By Volker Türk exige la liberación sin condiciones de Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, así como de cuatro adolescentes “que permanecen bajo custodia desde las elecciones de 2024, y de resto del más del millar de presos por razones políticas.
El alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, exige la liberación incondicional de todas las personas encarceladas en Venezuela por sus “actividades en el espacio cívico”. Igualmente, que los cuerpos represivos formales e informales cesen la persecución y detención de personas percibidas como disidentes tanto en el país como en el extranjero.
También denunció la privación de libertad de 17 personas –la mayoría de ellas mujeres, niños y personas mayores– en relación con las actividades de algún familiar.
Türk se refirió especialmente a los casos de
- la defensora de derechos humanos y analista política, Rocío San Miguel, arrestada en febrero de 2024 bajo la acusación de “traición”, “terrorismo” y “conspiración” por supuesta vinculación a un atentado contra Maduro;
- el activista Carlos Julio Rojas arrestado en abril, acusado de ser “instigador” y “operador logístico” de un intento de asesinato del presidente;
- Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, preso desde julio de 2021 por cargos de “terrorismo”, “traición” e “incitación al odio”.
- Eduardo Torres, abogado de la oenegé Provea, detenido en mayo de 2025 por “terrorismo” y “traición”.
- Kennedy Tejeda, abogado y miembro de Foro Penal, encarcelado desde agosto de 2024.
El año pasado, en febrero, los integrantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Caracas fueron expulsados por expresar “profunda preocupación” por la detención de Rocío San Miguel.
Desde entonces la sede en Caracas carece de personal internacional. El alto comisionado dijo que han hecho todo lo posible por restablecer las funciones, en particular “solicitando visados y dialogando con las autoridades, pero, lamentablemente, sin éxito”.
Maduro conversa con António Guterres
El gobernante Nicolás Maduro, al día siguiente de la rueda de prensa del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, mantuvo una conversación telefónica con António Guterres, pero no para anunciarle la liberación del millar de presos políticos que mantiene en las cárceles venezolanas. Tampoco Guterres le tocó el tema.
La intención de Maduro era denunciar “la escalada de amenazas de Estados Unidos y sus graves implicaciones en la paz hemisférica”. Al bloqueo total de los buques petroleros sancionados sí hizo referencia.
Guterres con su tranquilidad habitual subrayó la necesidad de evitar cualquier escalada o confrontación. Advirtió que un conflicto armado en la región carece de justificación y sería estéril, con consecuencias graves para la estabilidad regional y la zona de paz de América Latina y el Caribe.
Diplomáticamente dijo que acompañará en el Consejo de Seguridad el abordaje del caso “promoviendo la desescalada y privilegiando siempre, el diálogo y la solución pacífica de las controversias. No se refirió a las violaciones de derechos humanos, los delitos de lesa humanidad que investiga la CPI ni al desconocimiento de las actas de votación de las elecciones del 28 de julio de 2024. Fue un intercambio social.
La situación que vive el venezolano bajo el régimen de Maduro
Declaraciones completas del alto comisionado Volker Türk
“Desde mi última actualización, en junio la situación en Venezuela no mejoró. Seguimos viendo restricciones generalizadas de la libertad de expresión y dde reunión pacífica, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y dificultades socioeconómicas agudas.
“Citando amenazas externas, tanto en septiembre como en noviembre, el gobierno adoptó legislación con la cual se concede competencias de emergencia ampliadas. El contenido de esas nuevas leyes sigue sin publicarse, lo cual lo escuda de cualquier tipo de monitoreo e impide cualquier tipo de evaluación de su compatibilidad con el derecho internacional.
Además, la merma del espacio cívico se ha intensificado y sofoca las libertades populares. La vida pública se está militarizando cada vez más, y se incrementa el riesgo de violencia en una sociedad que hace frente a niveles de delincuencia elevados.
“Mi oficina recibió informes de alistamiento bajo coerción a la milicia bolivariana incluyendo adolescentes y personas mayores. También son chocantes los relatos de que las autoridades alientan a la población a denunciar a sus familiares, vecinos y colegas mediante aplicaciones móviles patrocinadas por el Estado. Son políticas alimentan el miedo, la desconfianza y la autocensura no compatibles con el Estado de Derecho.
“La ley de control de las ONG del año pasado impide que la sociedad civil trabaje de manera segura y libre. Periodistas, defensores de derechos humanos, personalidades de la oposición, trabajadores humanitarios siguen afrontando amenazas, acoso y el riesgo de detención arbitraria meramente por llevar a cabo su trabajo.
“Muchos tienen que escapar del país por intimidación y persecución. Cuando se van los periodistas y defensores de derechos humanos, la verdad y la rendición de cuentas se van con ellos.
“Numerosos periodistas siguen detenidos arbitrariamente y cientos de personas están detenidos por motivos políticos. La reciente detención del secretario general del principal sindicato ha enviado una señal congeladora a los trabajadores de todo el país. La utilización, además, de leyes antiterroristas poco específicas y amplias, y la retórica oficialista abre la puerta a graves violaciones.
“Estoy profundamente preocupado por las condiciones de detención. Falta persistente de alimentos y medicinas y la denegación de la visita familiar. Son condiciones que cuestan a los detenidos su salud física y mental y, en algunos casos, su vida. Mi oficina documentó por lo menos cinco muertes de personas detenidas en relación con las elecciones presidenciales de 2024.
“La situación que vive Venezuela debe ser objeto de investigación rápida e independiente, incluido el reciente fallecimiento del político de la oposición Alfredo Díaz, cuya salud se deterioró drásticamente bajo custodia. También observamos un incremento de traslados de detenidos a paradero desconocido. Algunos de esos casos equivalen a desaparición forzada.
“Hay tres centros de detención, el Helicoide, Rodeo 1 y Fuerte Guaicaipuro donde hay personas detenidas en régimen de incomunicación, sin contacto con sus familiares o abogados en violación flagrante de sus derechos básicos.
“Se han liberado 51 personas desde mi última actualización, entre ellos opositores, extranjeros y personas con mala salud. A 23 se les ha concedido visita consular.
“Mi oficina ha documentado represalias contra familiares de personas percibidas como voces disidentes tanto en el país como en el extranjero. Desde julio, han sido detenido 17 personas, la mayoría de ellas mujeres, niños y personas mayores, en relación con las actividades de sus familiares. Se desconoce el paradero y la suerte que han corrido otros 12 familiares.
“Insto a la liberación incondicional de todos los detenidos arbitrariamente por sus actividades en el espacio cívico, incluidos Rocío Sanmiguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda, sus familiares y cuatro adolescentes que permanecen bajo custodia tras las elecciones de 2024. También insto a las autoridades venezolanas a que respeten y protejan la libertad de expresión, garanticen un entorno seguro para los medios de comunicación y la sociedad civil
“Es esencial que todas las violaciones de los derechos humanos sean investigadas y reparadas. Deben terminar las desapariciones forzadas, las detenciones en régimen de incomunicación y los traslados no autorizados. Las condiciones de detención deben ser humanas y cumplir con los estándares internacionales.
“Estoy muy preocupado porque hay intentos de desposeer o privar a personas de la oposición de su nacionalidad venezolana. Recuerdo a las autoridades que el despojamiento arbitrario de nacionalidad es ilegal.
“Los indígenas, sus derechos y sus territorios siguen siendo objeto de ataques. Numerosos líderes indígenas han sido muertos durante los últimos años incluyendo Virgilio Trujillo, Joaquín Hernández y más recientemente Cesáreo Panapera y hay muchas investigaciones que siguen irresolutas.
“Quiero también reiterar el impacto desproporcionado que las amplias sanciones sectoriales del régimen tienen en los más vulnerables y el efecto negativo que tienen en el trabajo de algunas organizaciones humanitarias y derechos humanos y pido que las sanciones sean objeto de reevaluación y se retiren.
“Mientras las autoridades siguen con su represión, los venezolanos tienen su propia batalla cotidiana contra el hambre y la pobreza. Las injusticias y los precios se están disparando. El FMI prevé que la inflación alcanzará el 270% en 2025.
“La remuneración mensual mínima es más de mil veces menos que el coste mensual de la cesta de alimentos básica. Las familias deben escoger entre comprar alimentos o medicinas. Muchos no tienen acceso a la educación y sanidad. Lo que digo solo es una panorámica incompleta porque los datos económicos oficiales escasean.
“Las organizaciones que ofrecen alivio tienen dificultades para navegar los reglamentos poco específicos, pero exageradamente estrictos. No se puede ignorar las tensiones crecientes y los retos que afrontan los venezolanos en una situación regional precaria y mucho me preocupa el impacto de derechos humanos de la presión militar de Estados Unidos que se está intensificando.
“La historia muestra una y otra vez que cuando hay una escalada del enfrentamiento, aquellos que se ven atrapados en el fuego cruzado son las personas normales, no delincuentes ni los que están en el poder, la gente corriente.
“Reitero mi llamado a Estados Unidos para que utilice métodos bien establecidos de aplicación de la ley para luchar contra el problema grave del contrabando de drogas ilegal.
“Aliento a todos los Estados que acogen o reciben a migrantes venezolanos refugiados y solicitantes de asilo que garanticen su protección internacional habida cuenta de la difícil situación de derechos humanos en el país.
“Visité Venezuela, hablé con su pueblo y comparto mis sentimientos con aquellos que esperan desesperadamente recibir noticias de sus seres queridos, con los padres separados de sus hijos y con todos aquellos cuyas mesas seguirán vacías durante las vacaciones de navidad que se avecinan.
“La sociedad venezolana necesita sanar, necesita justicia y derechos humanos para superar la polarización y reparar su tejido socioeconómico.
“Mi oficina siempre se mostró dispuesta a apoyar el proceso, pero lamento informarles que ya no tengo ningún tipo de plantilla o personal internacional en el país. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para restar nuestra presencia, incluyendo solicitando visados y dialogando con las autoridades, pero sin éxito.
“No creo que haya puntos de no retorno. Mi oficina siempre está abierta a un compromiso constructivo y espero que las autoridades permitan a mis colegas rápidamente que reanuden sus actividades en el país. Se debe poner fin al sufrimiento de los venezolanos.
