By La administración del presidente Donald Trump ha iniciado negociaciones formales con el gobierno interino de Venezuela para establecer un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés). El objetivo central de este pacto es proporcionar un marco legal predecible que garantice y regule la permanencia de tropas estadounidenses a largo plazo en territorio venezolano, según revela una exhaustiva investigación publicada por The New York Times.
El diálogo bilateral está siendo liderado por el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, junto a un equipo de diplomáticos norteamericanos y representantes del ejecutivo interino venezolano, actualmente encabezado por Delcy Rodríguez. El acuerdo técnico busca normar actividades militares conjuntas de gran envergadura, entre las que se incluyen la asistencia humanitaria, ejercicios tácticos, entrenamientos bilaterales y la autorización para visitas programadas de buques de la Armada estadounidense.
Este movimiento diplomático y militar se produce como consecuencia directa de la Operación Absolute Resolve, la intervención militar ejecutada por Estados Unidos en enero de 2026. Dicho operativo culminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro, quien posteriormente fue trasladado a una prisión federal en la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos judiciales. El reporte de la prensa neoyorquina subraya que, tras el descabezamiento del régimen chavista, los altos funcionarios de la administración de transición en Caracas han adoptado una postura marcadamente subordinada frente a los intereses geoestratégicos de la Casa Blanca.
A pesar de la ambición del proyecto, fuentes gubernamentales que hablaron bajo estricta condición de anonimato aclararon que las discusiones actuales se centran en las garantías jurídicas y operativas para el personal militar. Detalles críticos como el número exacto de efectivos desplegados o las locaciones geográficas específicas dentro de Venezuela se postergarán para pactos complementarios. Asimismo, los informantes matizaron que el establecimiento formal de bases militares fijas y permanentes de EE. UU. en suelo venezolano sigue siendo un escenario institucionalmente “muy lejano”.
La iniciativa no está exenta de severos riesgos políticos y sociales. Analistas internacionales y expertos en la región advierten que la exhibición pública y prolongada de uniformados estadounidenses podría reactivar las tensiones civiles en el país sudamericano. Aunque el chavismo se encuentra debilitado y fracturado, se estima que mantiene una base de apoyo duro de entre el 10% y el 20% de la población. Este sector, sumado al histórico sentimiento antiimperialista arraigado en la cultura política venezolana, representa un foco potencial de protestas y resistencia civil.
El clima de tensión se ha visto alimentado por la retórica del propio mandatario estadounidense. En declaraciones recientes, Donald Trump se ha referido al operativo militar de enero como la “conquista de Venezuela” y ha sugerido abiertamente la intención de Washington de ejercer control sobre los vastos recursos petroleros del país. Esta narrativa maximalista contrasta con los esfuerzos de la diplomacia estadounidense, que intenta presentar el acuerdo SOFA como una herramienta de cooperación técnica y estabilización regional, en un escenario post-Maduro que aún busca definir su rumbo institucional.
