By Un decreto presidencial y una serie de ataques letales marcan el paso de la lucha antidrogas al terreno de la guerra no convencional.
Estados Unidos ha elevado el combate al fentanilo a un plano militar. Un decreto presidencial que lo clasifica como arma de destrucción masiva, junto con la designación de cárteles como organizaciones terroristas, sustenta una campaña de ataques letales contra rutas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. La nueva doctrina redefine la lucha antidrogas como guerra no convencional, tensiona el derecho internacional y anticipa operaciones en tierra en países al sur de la frontera estadounidense, con alcance hemisférico.
Estados Unidos ya no enfrenta el fentanilo como un problema criminal ni exclusivamente sanitario. Lo enfrenta como una amenaza estratégica. Un decreto presidencial que clasifica el opioide ilícito como arma de destrucción masiva, sumado a una campaña sostenida de ataques militares contra rutas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, marca un giro explícito: la política antidrogas entra en el terreno de la guerra no convencional.
La decisión, anunciada por el presidente Donald Trump desde la Oficina Oval, no introduce una figura jurídica desconocida, pero sí redefine el marco desde el cual el Estado interpreta la crisis. “Entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año, que sepamos. En 2024, 48.000 murieron por fentanilo”, dijo al firmar el decreto. Luego añadió una frase que no busca conmover, sino fijar doctrina: “Ninguna bomba causa tanto daño”. La comparación no es retórica. Es una tesis operativa: el daño masivo ya no requiere explosión, sino distribución.
Del narcótico al enemigo
El decreto establece que el “fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos” deben ser tratados como armas de destrucción masiva, al considerarlos comparables —en efectos— a agentes químicos. La ley estadounidense ya penaliza el uso, la amenaza o el intento de uso de este tipo de armas, con castigos que pueden llegar a la pena de muerte según las circunstancias. Trump no modifica la ley: desplaza su campo de aplicación.
La orden instruye a la fiscal general Pam Bondi a iniciar de inmediato investigaciones y procesos judiciales bajo este nuevo marco conceptual y faculta al secretario de Estado, Marco Rubio, y al del Tesoro, Scott Bessent, a actuar contra activos financieros e instituciones vinculadas a la fabricación, distribución y venta del opioide. El texto sostiene que estas redes no solo trafican drogas, sino que financian asesinatos, terrorismo e insurgencias, erosionando la seguridad interna estadounidense.
Para críticos dentro del propio sistema judicial, el movimiento es más político que práctico. Dennis Fitzpatrick, exfiscal federal especializado en seguridad nacional, cuestionó que la reclasificación tenga efectos operativos reales. “Ya contamos con estatutos probados y claros para perseguir el tráfico de drogas”, dijo. “Forzar la categoría de arma de destrucción masiva puede dificultar el trabajo de fiscales y agentes”. A su juicio, una redefinición de ese alcance debería pasar por el Congreso.
La Casa Blanca no discute ese punto. Lo elude. El objetivo no es mejorar la eficiencia procesal, sino habilitar un marco estratégico más amplio.
Misiles contra las rutas
Desde septiembre, ese marco ya se traduce en acciones militares. El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) ejecuta una campaña sostenida contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. No se trata de incautaciones ni de operaciones de interdicción naval clásicas. Se trata de ataques letales.
Según cifras oficiales, el ejército estadounidense ha realizado al menos 25 ataques contra narcolanchas en aguas internacionales. El saldo reconocido es de cerca de 95 muertos, descritos sistemáticamente como “narcoterroristas”. En septiembre, un ataque en el Caribe generó especial controversia: tras un primer impacto que mató a once personas, se produjeron ataques adicionales contra sobrevivientes, un patrón que expertos en derecho de la guerra identifican como double-tap strike, asociado a conflictos armados, no a operaciones policiales.
El lunes más reciente, Southcom confirmó la destrucción de tres nuevas embarcaciones en el Pacífico oriental. Ocho personas murieron. Un video de 47 segundos difundido por el comando militar muestra los impactos. “La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y estaban involucradas en actividades de contrabando”, afirmó el comunicado. No se precisó qué organizaciones operaban los barcos.
La semántica no es menor. En estos comunicados no hay sospechosos ni detenidos. Hay objetivos, operaciones y bajas.
La droga como vector
La administración sostiene que el fentanilo no debe analizarse únicamente por sus efectos en el consumo. Funciona, según esta lectura, como un vector estratégico: mata directamente, pero además financia estructuras criminales transnacionales con capacidad de desestabilización política.
Durante años, el fentanilo se fabricó principalmente en México, con precursores químicos procedentes de China. Informes recientes de agencias antidrogas indican que Colombia ha comenzado a producirlo y a mezclarlo con cocaína, ampliando mercados y potenciando efectos. El resultado es una sustancia más barata, más letal y más difícil de rastrear, integrada a circuitos ya existentes del narcotráfico.
Trump ha señalado públicamente al llamado Cartel de los Soles, al que acusa de haberse apoderado del poder en Venezuela y de utilizar las herramientas del Estado para delinquir y asegurar impunidad. Bajo la nueva doctrina, organizaciones de este tipo dejan de ser tratadas como redes criminales para convertirse en actores de una amenaza estratégica.
El alcance hemisférico
El presidente fue explícito: los ataques “en tierra” comenzarán “muy pronto” y podrán producirse en cualquier país al sur de la frontera estadounidense, no solo en Venezuela. La afirmación introduce un elemento nuevo en la política exterior regional: la posibilidad de operaciones militares directas contra actores no estatales en territorio de terceros países.
En el Congreso, la reacción ha sido tensa. Senadores demócratas y algunos republicanos han exigido explicaciones formales. Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, acusó a la administración de emprender “acciones imprudentes y deshonestas” y cuestionó la legalidad internacional de los ataques.
Este martes, todos los senadores recibirán una sesión informativa clasificada del secretario de Estado Marco Rubio, del secretario de Defensa Pete Hegseth y del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine. La Casa Blanca ha prometido mantener informados a los legisladores. No ha insinuado, en ningún momento, que vaya a frenar la campaña.
Hegseth aprovechó el acto de firma del decreto para anunciar la reactivación de la Medalla del Servicio Fronterizo Mexicano, creada en 1918. “Nuestros hombres y mujeres llevarán la misma medalla que los estadounidenses de hace cien años recibieron por defender la soberanía del país”, dijo. El gesto refuerza la narrativa de guerra.
El daño que no explota
Aunque las muertes por sobredosis descendieron el último año y alcanzaron su nivel más bajo en cinco años, los opioides sintéticos —principalmente el fentanilo— siguen implicados en la mayoría de los decesos. Las cifras, aun a la baja, siguen superando las de cualquier conflicto armado contemporáneo en el que participe Estados Unidos.
Detrás de los números hay historias individuales. Madres, padres y comunidades enteras atravesadas por una droga que no deja campo de batalla visible. La administración utiliza estos casos como argumento central: el país ya está sufriendo un daño masivo y sostenido. No responder, en esa lógica, sería abdicar.
Una frontera cruzada
La pregunta final no es si el fentanilo es técnicamente un arma de destrucción masiva. Es si Estados Unidos ha decidido tratarlo como tal. Todo indica que sí.
Al hacerlo, el Estado cruza una frontera conceptual que separaba la guerra del crimen, la seguridad nacional de la política sanitaria, el misil del polvo blanco. Ese cruce habilita acciones antes impensables y clausura debates que antes eran obligatorios.
Las consecuencias jurídicas, diplomáticas y humanas de esta mutación apenas comienzan a desplegarse. Pero el mensaje ya fue emitido con claridad: el fentanilo dejó de ser una droga que mata en silencio. Para Washington, es ahora un enemigo al que se combate con fuerza militar.
