By Un metaanálisis asocia la espiritualidad con menor consumo de alcohol y drogas, pero su definición amplia impide identificar mecanismos claros. Sin precisión conceptual, el riesgo es convertir un dato sólido en sustituto de políticas públicas ausentes.
Un metaanálisis de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, publicado en JAMA Psychiatry, concluye que las prácticas espirituales se asocian con una menor probabilidad de consumo peligroso de alcohol y drogas. El dato es consistente: 55 estudios longitudinales, más de medio millón de personas y una reducción estimada del riesgo entre 13 % y 18 %, según la frecuencia de participación.
El resultado es sólido en términos estadísticos. El problema comienza en otro lugar: qué se entiende por “espiritualidad” y qué se hace con ese concepto en la vida cotidiana.
En el estudio, la espiritualidad incluye desde la asistencia a servicios religiosos hasta la meditación o la oración, es decir, cualquier práctica orientada a encontrar sentido o conexión más allá del individuo. Esa amplitud permite agrupar fenómenos distintos bajo una misma etiqueta. También dificulta aislar el mecanismo que explicaría el efecto observado.
¿Protege la espiritualidad o protegen las redes sociales que suelen acompañarla? ¿El efecto proviene de la práctica interior o de la estructura comunitaria, la disciplina, la rutina, el apoyo mutuo? El metaanálisis no resuelve esa distinción. Detecta una asociación robusta, pero no identifica con precisión su causa.
Esa ambigüedad importa cuando el hallazgo se traslada al terreno clínico o político. Sugerir que los médicos “incorporen la espiritualidad” puede ser razonable si se limita a reconocer las creencias del paciente. Se vuelve problemático cuando se convierte en una indicación difusa o sustituye intervenciones con evidencia más específica.
El problema se agrava en contextos donde el Estado falla. Allí, la espiritualidad suele ocupar el vacío: ofrece comunidad donde no hay servicios, sentido donde no hay horizonte, contención donde no hay políticas. Funciona, en muchos casos, como red de apoyo efectiva. Pero también puede operar como sustituto de responsabilidades públicas. Cuando eso ocurre, el riesgo es doble: se sobrecarga a comunidades religiosas o espirituales con funciones que no les corresponden y se normaliza la ausencia de políticas sostenidas en salud mental y adicciones.
No es un fenómeno abstracto. En entornos con sistemas de salud precarios, la respuesta al consumo problemático de sustancias se desplaza hacia organizaciones religiosas, programas de fe o iniciativas comunitarias sin supervisión clínica suficiente. Algunas funcionan; otras reproducen lógicas de control, culpa o exclusión que agravan el problema que buscan resolver. Sin estándares claros, la categoría “espiritualidad” no distingue entre ambas.
Nada de esto invalida el hallazgo central: hay una correlación consistente entre ciertas prácticas y menor consumo de sustancias. Pero la consistencia estadística no equivale a claridad conceptual. Y sin esa claridad, la traducción del dato en recomendación puede derivar en generalizaciones apresuradas o en coartadas para la inacción pública.
El valor del estudio está en abrir una línea de investigación, no en cerrar el debate. La pregunta relevante no es si la espiritualidad “sirve”, sino qué prácticas concretas, en qué contextos y a través de qué mecanismos producen efectos observables. Sin esa precisión, la categoría corre el riesgo de decirlo todo y, por lo mismo, de no explicar nada.
