By La Sala de Apelaciones de la CPI recibió los contundentes argumentos que cuestionan la imparcialidad del fiscal Karim Khan en el Caso Venezuela I. Su actuación no apegada a la ética impacta la credibilidad del sistema internacional de justicia
En un hito crucial para la lucha por la justicia internacional, Robert Carmona-Borjas y la Arcadia Foundation presentaron este 19 de diciembre un documento de réplica que desenmascara graves irregularidades éticas y conflictos de interés dentro de la Corte Penal Internacional (CPI). Este documento, ahora en manos de la Sala de Apelaciones, contiene pruebas contundentes que cuestionan la imparcialidad del fiscal Karim Khanen el manejo del caso Venezuela I, un expediente que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano.¡Únete al club ahora! Suscríbete al boletín más importante de Venezuela
La presentación detalla una alarmante cadena de conflictos de interés que involucran la relación familiar, profesional y de subordinación entre el fiscal Khan y su cuñada, la señora Venkateswari Alagendra, abogada del régimen de Nicolás Maduro. Este vínculo, omitido deliberadamente por Khan en una aparente violación del Estatuto de Roma y del Código de Conducta de la CPI, ha generado serias dudas sobre la neutralidad y la transparencia en la conducción del caso.
El documento de réplica de 38 páginas, titulado “Restaurando la Integridad Judicial: Una Rebatida a los Argumentos del Fiscal sobre su Recusación en Venezuela I”, fue elaborado en respuesta a los alegatos de defensa del fiscal Khan ante la solicitud de recusación presentada el pasado 8 de septiembre. Esta solicitud, también liderada por la Arcadia Foundation, demandó su remoción inmediata del caso Situación Venezuela I, debido a su incapacidad de garantizar la imparcialidad requerida en investigaciones de crímenes internacionales.
Principales puntos del documento:
- Conflicto de Intereses Evidente: La relación familiar entre Khan y Alagendra, quien previamente trabajó bajo su supervisión en casos de alto perfil como los de Ruto y Sang en Kenia, fue ocultada deliberadamente. Este vínculo compromete la percepción de imparcialidad y plantea un grave conflicto ético en la gestión del caso Situación Venezuela I.
- Falta de Transparencia: El documento señala que el fiscal Khan incumplió su obligación de revelar esta relación, violando las normas establecidas en el Estatuto de Roma y el Código de Conducta de la CPI. Esta omisión, considerada un delito ético grave, socava la credibilidad de todo el proceso judicial.
- Inacción Sistemática: A pesar de las pruebas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, el caso ha enfrentado retrasos inexplicables que la misma Dra. Paolina Massidda, abogada principal de la Oficina del Defensor Público para las Víctimas (OPCV) de la CPI, que la situación en Venezuela fue remitida a la Corte el 27 de septiembre de 2018 y a pesar de la decisión de la Fiscalía de proceder con la investigación en diciembre de 2021, la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para reanudar la investigación en junio de 2023 y la posterior sentencia de la Sala de Apelaciones confirmando dicha decisión, hasta el día de hoy aún no se ha abierto ningún caso formal de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.
Según la Dra. Massidda, este prolongado e inexplicable período sin acciones concretas y la apertura de un caso es preocupante ya que “una investigación debe en general iniciarse sin demora y llevarse a cabo de manera eficiente para que sea efectiva, ya que ‘con el paso del tiempo, los recuerdos de los testigos se desvanecen, los testigos pueden morir o volverse ilocalizables, las pruebas se deterioran o dejan de existir y, por lo tanto, las perspectivas de que se pueda llevar a cabo una investigación efectiva disminuirán cada vez más’” [sic].
En el documento presentado hoy a la CPI, Arcadia Foundation y Robert Carmona-Borjas destacaron la profunda dicotomía en las actuaciones del fiscal Karim Khan, quien, en el caso del Primer Ministro Benjamin Netanyahu de Israel—un país reconocido por contar con uno de los sistemas judiciales más robustos, transparentes e independientes del mundo—decidió omitir la aplicación de la “Complementaridad Positiva,” principio fundamental del Estatuto de Roma que estipula la intervención subsidiaria de la CPI únicamente cuando los sistemas nacionales no pueden o no están dispuestos a procesar crímenes graves. En lugar de fortalecer la colaboración con un sistema judicial plenamente capacitado como el de Israel para manejar de forma autónoma dichas acusaciones, el fiscal adoptó un enfoque directo y acelerado para dictar las órdenes de captura en su contra. Este proceder contrasta de manera radical con su inacción prolongada en la situación de Venezuela I, donde un régimen autoritario y un sistema judicial completamente cooptado han eliminado cualquier posibilidad de justicia para las víctimas. Esta dicotomía no solo plantea serias dudas sobre la coherencia de sus decisiones, sino que socava la percepción de imparcialidad y profesionalismo que debería sustentar el mandato de la Corte Penal Internacional en su misión de impartir justicia universal.
- Impacto en las Víctimas: La falta de medidas preventivas, como órdenes de arresto, ha perpetuado el sufrimiento de las víctimas venezolanas, quienes permanecen desprotegidas frente a un régimen que emplea su sistema judicial y fuerzas de seguridad como herramientas de represión.
Exigencias presentadas:
El documento solicita a la Sala de Apelaciones que adopte medidas inmediatas para salvaguardar la integridad de las investigaciones y restablecer la confianza en la CPI. Entre las recomendaciones, se incluye aprobar la recusación del fiscal Karim Khan, una revisión exhaustiva de los casos donde su cuñada haya estado involucrada y la implementación de mecanismos de supervisión que garanticen la transparencia y justicia en el caso Venezuela I.
Contexto y relevancia:
El caso Venezuela I, presentado ante la CPI en 2018, busca investigar crímenes de lesa humanidad que incluyen torturas, ejecuciones extrajudiciales y represión sistemática de opositores políticos. Sin embargo, el manejo del caso ha estado plagado de controversias, exacerbadas por las recientes revelaciones sobre el conflicto de intereses de Khan.
El análisis presentado por la Arcadia Foundation y Robert Carmona-Borjas no solo destaca estas irregularidades, sino que también subraya el impacto devastador de la inacción en las víctimas y la erosión de la confianza pública en el sistema de justicia internacional.
Próximos pasos:
La Sala de Apelaciones deberá evaluar este nuevo documento y emitir una decisión que podría marcar un antes y un después en la lucha por la justicia en Venezuela. La importancia de este caso trasciende las fronteras del país, representando un desafío directo a la capacidad de la CPI para cumplir con su mandato de impartir justicia imparcial en el ámbito internacional.
Este caso no solo afecta a las víctimas venezolanas, sino que también debilita la credibilidad de la CPI como garante de justicia universal
Documento Adjunto:
Dentro del enlace anterior encontrarán los tres documentos de Evidencias de los Vínculos Familiares y Profesionales del fiscal Khan.
- Patrones de Subordinación: Demostrando la Conexión Familiar del Fiscal en Representaciones Previas ante la CPI.
- Vínculos Indiscutibles: Compromisos Profesionales Reiterados que Resaltan un Conflicto de Interés Familiar.
- Evidencia de Vínculos Profesionales: Nombramiento de la Cuñada del Fiscal en Casos que Demuestran Conflicto y Alineación Estructural.
