By Mientras el gobierno interino presume gestos humanitarios, la cifra real de presos políticos no baja: se recicla en centros clandestinos, detenciones silenciosas y desapariciones que nadie explica.
En Venezuela, la palabra libertad dejó de significar lo obvio. Cada excarcelación viene con una sombra del mismo tamaño: un nuevo nombre que desaparece sin registro, un traslado nocturno que nadie firma, una familia reducida a preguntar si su hijo sigue con vida. Lo que el gobierno interino vende como gesto de reconciliación es, en la práctica, la continuidad del mismo aparato represivo, solo que ahora opera desde una zona del mapa que no figura en decretos ni comunicados oficiales.
El régimen sigue encarcelando tanto a plena luz como en la penumbra. La población carcelaria política no disminuye ni el sistema suelta el control: lo disfraza. La represión no necesita ruido para funcionar; le basta con el silencio del Estado y la complicidad de una comunidad internacional que aplaude lo visible y se desentiende de lo oculto. En esa ecuación, quienes salen se convierten en noticia. Los que no aparecen, en estadística imposible.
Gestos, farsas y engaños a la sombra de la tortura
Las palabras “liberación” y “excarcelación” fueron titular antes de que se pudiera verificar su veracidad. El gobierno interino anunció que excarcelaría “un número importante de presos políticos” y buena parte de la comunidad internacional leyó esa frase como el inicio de una transición. Las primeras imágenes parecieron confirmarlo: familias esperando en las puertas de centros de reclusión, sonrisas contenidas, abrazos sin estridencias.
Mientras los medios transmitían esa superficie gestual comenzó a llegar información de abogados, ONG y periodistas que documentaban más detenciones, la aparición de centros de reclusión no oficiales y familiares que exigen fe de vida porque no encuentran a sus parientes presos en ninguna dependencia carcelaria del Estado.
El lenguaje oficial volvió a ocultar la realidad. Habló de “un número importante de excarcelaciones” y presentó la liberación de unas decenas de presos políticos como gesto “moderación, transición, humanidad”. Una retórica que se desvanece ante la estadística moral de activistas, periodistas y familiares que conocen lo que el poder oculta con cerrojos.
Las excarcelaciones son el maquillaje de un sistema penitenciario paralelo que sigue engullendo personas. Desde el 9 de enero se han denunciado cárceles clandestinas, sótanos sin registro, casas adaptadas, fincas militares y módulos policiales donde cientos de venezolanos están detenidos sin expediente, sin abogado, sin nombre y sin fecha de salida.
El goteo miserable de excarcelaciones
Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional haciendo el papel de vocero del Ejecutivo, anunció que liberaría “un número importante” de presos políticos. No ofreció cifra ni calendario. Fue una jugada estratégica y psicológica (Rodríguez es psiquiatra) que abría expectativas, reducía la presión interna y la crítica internacional.
Los números reales son muy distintos. De los más de 1.000 presos políticos, Foro Penal confirma entre 29 y 44 excarcelados, dependiendo del corte y verificación
Las liberaciones llegaron en puñados: tres aquí, siete allá, cinco en la madrugada, sin lista oficial, sin expediente limpio, sin reconocimiento del daño causado. Cada preso sale físicamente de la mazmorra, pero sigue bajo amenaza jurídica y física. Muchos reciben prohibiciones de hablar, de ejercer ciudadanía. Otros deben firmar periódicamente ante un juez militar o civil, también ante la policía política. Los liberados no regresan como ciudadanos libres, sino como sobrevivientes disciplinados. La libertad parcial es otra forma de control.
La estadística del horror y cárceles clandestinas
La aritmética es fría: liberan 30, capturan 50. Liberan 44, desaparecen 70. No hay transparencia ni registro público. Un patrón que mantiene estable la cantidad de ciudadanos bajo encierro. Un abogado lo dijo sin rodeos: “El Helicoide es la vitrina. Pero el inventario real está oculto”.
Cada excarcelado tiene nombre, también cada detenido. Pero la balanza se inclina hacia el lado oscuro. Mientras los voceros del interinato celebran las liberaciones, organizaciones no gubernamentales han verificado detenciones en plena “apertura”. Estudiantes capturados en zonas populares, activistas comunitarios, mujeres que publicaron mensajes celebrando la caída de Maduro, y ciudadanos interceptados en puntos de control donde revisan los teléfonos sin orden judicial.
Las denuncias comenzaron como rumores. Gritos en casas ocupadas, movimientos nocturnos de camionetas sin placas que entran y salen de galpones estatales cerrados desde hace años. Mapas caseros donde activistas marcaban dónde operan creían centros de detención como los que operaron en la Rusia comunista y en la Alemania Oriental, y que Cuba copió con singular precisión:
- Módulos policiales reactivados,
- estaciones de tránsito abandonadas,
- casas ocupadas por cuerpos de seguridad,
- fincas confiscadas y convertidas en propiedad militar e
- instalaciones del SEBIN nunca declaradas como penales ni centros de reclusión.
Existen dos sistemas carcelarios. Uno para mostrar, otro para esconder.
Los clandestinos no figuran en ningún decreto. Equivaldría a admitir el secuestro de Estado. Los administra una constelación de cuerpos -SEBIN, DGCIM, FAES reconfiguradas, Guardia Nacional– y estructuras informales que mezclan policías uniformados con colectivos de civiles. Su dinámica operacional es netamente criminal: No producen actas, no procesan detenidos, no permiten visitas y casi nunca entregan cuerpos
La ausencia de registro impide que los liberados relaten lo que vivieron o puedan demostrar dónde estuvieron. Para los familiares significa otra tortura administrativa. Si no hay entrada oficial, no hay constancia de vida. Sin constancia de vida no hay obligación estatal de responder y se esfuma la responsabilidad.
Periodistas y defensores de derechos humanos reportan arrestos posteriores al 6 de enero. Estudiantes capturados en manifestaciones pequeñas, activistas comunitarios buscados en sus hogares, ciudadanos filmados en retenes policiales. El término “puerta giratoria” no es metáfora. No existe un registro público de presos políticos, no conteo actualizado del Estado. Cada detención fuera del circuito institucional se transforma en desaparición temporal. La entrada de nuevos detenidos supera la salida.
La razón para dispersar presos y ocultar locaciones es jurídica y política. Nada queda registrado: orden de aprehensión, acta de ingreso, obligación de notificación, derecho a visita, revisión de un juez, registro sanitario y, sobre todo, la responsabilidad administrativa. Encerrar sin contabilidad es más eficiente que la prisión pública para generar miedo.
Desapariciones y fe de vida
Los familiares llaman a estaciones policiales, pero nadie responde. Escriben al Ministerio Público y no hay registro. Preguntan en hospitales y en morgues, pero no aparecen. Desesperados, la pregunta final es ¿está vivo? No piden solo su liberación, quieren la fe de vida. Cuando en las listas de las ONG alguien aparece en la categoría “sin paradero conocido desde hace más de 15 días”, implica que no están vivos y que tampoco reconocen su muerte.
Una defensora de derechos humanos relató en voz baja: “Primero nos dijeron que estaba en traslado. Luego en ‘observación’. Después no supieron. Hoy creemos que falleció. No podemos decirlo sin pruebas, tampoco podemos fingir que no lo intuimos”.
Las familias no preguntan por liberaciones, ni por traslados ni por audiencias. Preguntan si respiran. La respuesta oficial, cuando llega, es un “en proceso” desprovisto de humanidad. El rango “desaparición forzada de corta duración” se refiere detenidos que no figuran en listas oficiales, no los presentan ante tribunales y permanecen retenidas durante días o semanas sin el conocimiento de abogados o familiares.
Una madre relató que para saber si su hijo aún estaba en manos del Estado, llamó a 31 números en 48 horas. En otro caso, un abogado supo de su representado por una foto borrosa enviada desde un grupo de WhatsApp donde un custodio mostraba un lote de detenidos sin identificar.
UN CASO EMBLEMÁTICO
“Luis Alfredo”, estudiante de ingeniería, fue detenido dos días después de la captura de Maduro, cuando regresaba de una reunión estudiantil en Caracas. No participaba en protestas, ni aparecía en ninguna lista de dirigentes visibles, sin antecedentes policiales y sin militancia orgánica. Su única actividad pública verificable había sido compartir en redes un hilo informativo sobre presos políticos.
Los vecinos vieron cómo se lo llevaban agentes armados que no se identificaron. Su familia acudió de inmediato al Helicoide. No estaba. Tampoco en el DGCIM. Pasaron nueve días sin respuesta formal. Un abogado que manejaba otro caso les confirmó que el joven había sido visto con vida en una instalación no identificada en Mariches, durante un traslado interno de detenidos.
Aún no se sabe dónde está, no hay expediente abierto ni audiencia asignada. Su nombre aparece en listas de desaparecidos recientes que han compilado organizaciones independientes.
La diplomacia no comprometida
La reacción exterior no ha cambiado. Desde Europa han llegado declaraciones suaves: “Seguimos con atención”, “valoramos avances”, “llamamos al respeto del debido proceso”. Bruselas expresó “preocupación” y pidió que se respete el debido proceso. Los organismos multilaterales guardan vulgar silencio, la Corte Penal Internacional sigue incólume. No hay exigencias públicas de listas completas, ni plazos, ni mecanismos independientes de verificación.
José Luis Rodríguez Zapatero, cuya presencia suele ser interpretada como puente político entre Caracas y Europa, ha destacado las excarcelaciones y calificó el momento como “positivo”, pero no ha hecho referencia a denuncias de desapariciones ni a centros clandestinos. No hay exigencias de ningún tipo.
Políticos como Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, siempre tan defensores de los derechos, humanos tampoco han pedido información sobre los lugares donde podrían estar los detenidos no liberados. Una venezolana lo planteó sin retórica: “Si hay liberaciones, debe haber una lista completa de detenidos. Mientras no exista, lo que quede fuera de ella puede ser cualquier cosa”.
Lo que emerge hoy no es un final ni un inicio, sino un terreno movedizo donde cada dato confirmado se enfrenta a un vacío mayor. No se puede afirmar aún cuántas personas están recluidas, cuántas han sido trasladadas fuera de lugares registrados, cuántas siguen incomunicadas, cuántas han muerto bajo custodia, ni cuántas familias todavía no se han atrevido a denunciar porque temen represalias.
En ausencia de un inventario confiable, las excarcelaciones significan alivio individual, no apertura institucional. Mientras el interinato de Delcy Rodríguez no presente un inventario verificable, cada excarcelación es un alivio individual y ninguna es prueba de cambio.
Patricia Janiot, al aire en NTN24, subrayó que la historia aún no está contada: “Venezuela no vive una liberación masiva: vive un goteo mínimo mientras las denuncias de desapariciones aumentan”.
El italiano que vio lo que no se puede mostrar: “Salimos pocos, muchos siguen ahí”
El ciudadano italiano Alberto (apellido confirmado en fuentes consulares, omitido aquí por seguridad familiar) fue excarcelado esta semana por el Estado venezolano. Su testimonio, transmitido desde el aeropuerto minutos antes de abordar un vuelo fuera del país, aporta uno de los relatos más concretos sobre lo que ocurre lejos de los portones conocidos. “No estuve en ninguna cárcel conocida ni puedo identificar el lugar donde me recluyeron. Tampoco vi uniformes, salvo en el traslado de salida, y no recibí explicación sobre cargos que me hacían”, dijo.
Los militares presos, el silencio más estricto
Los cautivos más difíciles de rastrear son militares. Ningún otro combina tanta vulnerabilidad y tan poco acceso a la información. Los civiles pueden contar con las ONG, abogados y redes de familiares. Los uniformados dependen del componente al que pertenecen y que opera con reservas totales.
Las detenciones de efectivos no se reportan en comunicados. No se publican nombres, no se anuncian traslados, ni se difunden interrogatorios. Todo ocurre dentro de un sistema que se defiende a sí mismo.
Periodistas especializados han documentado aprehensiones de oficiales subalternos y personal técnico desde diciembre. Muchos se han vinculado a denuncias internas, filtraciones o simples sospechas de disidencia. Cuando el poder político se tambalea, la primera purga ocurre dentro de los cuarteles.
Las familias de militares detenidos rara vez pueden identificar dónde están, porque las Fuerzas Armadas operan bajo jurisdicción propia y no informan siquiera a sus parientes directos. Abogados con acceso a tribunales castrenses aseguran que hay expedientes fantasmas, casos que aparecen judicializadas semanas después y otros que nunca llegan a sala. Los militares son los presos políticos más invisibles.
La liberación de civiles se exhibe como gesto humanitario. La retención de soldados se guarda como secreto de Estado.
Preguntas no atendidas
Lo que ocurre en Venezuela está en movimiento, y ninguna hipótesis puede sostenerse sin documentación que todavía no existe. En este punto, es prematuro hablar de transición, ruptura o continuidad reforzada. Las preguntas sin respuesta del Estado son las que definirán la historia:
¿Cuántas personas están detenidas hoy?
¿Dónde se encuentran exactamente?
¿Quién ejerce custodia?
¿Hay fallecidos no reportados?
¿Cuántos detenidos permanecen fuera del registro formal?
¿Por qué no hay listas completas?
¿Las excarcelaciones serán irreversibles?
‘Apertura’ encerrada
Venezuela vive un momento en el que cada dato exige verificación y cada silencio pesa más que las declaraciones públicas. El gobierno interino reclama mérito por liberar a un puñado de venezolanos que nunca debieron estar presos. Ese gesto tendría valor si se realizara bajo transparencia total: lista oficial de detenidos, lista de excarcelados, información sobre traslados y responsabilidad sobre cada ciudadano en manos del Estado.
Nada de eso ocurre. En lugar de claridad, hay opacidad; en lugar de inventario, hay rumores; en lugar de garantías, hay incertidumbre. El dato más revelador no está en quién salió, sino en las mujeres y hombres desaparecidos en una red de reclusión paralela que no figura en decretos ni reportes oficiales. Abogados que se enteran de un detenido por una llamada anónima.
Lo que ocurra en los próximos días dependerá menos de comunicados políticos y más de si la sociedad logra imponer una exigencia evidente: que el Estado responda por cada persona que retiene. Hasta que esa condición se cumpla, ningún anuncio podrá llamarse transición. Será, a lo sumo, una versión distinta de la misma sombra que ha gobernado Venezuela por demasiados años.
