By Insólito que el subfiscal que se encarga del caso Venezuela 1 suponga que el Poder Judicial del régimen de Maduro pueda ser imparcial
Robert Carmona Borjas, CEO y cofundador de Arcadia Foundation le comunicó al fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, Mame Mandiaye Niang su profunda indignación y asombro por su reciente reunión en La Haya con la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, un régimen formalmente acusado ante la CPPI de crímenes contra la humanidad.
Le señala que la información que emitió luego del encuentro anuncia la evaluación del “progreso de las autoridades venezolanas en la complementariedad positiva”, destaca una ingenuidad desconcertante y un desapego alarmante de la realidad de Venezuela.
Argumenta Carmona Borjas que suponer de que el poder judicial venezolano pueda procesar imparcialmente a los responsables de crímenes atroces es insostenible. “Está refutada por más de dos décadas de evidencia irrefutable. El poder judicial está subyugado al gobierno y es un aparato de persecución política. Y el fiscal general Tarek William Saab es un instrumento de represión, dedicado a silenciar la disidencia”, añade.
Al CEO de Arcadia Foundation le resulta particularmente preocupante que alguien que conoce la amplitud de la investigación de Venezuela I desde años antes de la recusación del fiscal manifieste “su confianza pública en la complementariedad positiva”.
Carmona-Borjas considera alarmante que Mame Mandiaye Niangrecibiera con honores reservados para funcionarios estatales legítimos a la representante de un régimen criminal. “No es solo una cuestión de protocolo, sino que confiere una legitimidad y una posición diplomática indebidas a actores cuya autoridad proviene de procesos fraudulentos y cuyo gobierno es sinónimo de represión sistemática”, explica
Señala que tales gestos socavan la credibilidad de la Fiscalía ante las víctimas, erosionan la confianza pública y corren el riesgo de alinear a la institución con las mismas fuerzas a las que debe exigir responsabilidades.
Finalmente, Carmona-Borjas, lo insta a reflexionar sobre sus obligaciones con las víctimas cuyos derechos y dignidad esta Corte está obligada a proteger. “La CPI nunca debe ser cómplice, ni siquiera inadvertidamente, de la legitimación de la impunidad”, asentó.
