By Mariana González de Tudares afirma que su esposo permanece en desaparición forzada desde hace once meses y que el proceso judicial viola la Constitución y los tratados internacionales.
Mariana González de Tudares, hija del presidente electo de Venezuela en los comicios del 28 de julio de 2024, Edmundo González Urrutia, denunció que su esposo, el abogado Rafael Tudares Bracho, fue condenado de manera ilegal a 30 años de prisión en un proceso marcado por la opacidad y la violación sistemática de derechos fundamentales.
La declaración, difundida en Caracas, subraya que la sentencia se conoció únicamente a través de medios digitales y redes sociales, sin notificación oficial a la defensa ni a la familia. González de Tudares sostiene que se trata de un fallo arbitrario, sustentado en hechos falsos y en imputaciones fabricadas, que prolonga la situación de desaparición forzada que su esposo enfrenta desde hace once meses.
Un proceso sin garantías
El caso de Tudares Bracho expone la fragilidad del sistema judicial venezolano. Según su esposa, las etapas de imputación y acusación se desarrollaron sin acceso pleno a la defensa y con obstáculos permanentes para obtener información oficial. La denuncia enfatiza que se han vulnerado artículos esenciales de la Constitución venezolana —incluidos los relativos al debido proceso y la prohibición de desapariciones forzadas—, así como disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Venezuela y de aplicación directa en el ordenamiento interno.
La ausencia de información oficial sobre el paradero del abogado refuerza la gravedad del caso. González de Tudares relata que ha acudido en múltiples ocasiones a centros de reclusión como el Rodeo I y sedes del SEBIN, sin obtener confirmación sobre su situación. “Rafael sigue en desaparición forzada, lo cual constituye un delito de lesa humanidad”, afirmó, citando el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Dimensión política del caso
La denuncia no se limita al plano jurídico. Rafael Tudares es yerno de Edmundo González Urrutia, reconocido internacionalmente como ganador de las elecciones presidenciales de 2024. González Urrutia permanece asilado en Madrid, España, tras la negativa del gobierno en funciones a reconocer los resultados. La persecución contra su entorno familiar se interpreta como una extensión de la estrategia de criminalización de la oposición.
La condena contra Tudares, sumada a su desaparición prolongada, coloca a la familia González en el centro de la tensión política venezolana. La denuncia de Mariana González de Tudares conecta la represión institucional con la disputa por la legitimidad presidencial, reforzando las acusaciones de que el Estado utiliza el aparato judicial como herramienta de control político.
Llamado a la comunidad internacional
La esposa del detenido anunció que junto a su abogado insistirá en acudir a instancias judiciales y administrativas para exigir información oficial. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie sobre lo que considera un proceso inconstitucional y violatorio de derechos humanos. “Pido a quienes siguen este proceso injusto que se pronuncien sobre los hechos y cargos que se le atribuyen”, concluyó.
El caso de Rafael Tudares Bracho se suma a un patrón de persecución contra familiares de dirigentes opositores, lo que refuerza las denuncias de organismos internacionales sobre la existencia de prácticas sistemáticas de represión en Venezuela. La combinación de condena secreta, desaparición forzada y vínculo directo con el presidente electo en el exilio convierte este episodio en un símbolo de la crisis institucional que atraviesa el país.
Las desapariciones forzadas en Venezuela no son hechos aislados: forman parte de un patrón sistemático de represión y, según Amnistía Internacional, constituyen crímenes de lesa humanidad.
Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Amnistía Internacional ha registrado al menos 15 casos de desapariciones forzadas en Venezuela, de los cuales 11 permanecen sin resolver. Las víctimas incluyen tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros de Estados Unidos, Francia, España, Ucrania, Colombia y Uruguay.
La organización señala que estas desapariciones no son errores administrativos ni excesos aislados, sino parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, dirigido especialmente contra quienes son percibidos como disidentes políticos.
Instituciones involucradas
Los informes identifican la participación de organismos de seguridad
- SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional)
- DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar)
- Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
- SAIME (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería)
Estas instituciones habrían ejecutado detenciones arbitrarias sin informar el paradero de las víctimas, negando acceso a abogados y familiares, lo que configura desaparición forzada bajo el derecho internacional.
Calificación jurídica
Entre los nombres documentados por Amnistía Internacional figuran Andrés Martínez, Damián Rojas, Danner Barajas, Dennis Lepaje, Eudi Andrade, Fabián Buglione, Jorgen Guanares, José María Basoa, Lucas Hunter, Rory Branker y Yevhenii Petrovish Trush, todos desaparecidos tras operativos de seguridad desde mediados de 2024.
Estos casos reflejan un patrón: detenciones sin rastro, ausencia de información oficial y negativa sistemática a reconocer la custodia estatal, lo que impide cualquier recurso judicial efectivo.
La desaparición forzada, cuando se practica de manera sistemática, constituye un crimen de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Amnistía Internacional ha instado a la CPI y a tribunales con jurisdicción universal a investigar y procesar a los responsables “hasta el máximo nivel”.
El caso de Rafael Tudares Bracho, denunciado por su esposa Mariana González de Tudares, se inscribe en este mismo patrón. La prolongada desaparición, la condena secreta y la falta de información oficial reproducen las características señaladas por organismos internacionales: represión política, violación del debido proceso y utilización del aparato judicial como herramienta de persecución.
Las desapariciones forzadas en Venezuela son parte de una política de Estado que busca neutralizar a la oposición y sembrar miedo en la sociedad. No son hechos aislados, sino un mecanismo sistemático que, por su carácter generalizado, se considera un delito de lesa humanidad.
En Venezuela se ha consolidado un patrón de condenas excesivas contra voces críticas, que se suma al de las desapariciones forzadas y refuerza la calificación de crímenes de lesa humanidad.
Condenas desproporcionadas como represión
Además de las desapariciones forzadas, el sistema judicial venezolano ha impuesto sentencias máximas de 30 años de prisión contra ciudadanos cuyo único “delito” ha sido expresar críticas al gobierno. Este mecanismo busca silenciar la disidencia y generar un efecto de intimidación colectiva.
Un caso emblemático es el de la doctora Orozco, condenada en noviembre de 2025 a la pena máxima por haber enviado un audio de WhatsApp en el que criticaba a Nicolás Maduro. La sentencia fue cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por organizaciones internacionales, que la consideran una prueba de la intención del Estado de castigar de manera ejemplarizante a quienes se atreven a denunciar la crisis sanitaria y política.
Persecución sistemática contra médicos y profesionales
La Federación Médica Venezolana ha denunciado que los profesionales de la salud que revelan la precariedad hospitalaria son perseguidos y detenidos. En 2022, se reportó la detención de más de 40 médicos en apenas diez días, bajo acusaciones vagas de pertenecer a “mafias hospitalarias”. Estas acciones muestran cómo el aparato judicial y policial se utiliza para criminalizar la protesta social y profesional, incluso en sectores esenciales como la salud.
Ola de represión tras las elecciones de 2024
Tras la controvertida reelección de Maduro en julio de 2024, se intensificó la represión contra opositores, periodistas y ciudadanos comunes. Organizaciones como Provea y Human Rights Watch han documentado un incremento de detenciones arbitrarias y condenas desproporcionadas, que se suman a las desapariciones forzadas ya denunciadas por Amnistía Internacional.
El caso de Rafael Tudares Bracho, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, también encaja en este patrón: pena máxima, proceso opaco y ausencia de garantías. La combinación de desaparición forzada y condena excesiva refleja la estrategia de represión sistemática contra opositores y sus familiares.
Tanto las desapariciones forzadas como las condenas desproporcionadas, cuando se aplican de manera sistemática, constituyen crímenes de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma. La intención no es sancionar delitos reales, sino neutralizar la disidencia política y sembrar miedo en la sociedad.
Venezuela enfrenta un doble patrón represivo: desapariciones forzadas y condenas máximas contra críticos. Ambos mecanismos, documentados por organismos internacionales, configuran una política de Estado que trasciende lo judicial y se inscribe en el terreno de los crímenes de lesa humanidad.
