La frontera entre fe y política

¿Europa empieza a entender que el conflicto con el islamismo no es de fe, sino de poder?

Ramón Hernández / El Nacional

La separación entre religión y poder político es un arreglo histórico que Europa construyó tras siglos de guerras religiosas, reformas y revoluciones. La idea de que la fe pertenece al ámbito privado y el Estado al espacio común fue una conquista lenta, incompleta y siempre discutida.

Sin embargo, terminó por convertirse en uno de los pilares de la modernidad liberal: la ley civil por encima de la autoridad religiosa, el ciudadano antes que el creyente. Una arquitectura institucional que explica una parte de la dificultad europea para interpretar fenómenos contemporáneos que no reconocen tal frontera.

Cuando un movimiento político habla el lenguaje de la religión, muchas democracias tienden a tratarlo como un asunto de libertad de culto. El problema aparece cuando esa expresión religiosa no busca coexistir dentro del marco legal, sino redefinirlo. En ese punto no se discute espiritualidad ni diversidad cultural, sino poder.

El islamismo, un producto del siglo XX

El islamismo no es una continuidad automática del islam como fe, ni una corriente teológica antigua trasladada al presente. Es un producto político del siglo XX, nacido en un contexto del derrumbe del Imperio Otomano, el avance del colonialismo europeo y la sensación de decadencia de las sociedades musulmanas en comparación con la modernidad occidental. Frente a esa percepción de derrota, concluyeron que la debilidad no era militar ni económica, sino moral y política. Por tanto, la respuesta no debía ser solo religiosa, sino institucional.

Hasan al-Banna, fundador de los Hermanos Musulmanes en Egipto, formuló en 1928 la idea con claridad: el islam no debía limitarse a la oración o a la vida privada, sino organizar la totalidad de la sociedad. Más tarde, Abul Ala Mawdudi y Sayyid Qutb construyeron de esa intuición un cuerpo ideológico moderno. No planteaban convertir individuos, sino transformar estructuras. El Estado debía expresar la ley divina; y la política convertirse en el instrumento para alcanzar ese objetivo.

En el debate público, esta diferencia central suele perderse. Toda religión propone una forma de vida; el islamismo propone un orden político. El creyente busca la salvación personal; el militante islamista busca que la ley refleje la voluntad de Dios.

La disputa se traslada del interior de la conciencia al terreno de la legislación, la educación, la organización de la familia y la autoridad del Estado. El islamismo funciona más como ideología que como experiencia religiosa.

Igual que otras ideologías modernas, el islamismo parte de un diagnóstico –“la sociedad se ha desviado del camino correcto”–, propone un programa político –la reorganización de la comunidad bajo una ley considerada superior– y define estrategias para alcanzar el poder mediante participación electoral, la presión social o, en sus formas más extremas, violencia. La fe religiosa opera como fuente de legitimación y movilización, pero el objetivo es terrenal: establecer un orden social que siga las leyes de Dios.

Democracias y libertad religiosa

Cuando la versión más política del islamismo entra en contacto con democracias liberales, aparecen zonas de ambigüedad. Los Estados occidentales están diseñados para proteger la libertad religiosa, no para arbitrar conflictos entre proyectos políticos que invocan fundamentos divinos o teológicos. Esa contradicción ha permitido que las discusiones públicas se desplacen hacia el terreno equivocado.

En ocasiones, lo que se presenta como un conflicto cultural o identitario es una disputa sobre la definición misma de la autoridad política y los límites de la ley civil. Aquí comienza el verdadero debate contemporáneo.

No se trata de aceptar o rechazar una religión, ni de reducir la cuestión a migración o integración. Sino cómo debe responder una democracia cuando un movimiento utiliza el lenguaje religioso para intervenir en la esfera del poder. Entender la diferencia entre fe y proyecto político es el punto donde abandonar el ruido y observar el fenómeno con claridad.

El islamismo no se define por la piedad de sus seguidores, sino por la manera en que convierte la religión en programa político. Una distinción aparentemente abstracta hasta que se observa cómo opera en la práctica. No trata de transformar la espiritualidad del individuo, sino de modificar normas colectivas: qué leyes deben regir la familia, qué autoridad arbitra los conflictos, qué límites se imponen a la expresión pública y qué papel ocupa la religión en la educación.

La fe cohesiona con resultados políticos

El objetivo no es crear comunidades de creyentes más devotos, sino sociedades organizadas bajo un marco jurídico considerado divino, inspirado en la ley de Dios.

El islamismo no depende necesariamente de la mayoría demográfica ni del control estatal formal. Su avance suele ser incremental. Primero aparece como una red social y comunitaria –asociaciones culturales, organizaciones caritativas, centros educativos o grupos juveniles– que ofrece apoyo donde el Estado se percibe ausente.

La capacidad de construir pertenencia es una de sus principales fortalezas. El vínculo no se establece solo mediante la fe, sino también mediante la protección y la identidad. El marco religioso funciona como principio de cohesión, pero el resultado es político: consolidar liderazgos que hablen en nombre de una comunidad.

La estrategia no es única. Existen corrientes el islam que aceptan competir dentro del sistema democrático, otras que aspiran a transformarlo desde dentro y otras que rechazan cualquier forma de legitimidad que no provenga de la ley religiosa. Reducirlas a un bloque homogéneo impide entender la esencia. Sin embargo, comparten un rasgo común: la convicción de que la esfera pública debe reflejar una concepción moral absoluta, no el resultado negociado de la deliberación política.

Cuando el marco común es el enemigo

La fricción del islamismo con el modelo liberal se basa en la coexistencia de convicciones distintas. Mientras las democracias occidentales han desarrollado sistemas legales que protegen la diversidad religiosa y cultural, y suponen que las creencias se expresan dentro del marco común, no contra él.

Cuando se presentan como derechos religiosos demandas que implican excepciones permanentes al orden jurídico general –en materias de familia, educación o normas de convivencia– reaparece la pregunta superada por siglos de conflictos: ¿dónde termina la libertad religiosa y dónde comienza una negociación política sobre el alcance de la ley”.

El problema no se limita a una religión concreta, pero el islamismo ha desarrollado, en el último siglo, un lenguaje que combina identidad religiosa, legitimidad comunitaria y aspiración política en un contexto global marcado por la migración y la crisis de pertenencia. En barrios periféricos europeos, donde la integración social resulta frágil y las instituciones públicas aparecen distantes, esa combinación encuentra terreno fértil, el Estado pierde capacidad de integración y otros actores llenan el vacío.

El desafío no reside en la práctica religiosa, sino en la relación entre autoridad religiosa y autoridad civil. Cuando esa distinción se borra, el análisis se vuelve emocional y el debate político se reduce a consignas enfrentadas. Mientras unos discuten sobre tolerancia y otros sobre identidad, la naturaleza política del islamismo queda sin examinar.

Se habla de integración cultural cuando lo que está en juego es la definición de soberanía normativa: quién decide las reglas comunes y bajo qué legitimidad. Sin esa claridad, las democracias reaccionan tarde o de manera desproporcionada, entre la indiferencia y la alarma.

La comprensión del fenómeno exige abandonar el miedo abstracto y la negación automática. El islamismo no es un destino inevitable ni una amenaza omnipresente, tampoco una simple expresión de religiosidad privada. Es una corriente política moderna que utiliza el repertorio religioso para construir autoridad y disputar el espacio público. Reconocerlo no implica adoptar una postura ideológica específica; sino describir con precisión el terreno del conflicto.

¿Hasta dónde puede una democracia pluralista integrar “creencias” que no comparten la separación entre religión y política? La respuesta depende de la capacidad de identificar correctamente el problema. Solo cuando se entiende que la disputa gira en torno al poder y no únicamente a la fe se entra en el terreno político real.

Individuos vs comunidades religiosas

El islamismo redefine conceptos que las democracias liberales consideran asentados. La ciudadanía, por ejemplo, deja de entenderse como pertenencia individual a un Estado y se concibe como parte de una comunidad moral más amplia, la umma, cuya lealtad trasciende las fronteras nacionales.

El conflicto surge cuando la pertenencia comunitaria entra en tensión con normas civiles que exigen neutralidad religiosa o igualdad jurídica entre individuos, especialmente en asuntos relacionados con la familia, el papel de la mujer o la libertad de conciencia y religiosa

Las democracias europeas fueron diseñadas para proteger minorías frente al poder de las mayorías. Sin embargo, cuando una corriente política se presenta como identidad religiosa, el sistema tiende a interpretarla en términos culturales, no ideológicos, y genera un punto ciego: la crítica política se percibe como agresión religiosa y demandas políticas adquieren la protección reservada a la fe.

La capacidad organizativa ha sido, históricamente, uno de los pilares del islamismo. Desde sus orígenes, comprendió que la influencia social no se construye solo a través del discurso, sino mediante redes. Escuelas, centros comunitarios, asociaciones benéficas, mezquitas y estructuras solidarias funcionan como centros de socialización donde se define una visión del mundo. No es solo adoctrinamiento; sino esencialmente sentido de pertenencia.

En contextos de marginalidad o desarraigo, la oferta de identidad puede resultar más concreta que la promesa de ciudadanía que ofrecen los Estados.

Tensiones y choques

La tensión aumenta cuando gobiernos locales o instituciones nacionales, buscando interlocutores representativos, terminan reconociendo como portavoces a organizaciones que poseen capacidad de movilización, pero que no necesariamente reflejan la diversidad interna de las poblaciones musulmanas. Así, un fenómeno político se consolida bajo apariencia de representación religiosa y modifica el equilibrio del espacio público que antes era naturalmente neutral

El hecho de que el islamismo funcione como proyecto político no implica que exista un plan unificado ni una estrategia global coordinada. La realidad es más fragmentaria. Hay movimientos que participan en elecciones y aceptan las reglas democráticas como instrumento; otros que las consideran provisionales; otros que las rechazan abiertamente. La diversidad interna no elimina el conflicto, sino que obliga a analizar contextos concretos en lugar de hablar en términos absolutos.

Lo que sí comparte buena parte de las corrientes del islamismo es una crítica profunda al modelo secular europeo. Para el pensamiento liberal, la ley se legitima mediante la voluntad ciudadana y la deliberación pública. Para el islamismo, la legitimidad última no proviene del consenso humano, sino de una norma considerada trascendente, que proviene de Dios. Esa diferencia define la manera de entender la autoridad y ahí se encuentra el núcleo del choque.

Mientras el sistema liberal acepta el desacuerdo como condición permanente, el islamismo tiende a ver la ley como expresión de una verdad moral objetiva.

La respuesta occidental, tan diversa como el islam

Europa no ha respondido con una estrategia única. Francia ha reforzado su modelo laico con políticas orientadas a limitar la influencia religiosa en el espacio público. El Reino Unido, en cambio, ha favorecido durante décadas un enfoque multicultural. Alemania y los países nórdicos han oscilado entre integración social y preocupación por la radicalización. Ningún modelo ha resuelto completamente la tensión, y las respuestas nacionales no reflejan estrategias coherentes. El resultado es un laboratorio donde conviven aproximaciones contradictorias.

El debate público suele oscilar entre dos extremos: la denuncia alarmista que presenta el fenómeno como una amenaza inevitable y la negación que reduce cualquier crítica a prejuicio cultural. Ambas posiciones simplifican un proceso que es político. Cuando los matices desaparecen no hay la posibilidad de diseñar políticas eficaces.

Entender el islamismo como proyecto político significa reconocer que el poder puede expresarse en un lenguaje religioso sin dejar de ser poder. Esa comprensión permite desplazar el debate del terreno emocional al institucional. Preservar un espacio común donde la ley civil mantenga su autoridad sin negar la libertad religiosa.

Un sistema liberal no se define por la ausencia de desafíos, sino porque los enfrenta sin renunciar a las reglas que lo sostienen. Identificar la naturaleza política del islamismo permite responder con herramientas políticas, y no con reflejos culturales o reacciones emocionales.

Integración con incertidumbre, ciudadanía abstracta

Durante años, muchos gobiernos asumieron que la integración material —empleo, educación, acceso a servicios— resolvería de forma automática las tensiones relacionadas con identidad y autoridad religiosa. La hipótesis funcionó parcialmente en contextos migratorios anteriores, pero ha mostrado límites cuando se trata de movimientos que no buscan únicamente integración, sino influencia normativa. El problema no desaparece con el bienestar.

Los debates sobre islamismo en Europa no se desarrollan entre recién llegados y sociedades receptoras, sino dentro de la segunda y tercera generación nacidas en territorio europeo. Jóvenes con ciudadanía, educación y lengua locales que experimentan una tensión entre pertenecer plenamente a la sociedad en la que viven y mantener una identidad percibida como amenazada. En ese espacio intermedio, el islamismo transforma la incertidumbre en certeza moral y la fragmentación individual en comunidad organizada.

Minorías que alteran el debate ciudadano

Las ideologías no requieren mayorías absolutas para influir; les basta capacidad de articulación y visibilidad. La cuestión no es cuántos participan, sino qué capacidad tienen para redefinir los límites de lo aceptable en el espacio público. En este punto se suma otro elemento: la violencia. El islamismo no se reduce al yihadismo, pero la existencia de corrientes que legitiman la acción violenta ha marcado la percepción europea. Atentados en Madrid, Londres, París, Bruselas o Berlín consolidaron la asociación entre islam político y seguridad nacional.

Sin embargo, reducir el fenómeno a su expresión terrorista es contraproducente. Se invisibiliza formas de influencia no violentas que operan dentro de la legalidad democrática y que resultan más difíciles de discutir públicamente. Cuanto más radical es un actor, más fácil es identificarlo como amenaza, pero cuanto más moderado se presenta, más difícil se vuelve distinguir dónde termina la participación legítima y dónde comienza un proyecto de transformación del marco institucional.

Las democracias liberales responden rápidamente con instrumentos diseñados para situaciones extremas —policía, inteligencia, leyes antiterroristas—, pero les cuesta formular políticas orientadas a dinámicas sociales y políticas de largo plazo. Dejan de lado la discusión sobre creencias y poder. También el fenómeno real puede quedar atrapado entre agendas partidistas que lo subordinan al cálculo político inmediato

Hablar del islamismo como ideología política significa recuperar un vocabulario que permita describir el problema con precisión. Las ideologías se analizan por sus objetivos, sus métodos y sus efectos sobre las instituciones. Lo importante no es si es culturalmente distinta o religiosamente legítima, sino si pretende alterar el principio de igualdad jurídica sobre el que se fundamenta la ciudadanía moderna. El terreno de discusión deja entonces de ser moral y es estrictamente político.

Hay que evitar dos errores. El primero es negar la dimensión ideológica del islamismo por temor a estigmatizar comunidades religiosas. El segundo, interpretar cualquier expresión visible del islam como avance político. La mayoría de los musulmanes europeos viven su fe sin aspiraciones políticas; al mismo tiempo, existen corrientes organizadas que sí persiguen objetivos de poder.

El desafío occidental no es religioso, en sentido estricto, sino institucional. Se trata de definir hasta qué punto el espacio público puede aceptar que entienden la ley como expresión de una verdad trascendente y no como resultado de acuerdos entre ciudadanos iguales. Por supuesto, no existen soluciones simples ni respuestas universales. Cada sociedad la afronta desde su propia historia y su propia concepción de la secularidad.

La fragilidad de las propias convicciones europea

La discusión sobre el islamismo revela también la fragilidad de las convicciones políticas europeas. Durante décadas, el modelo liberal se consideró lo suficientemente sólido como para absorber cualquier diferencia sin redefinirse. Hoy, esa confianza se somete a prueba. Cuánto cree Europa en la separación entre religión y poder que la modernidad convirtió en principio fundamental.

El debate europeo parece estancado porque se mueve entre dos lenguajes que rara vez se encuentran. Uno es jurídico: derechos, libertades, protección de minorías. El otro es político: poder, influencia, capacidad de reorganizar el espacio común.

Si el islamismo se analiza únicamente desde el primer lenguaje, el fenómeno aparece como otra expresión del pluralismo religioso. Pero cuando se aborda solo desde el segundo, corre el riesgo de convertirse en una amenaza abstracta y omnipresente.

El punto de fricción aparece con claridad en el terreno de la ley. Las democracias liberales descansan en la idea de que la norma civil se aplica a todos por igual, independientemente de sus creencias. El islamismo, en cambio, introduce la aspiración de que determinadas normas religiosas tengan reconocimiento público o excepciones específicas. Estas demandas pueden presentarse de forma gradual, mediante ajustes culturales o reivindicaciones comunitarias, y suelen formularse en términos de derechos. La tensión surge cuando esas excepciones dejan de ser acomodaciones puntuales y comienzan a cuestionar la universalidad del marco legal común.

Esa disputa no se resuelve apelando a la tolerancia ni a la firmeza de manera abstracta. Exige una definición clara de lo que significa ciudadanía en sociedades plurales. Si la ciudadanía se entiende como un vínculo individual con el Estado, la ley debe proteger a la persona frente a cualquier presión comunitaria. Si, por el contrario, se acepta que la pertenencia colectiva pueda mediar esa relación, el equilibrio de poder cambia.

No se trata de un dilema exclusivamente europeo; es una discusión sobre la arquitectura misma de la democracia liberal en sociedades cada vez más diversas.

El islamismo pone en evidencia esa tensión porque articula identidad, moral y política de forma coherente. Allí donde el discurso público ofrece fragmentos —derechos individuales, políticas sociales, integración económica— el islamismo propone un marco totalizante que da sentido a la vida colectiva. Esa coherencia explica parte de su atractivo para sectores que perciben la sociedad contemporánea como desorientada o moralmente vacía.

El desafío para Europa no consiste en competir con una ideología religiosa en el terreno espiritual, sino en recuperar la confianza en su propio relato político, que la pluralidad puede sostenerse sin una verdad moral única impuesta por el Estado.

Otro desafío para la democracia liberal

La separación entre religión y poder político fue una decisión histórica, no un resultado inevitable. Europa la construyó tras siglos de conflicto precisamente para impedir que una verdad única dictara la ley común. Ese arreglo permitió que convicciones distintas convivieran bajo reglas compartidas, pero nunca eliminó la posibilidad de que aparecieran proyectos dispuestos a recomponer lo que la modernidad había separado.

El islamismo plantea hoy esa pregunta en términos nuevos. No porque represente un destino irreversible ni porque anuncie un choque inevitable, sino porque obliga a las democracias a recordar sobre qué fundamentos están construidas. Cuando un movimiento convierte la autoridad religiosa en programa político, el debate deja de ser cultural y vuelve al terreno donde siempre se definieron las sociedades libres: la disputa sobre quién legitima la ley.

Quizá la dificultad europea para abordar este fenómeno no resida únicamente en su complejidad, sino en la costumbre de pensar que ciertos conflictos pertenecían al pasado. Sin embargo, las tensiones entre fe, poder y ciudadanía nunca desaparecen del todo. Cambian de forma, de lenguaje y de actores, pero reaparecen allí donde las instituciones dejan de explicar con claridad por qué existen.

El desafío, entonces, no es reaccionar con alarma ni refugiarse en la negación, sino mantener la precisión política necesaria para distinguir entre creencia y autoridad, entre diversidad legítima y proyecto de poder. Esa distinción no resuelve por sí sola el conflicto, pero evita el error más costoso: mirar en la dirección equivocada.

La democracia liberal no se sostiene porque los desafíos desaparezcan, sino porque conserva la capacidad de nombrarlos sin exagerarlos y sin esconderlos. En esa tarea — más intelectual que emocional — se juega la continuidad de un modelo político que nunca fue automático y que, como toda construcción histórica, exige ser pensado una y otra vez.

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