By No cumple los principios de independencia, no acepta sistemáticamente las denuncias y quienes han denunciado violaciones graves de derechos humanos han sido víctimas de represalias.
El Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos determinó en su más reciente informe que la Defensoría del Pueblo de Venezuela “funciona de una manera que compromete gravemente su independencia y no ha demostrado el cumplimiento de los requisitos mínimos de los principios de París”, la base normativa internacional que deben cumplir todas las instituciones nacionales de derechos humanos, como defensorías, procuradurías de derechos humanos, oficinas del Ombudsman y similares.
Los principios incluyen mandato y competencias amplios, independencia, pluralismo en su composición y métodos de operación adecuados, investigación independiente y presentación de informes.
La Defensoría del Pueblo perderá, a partir de 2026, su capacidad de participar con voz y voto en los debates internacionales de los órganos de derechos humanos de la ONU y en las actividades de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.
Es el segundo que cuestiona la independencia de la Defensoría del Pueblo venezolana. Las primeras evaluaciones del SCA comenzaron en el período 2007-2012, durante el mandato de Gabriela Ramírez. En 2016, tomando en cuenta los antecedentes de falta de independencia verificados durante la gestión de Ramírez, el SCA decidió degradar a la Defensoría de categoría A (pleno cumplimiento de los Principios de París) a categoría B (cumplimiento parcial), durante la gestión de Tarek Saab.
Un factor clave para evaluación negativa es el hecho de que Alfredo Ruiz haya sido “reelecto” como Defensor del Pueblo en octubre de 2024, cuando la reelección no aparece en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
El SCA constató además otros comportamientos cuestionables de la Defensoría como afirmar que el 97% de las denuncias de desapariciones en Venezuela son “infundadas”. El SCA denunció que la Defensoría “no acepta sistemáticamente las denuncias y que las víctimas han sufrido represalias por denunciar violaciones graves de derechos humanos”.
El SCA también cuestiona el papel de la Defensoría del Pueblo de Venezuela en la defensa de la población LGBT, protección de migrantes y de ciudadanos extranjeros detenidos bajo incomunicación, falta de colaboración con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, incumplimiento de su deber de presentar informes anuales a la Asamblea Nacional y la acción limitada en el contexto de los estados de emergencia decretados por el ejecutivo.
El SCA basó su evaluación en informes de la sociedad civil y de organismos internacionales de la ONU. La Defensoría aportó pocos elementos en su propia defensa.
La Defensoría “mantendrá el estatus B hasta la 48.ª sesión del SCA, que se celebrará en 2026, fecha hasta la cual tendrá la oportunidad de aportar las pruebas necesarias para demostrar su cumplimiento de los Principios de París. Si no lo hace, se confirmará su expulsión.
