universal:
La CPI fue establecida para garantizar que los crímenes más atroces no queden impunes. El principio de justicia universal implica que la justicia debe ser rápida y efectiva, para no perder su efecto disuasorio y su significado moral. Retrasar la acción es traicionar el espíritu mismo de la justicia internacional. La impunidad de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela es una amenaza no solo para el pueblo venezolano, sino para toda la humanidad, ya que socava el orden jurídico internacional.
3. La cadena de mando y la responsabilidad:
La Fundación Arcadia exige que la CPI emita órdenes de captura inmediatas contra la cadena de mando del régimen de Maduro. Los líderes deben ser responsabilizados por las atrocidades cometidas bajo su supervisión. Esta cadena de mando incluye no solo a Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Delcy Eloína Rodríguez Gómez y Jorge Jesús Rodríguez Gómez, sino también a aquellos en el poder judicial, militar y de seguridad que han facilitado estos crímenes. La justicia no puede ser selectiva; debe ser completa e imparcial. La CPI tiene el deber de asegurar que los perpetradores de crímenes internacionales respondan por sus actos ante un tribunal justo y competente.
Llamado a la Comunidad Internacional
1. Solidaridad y presión internacional:
Instamos a los gobiernos democráticos de todo el mundo a que muestren solidaridad con el pueblo venezolano. Esto no es solo un asunto regional; es un asunto de derechos humanos que afecta a toda la humanidad. Los líderes democráticos mundiales deben ejercer presión sobre la CPI para que cumpla con su mandato y sobre el régimen de Maduro para que cese sus violaciones de derechos humanos. La comunidad internacional debe unirse en su condena al régimen y en su apoyo a los esfuerzos de justicia y reparación para el pueblo venezolano.
2. Asistencia Humanitaria y Refugio:
Hacemos también un llamado a la comunidad internacional para que proporcione asistencia humanitaria a los millones de venezolanos desplazados y en necesidad dentro y fuera del país. Los refugiados venezolanos necesitan apoyo y protección, y la comunidad internacional tiene el deber moral de responder. Los esfuerzos humanitarios deben ser acompañados por un compromiso firme para resolver las causas subyacentes de la crisis, promoviendo una solución política que respete la voluntad del pueblo venezolano.
Conclusión
La historia juzgará a quienes eligieron no actuar en este momento crítico. La CPI tiene una oportunidad y una obligación de hacer justicia por el pueblo venezolano, de afirmar su compromiso con los derechos humanos y de demostrar que la impunidad no prevalecerá. No es solo un llamado a la acción; es un llamado a cumplir con los principios más básicos de humanidad y justicia.
La CPI debe recordar que su legitimidad y efectividad dependen de su capacidad para actuar con decisión y rapidez ante las atrocidades. El pueblo venezolano clama por justicia. No dejemos que sus voces sean ignoradas.
Arcadia Foundation, comprometida con la dignidad y la justicia para Venezuela.
Robert Carmona: Borjas CEO – Cofundador / Flor María Ávila Hernández: Directora de DDHH para las Américas
