By En su informe más reciente, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas afirma que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana han cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década.
Mediante un análisis detallado de las estructuras internas, jerárquicas y operativas de la GNB, señala que funcionarios suboficiales y oficiales del componente de las FANB, perpetraron y contribuyeron de manera directa a privaciones arbitrarias de la vida (asesinatos?, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual y de género, tanto durante operativos de control de protestas como en acciones de persecución política selectiva.
Subraya que la persistencia de los abusos se ha visto facilitada por un entorno prolongado de impunidad. “Los hechos documentados muestran la participación activa de la GNB en un patrón de represión sistemática y coordinada contra personas opositoras o percibidas como tales, que se ha mantenido durante más de una década,” afirmó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos.
El informe señala que la doctrina de “seguridad nacional” del socialismo del siglo XXI ha fusionado funciones militares y policiales al legitimar la militarización de la seguridad ciudadana y ampliar las funciones de la GNB en actuaciones orientadas al control social y la represión interna.
La cadena de mando altamente centralizada –bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la FANB – ha facilitado la comisión de acciones ilícitas sin mecanismos internos efectivos de control o rendición de cuentas.
En los picos de protesta de 2014, 2017, 2019 y 2024, la GNB usó la fuerza de manera desproporcionada empleando armas letales y menos letales disparadas de forma indebida.
La Misión supone con motivos razonables que funcionarios de la GNB dispararon armas de fuego de manera indiscriminada y directamente a zonas vitales de los ciudadanos que protestaban. Además, la Misión fue informada de la modificación de los proyectiles para causar mayor daño.
Violencia sexual y tortura
El informe documenta detenciones arbitrarias masivas y selectivas, violencia física en los arrestos, siembra de evidencia, torturas y malos tratos, incluso violencia sexual y de género en las instalaciones de la GNB utilizadas como centros de detención.
“Las torturas, malos tratos y actos de violencia sexual que hemos verificado –incluyendo agresiones y violaciones – no fueron incidentes aislados. Forman parte de un patrón de abuso utilizado para castigar y doblegar a las víctimas,” señaló Valiñas.
Se constató que la GNB fue un actor central en la comisión del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos. La GNB ejecutó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos en 2019 y 2020. También, tras las elecciones de 2024, tuvo un papel participativo y protagónico en la “Operación Tun Tun” destinada a la captura y criminalización de personas opositoras mediante acusaciones infundadas de terrorismo o incitación al odio.
El informe identifica un patrón de impunidad estructural facilitado por sistema judicial venezolano por su incapacidad o falta de voluntad para investigar o procesar las violaciones cometidas por la GNB. No hay debido proceso, sino investigaciones sin avances, paralización procesal prolongada, manipulación de evidencia, obstrucción deliberada por parte de la GNB y concentración de sanciones en personal de bajo rango. Los oficiales son intocables.
La Misión declara que existen motivos para señalar que funcionarios de la GNB, así como altos mandos militares y políticos, son penalmente responsables en virtud de los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma, tanto como autores y coautores directos o indirectos como por responsabilidad de mando.
“Los funcionarios de la GNB han realizado contribuciones esenciales en los delitos investigados entre los que se incluyen: detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, violencia de género y persecución. La persistencia de estos crímenes y la ausencia de justicia adecuada requieren una respuesta contundente de los mecanismos nacionales e internacionales de rendición de cuentas,” subrayó Valiñas.
