By Las protestas sacuden decenas de ciudades iraníes, paralizan barrios enteros y erosionan la autoridad del Estado teocrático. Sin control territorial ni fractura militar, las mujeres emergen como líderes de una revuelta por libertades individuales.
En Teherán, cuando cae la noche, el sonido de las cacerolas y los gritos ahogados suben desde los edificios antes de que aparezcan las sirenas. Hay horas en las que la policía desaparece de las calles y los vecinos se miran con una mezcla de miedo y alivio. No es una ciudad liberada. Es una ciudad suspendida. Así se vive hoy en Irán: protestas persistentes, represión selectiva y un poder que resiste sin recuperar del todo el control moral de la calle.
Las protestas se extienden de forma sostenida en Teherán, Mashhad, Isfahán, Shiraz, Tabriz, Sanandaj y Zahedán, entre otras ciudades. No existe control territorial estable por parte de la oposición, pero sí una pérdida intermitente del monopolio estatal del espacio público. En barrios enteros, especialmente en zonas universitarias y periféricas, las fuerzas de seguridad se repliegan durante horas y regresan más tarde con arrestos selectivos.
Los manifestantes atacan símbolos del régimen más que posiciones militares. Se han registrado incendios de vehículos policiales, ataques contra sedes locales del Basij —la milicia paramilitar— y daños a edificios administrativos menores. No hay evidencia verificada de cuarteles tomados ni de bases militares ocupadas. Tampoco se han confirmado deserciones colectivas dentro del Ejército regular o del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que se mantiene cohesionada y al margen de la protesta.
La respuesta del Estado combina represión directa y administración del miedo. Detenciones nocturnas, ejecuciones judiciales aceleradas y traslados de fuerzas desde otras provincias buscan evitar vínculos locales entre policías y manifestantes. En algunos casos documentados, agentes se han negado a disparar o han abandonado posiciones menores, pero se trata de decisiones individuales, no de fracturas institucionales.
El Estado que se impuso
Desde la revolución de 1979, Irán dejó de ser una república convencional para convertirse en una teocracia con arquitectura militarizada. El poder no emana del voto, sino de la doctrina del velayat-e faqih, que subordina al Estado, la ley y la sociedad a la autoridad religiosa suprema. Ese diseño no fue simbólico: se tradujo en un sistema de control político, judicial y moral sostenido por la coerción.
La represión no es una anomalía reciente. Está integrada en el funcionamiento del régimen desde sus orígenes: purgas tras la revolución, ejecuciones masivas en los años ochenta, aplastamiento de las protestas estudiantiles de 1999, la represión del Movimiento Verde en 2009 y, más recientemente, la violencia sistemática contra las movilizaciones iniciadas tras la muerte de Mahsa Amini. Cada ciclo dejó más muertos, más presos y menos espacio para la disidencia.
En paralelo, el régimen construyó una identidad exterior guerrerista como mecanismo de legitimación interna. La creación y expansión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica convirtió la política exterior en una extensión armada de la ideología. Milicias aliadas, guerra indirecta y confrontación permanente con Israel y Estados Unidos no son episodios aislados, sino parte de una estrategia para presentarse como bastión asediado y justificar el estado de excepción permanente.
Ese modelo produjo un Estado fuerte en coerción y débil en consenso. Una sociedad joven, urbana y conectada quedó crecientemente divorciada de un poder que habla en nombre de la religión mientras gobierna mediante el castigo. Las protestas actuales no nacen de una consigna nueva, sino del agotamiento de un contrato impuesto hace más de cuatro décadas.
El papel de las mujeres
Las mujeres ocupan el centro moral y simbólico de las protestas. No como figura retórica, sino como actor político real. Son mayoría en las detenciones documentadas durante las manifestaciones, protagonizan las marchas nocturnas y encarnan el desafío más directo al Estado teocrático, que ha construido su control social precisamente sobre sus cuerpos.
Desde la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial, el velo obligatorio dejó de ser solo una imposición legal para convertirse en un símbolo de dominación. Mujeres jóvenes se lo quitan en público, lo queman o lo llevan de forma deliberadamente desafiante, aun sabiendo que el castigo puede ser la cárcel, la tortura o la muerte. No es un gesto estético: es un acto político consciente.
Organizaciones de derechos humanos documentan cientos de mujeres detenidas, sometidas a procesos judiciales sumarios y condenadas a largas penas de prisión. Otras han muerto durante la represión o en custodia. Muchas más viven bajo vigilancia, amenazas o expulsión de universidades y trabajos. El mensaje del Estado es claro: disciplinar para gobernar.
En la calle, sin embargo, las mujeres actúan como nodos de organización informal. Avisan de redadas, esconden a perseguidos, coordinan cuidados para heridos y sostienen la protesta cuando otros se repliegan. “Nosotras no podemos volver atrás”, dice una profesora en Teherán. “Ellos quieren que tengamos miedo. El miedo ya lo conocemos”.
El régimen intenta reducirlas a víctimas o desviaciones morales. La realidad es otra: se han convertido en las auténticas líderes de una revuelta por libertades individuales básicas —vestir, estudiar, decidir, vivir sin tutela religiosa— que desborda consignas y estructuras tradicionales.
Irán no vive una toma del poder desde abajo, sino algo más incómodo para el régimen: una sociedad que desafía sin conquistar, que protesta sin mando, que resiste sin caer ni triunfar. En esa tensión, la calle sigue hablando cada noche, aunque nadie sepa aún cómo terminará de escucharse.
El termómetro de la represión en Irán
La violencia estatal en Irán no es constante ni caótica. Sube y baja según cálculos políticos, presión internacional y control interno. Leer ese patrón es clave para entender el momento actual. La represión iraní no funciona como un interruptor encendido o apagado. Opera como un termómetro. A veces quema de golpe; otras, se retira lo justo para que la sociedad respire sin olvidar quién manda.
Desde la calle, esa oscilación se percibe con claridad: noches de persecución intensa seguidas por días de silencio tenso. El régimen no improvisa. Administra el castigo.
Fase 1: choque total
Cuando una protesta amenaza con desbordarse o adquirir un carácter simbólico nacional, el régimen activa el nivel máximo de represión. Detenciones masivas, uso letal de la fuerza, juicios sumarios y ejecuciones cumplen una función ejemplarizante. No se busca solo dispersar, sino marcar un límite psicológico.
Esta fase se observó tras la muerte de Mahsa Amini y en momentos en que las protestas cruzaron líneas sensibles: universidades, huelgas coordinadas o movilización simultánea en varias provincias.
Fase 2: repliegue táctico
Tras el impacto inicial, el Estado reduce visibilidad represiva. Retira fuerzas uniformadas, limita el uso de munición letal y deja espacios de aparente normalidad. No es concesión: es cálculo. El objetivo es evitar mártires, reducir costos internacionales y observar si la protesta se agota sola.
En esta etapa aumentan las detenciones selectivas, los interrogatorios silenciosos y la presión administrativa: expulsiones universitarias, despidos, citaciones judiciales. La violencia no desaparece, se vuelve menos visible.
Fase 3: represión quirúrgica
Cuando la protesta persiste sin liderazgo claro, el régimen cambia de instrumento. Actúan el Basij y las fuerzas de inteligencia con operaciones focalizadas. Se castiga a organizadores informales, familias, redes de apoyo. El mensaje se transmite de forma indirecta, barrio por barrio. Esta fase permite sostener el control sin grandes despliegues y reduce el riesgo de escaladas incontrolables.
Fase 4: endurecimiento reactivo
La represión vuelve a subir cuando se combinan tres factores: presión externa (sanciones, resoluciones), simbolización interna (aniversarios, funerales, fechas religiosas) y protagonismo femenino visible. En esos momentos, el régimen responde con mayor brutalidad para reafirmar autoridad ideológica.
Las mujeres, por desafiar el núcleo moral del sistema, suelen convertirse en objetivo prioritario en esta fase.
Qué mide realmente el termómetro
El nivel de represión no refleja fortaleza, sino ansiedad del poder. Cuando baja, no significa apertura; significa que el régimen cree haber contenido el riesgo. Cuando sube, revela miedo a perder el control narrativo o social.
Hoy, el termómetro oscila: no hay una ofensiva total sostenida, pero tampoco relajación real. Es el punto en el que el régimen intenta desgastar sin incendiar, castigar sin provocar ruptura.
Indicadores actuales de presión
Las cifras confirman una tendencia al alza en la represión. Organizaciones locales e internacionales estiman que al menos 35 o 36 personas han muerto desde el inicio de los disturbios más recientes. Más de 1.200 personas han sido detenidas en operaciones policiales y redadas selectivas, muchas de ellas durante la noche.
La crisis económica actúa como acelerador del conflicto. El rial iraní cayó a un mínimo histórico en el mercado libre, en torno a 1,47 millones de riales por dólar, en un contexto de inflación sostenida cercana al 40%. La devaluación erosiona salarios, ahorros y expectativas. Se ha convertido en el principal motor inmediato del descontento social.
El frente externo añade presión. El régimen ha reaccionado con dureza a declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió sobre una posible intervención si se incrementa la violencia contra los manifestantes. Teherán interpreta estas señales como una amenaza directa y las utiliza para reforzar su narrativa de asedio, endureciendo el control interno.
Claves de fondo: la fatiga colectiva
Las protestas actuales no pueden leerse como una reacción económica aislada. En Irán, las crisis materiales se superponen desde hace años sin canales efectivos de desahogo, diálogo o reparación. El aumento del coste de la vida, la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre prolongada no sólo generan presión económica: producen una sensación extendida de ausencia de horizonte.
En ese punto, la economía deja de percibirse como un problema solucionable y pasa a vivirse como un desgaste psicológico y social. Esa fatiga colectiva alcanza a amplios sectores: clase media, jóvenes cualificados, empleados públicos e incluso cuerpos profesionales. Es un cansancio derivado de la repetición de crisis, de promesas incumplidas, de la represión sistemática de la crítica y de la percepción persistente de no poder influir en el rumbo individual ni colectivo.
Por eso la protesta deja de articularse en torno a demandas concretas y negociables y se convierte en un lenguaje general del malestar. Los detonantes económicos activan un conflicto cuya raíz ya no es material. Lo que se cuestiona no es una medida puntual, sino el propio estado de cosas, percibido como cerrado e irreformable desde dentro.
En el plano político, los hechos son observables: consignas abiertamente contrarias al régimen, promesas económicas ineficaces y primacía de la respuesta securitaria. El poder conserva instrumentos de control, pero ha perdido capacidad de persuasión. Su capital simbólico se ha erosionado y se ha abierto una distancia mental entre la sociedad y el Estado en la que cualquier nueva crisis adquiere inmediatamente un significado político.
Cuando una protesta deja de formularse como reivindicación y empieza a expresarse como rechazo al orden existente, el conflicto entra en una fase distinta. En ese terreno, ninguna corrección económica puntual es suficiente para restablecer una calma duradera.
La historia reciente de Irán muestra que la represión no resuelve el conflicto: lo aplaza. Cada oscilación deja más muertos, más presos y una sociedad menos dispuesta a volver al silencio. El termómetro puede bajar temporalmente. La fiebre, no.
Anatomía del aparato represivo: Basij e IRGC
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la milicia Basij no son fuerzas auxiliares: constituyen el núcleo del poder coercitivo iraní. Su estructura explica por qué el régimen resiste sin consenso.
Cuando la policía regular se repliega y las calles quedan en silencio, no es el vacío lo que llega después. Son ellos. El Basij en motocicletas, sin identificación visible. El IRGC desde las sombras, sin necesidad de exponerse. Entender quiénes son y cómo funcionan estas fuerzas es clave para comprender por qué el régimen iraní logra contener protestas masivas sin ofrecer ninguna salida política.
Un Estado dentro del Estado
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica nació tras la revolución de 1979 para proteger al nuevo orden teocrático, no al país. Con el tiempo se convirtió en una estructura paralela al Estado formal, con mando propio, lealtad directa al líder supremo y control sobre áreas estratégicas. El IRGC no es solo una fuerza militar. Opera servicios de inteligencia, controla puertos, aeropuertos y sectores clave de la economía, y dirige la política exterior informal de Irán a través de milicias aliadas en la región. Su poder no depende de la popularidad, sino de la capacidad de castigar y de administrar recursos.
Durante las protestas internas, el IRGC rara vez actúa en primera línea. Su función es garantizar que no haya fractura: supervisa, desplaza unidades, coordina la represión y marca los límites que nadie puede cruzar.
El Basij: la milicia de proximidad
El Basij es el rostro visible de la represión cotidiana. Formalmente es una fuerza voluntaria; en la práctica, una milicia ideológica integrada por jóvenes reclutados mediante incentivos económicos, educativos y sociales. Muchos provienen de sectores empobrecidos o periféricos. Opera a nivel de barrios, universidades y centros de trabajo. Conoce el terreno y a la población. Esa proximidad lo convierte en una herramienta eficaz para intimidar, identificar y castigar sin recurrir a estructuras formales.
Durante las protestas, el Basij actúa con violencia directa: dispersa manifestaciones, persigue manifestantes, realiza detenciones informales y sirve como primera línea de choque. Su uso permite al régimen mantener una negación plausible y descargar responsabilidad.
La relación entre ambos
El Basij depende orgánicamente del IRGC. No es autónomo. Funciona como fuerza de desgaste y control social, mientras el IRGC garantiza la cohesión estratégica. Esta división del trabajo reduce el riesgo de deserciones masivas y mantiene la represión fragmentada pero constante.
A diferencia de ejércitos convencionales, estas fuerzas no están diseñadas para defender fronteras, sino para defender un sistema ideológico. Sus mandos no ascienden por mérito profesional, sino por lealtad. Su supervivencia material está ligada a la del régimen.
Además, el uso de unidades trasladadas desde otras provincias y la rotación constante limita vínculos con la población local. El miedo no se gestiona solo desde arriba: se administra en capas.
Mientras el Basij y el IRGC permanezcan cohesionados, el régimen iraní puede perder legitimidad sin perder el control. Las protestas pueden crecer, mutar y persistir, pero chocan contra un aparato diseñado no para convencer, sino para resistir sin consenso. Esa es hoy la frontera real del conflicto.
