By Benigno Alarcón /
En muchos sentidos, Venezuela atraviesa su crisis política más profunda desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999. Un régimen ilegítimo en el poder se encuentra acorralado por una administración estadounidense que, si bien supuestamente lucha contra el narcotráfico marítimo, aboga por un cambio en Miraflores, el palacio presidencial.
Aunque en los próximos meses podrían materializarse muchos escenarios, la historia y la situación actual apuntan a un número reducido de posibles desenlaces.
Desde el exterior, el gobierno Trump ha recurrido a provocaciones militares, lanzando ataques letales contra buques del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, y llevando a cabo el mayor despliegue de recursos navales y aéreos jamás visto en la zona.
La llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe simboliza la coerción operativa, más que mera disuasión.
En el ámbito interno, a pesar de enarbolar la bandera del antiimperialismo para cohesionar las otrora pujantes filas chavistas, Nicolás Maduro se enfrenta a un apoyo popular menguante y a una economía en ruinas. La situación económica es tan grave que, en otros tiempos, habría desencadenado una ola de disturbios.
El FMI estima que el país cerrará 2025 con una inflación del 270%, mientras el bolívar continúa depreciándose vertiginosamente. Derrotado en las urnas en las elecciones de 2024, Maduro se ha mantenido en el poder recurriendo a una represión cada vez más paranoica.
Foro Penal, la principal ONG que monitorea las violaciones de derechos humanos en el país, reportó 882 presos políticos al 10 de noviembre, lo que refleja el uso cada vez mayor del encarcelamiento selectivo por parte del gobierno para sofocar las protestas y evitar la organización de la oposición.
Si bien el gobierno de Trump niega que su objetivo sea un cambio de régimen, en Venezuela todos comprenden que el discurso de la “guerra contra el narcotráfico” no excluye esta posibilidad, especialmente cuando acusa a Maduro de liderar una red transnacional de narcotráfico.
Dada la dinámica de coerción externa y desgaste interno, dos escenarios a corto plazo se perfilan como los más probables: Maduro se mantiene en el poder e intensifica la represión o la presión militar estadounidense fractura el régimen y lo obliga a dimitir.
Otra represión
Si el statu quo persiste, reflejaría una adaptación por parte de Maduro y sus seguidores. En este escenario, el régimen podría sobrevivir instrumentalizando el discurso de la “agresión externa y la gestión cuidadosa de la escasez de divisas, endureciendo los controles”, para justificar medidas de emergencia, incluidas las concedidas bajo un decreto de “estado de shock externo” ya aprobado y listo para activarse en caso de agresión.
Naturalmente, es probable que Maduro utilice este discurso para caracterizar la disidencia como connivencia con potencias extranjeras.
En pararelo, el gobierno podría gestionar el riesgo de debilitamiento de la cohesión dentro de las fuerzas armadas mediante ejercicios militares, integración cívico-militar y control de los ingresos ilícitos, todo lo cual incrementa el costo de la disidencia militar y disimula las fisuras visibles dentro del alto mando.
La represión selectiva (no necesariamente masiva, ya que la lealtad no puede garantizarse por completo) y el control territorial de la logística clave (combustible, puertos, telecomunicaciones) pueden reducir la probabilidad de levantamientos a nivel nacional. Sin embargo, no pueden evitar brotes de violencia local por el colapso de los servicios o el agravamiento de los abusos.
Un empeoramiento de la situación económica reforzaría la represión. Venezuela ya ha suspendido un acuerdo de gas con Trinidad y Tobago sobre el yacimiento Dragón, lo que cortaría una fuente potencial de liquidez en divisas extranjeras no sancionadas, lo que restringiría aún más el flujo de caja del gobierno y forzaría intervenciones cambiarias costosas y menos eficientes.
En resumen, el régimen puede sobrevivir a la depreciación a corto plazo y a la represión con alto costo social a costa de una rápida y profunda erosión de los niveles de vida en Venezuela. Esto conduciría a un círculo vicioso de mayor presión social, represión más severa y una emigración cada vez más acelerada. La “implosión diferida” podría afianzar una autocracia que dependerá de la migración como válvula de escape.
El escenario de transición
El escenario de transición a corto plazo más plausible no implica una intervención militar extranjera que derroque directamente al gobierno. En cambio, la presión externa crea fisuras dentro del régimen, lo que conduce a una salida negociada de Maduro.
La experiencia histórica demuestra que cuando la presión internacional es coherente –focalizada y respaldada por una aplicación creíble de la ley– puede alterar el cálculo de costo-beneficio de las élites autoritarias de maneras que los actores nacionales por sí solos no pueden.
En 1994, por ejemplo, la combinación de la presión naval estadounidense, la diplomacia respaldada por la OEA y la amenaza creíble del restablecimiento del mandato democrático obligaron a los gobernantes militares de Haití a ceder el poder y permitir el regreso del presidente Jean-Bertrand Aristide, no porque fueran derrotados en el campo de batalla, sino porque el precio de mantenerse en el poder se volvió intolerable para los oficiales que sostenían el régimen.
En este escenario, Estados Unidos intensifica su presencia militar mediante el despliegue del USS Gerald Ford y realiza ataques en territorio venezolano, dirigidos a infraestructura vinculada con operaciones de narcotráfico, tal como lo ha previsto el presidente Donald Trump. Esto fortalecería la narrativa que vincula al gobierno venezolano con el narcotráfico regional, pero también desestabilizaría el sistema de recompensas que Maduro utiliza para mantener de su lado a figuras militares clave.
Esta desestabilización bien podría desencadenar realineamientos dentro del régimen, a medida que las facciones de élite se esfuercen por proteger su seguridad personal, su riqueza y otros privilegios.
Cuando la lealtad de suficientes figuras clave comience a flaquear, Maduro podría descubrir que la mejor manera de preservar su vida y su libertad es buscar una salida negociada con verificación multilateral y un proceso gradual de justicia transicional.
Un punto de inflexión
Supongamos que la presión externa persuade a Maduro o a sus aliados a buscar una salida negociada. En ese caso, es muy improbable que se produzca un conflicto social disruptivo, como enfrentamientos callejeros entre grandes facciones a favor y en contra de Maduro.
Todas las encuestas de opinión serias estiman que alrededor del 80% de los venezolanos se oponen al régimen, y solo alrededor del 20% se identifican como chavistas. Además, muchos de esos chavistas no apoyan a Maduro. La pequeña minoría que aún apoya a Maduro probablemente se mantendría al margen en lugar de incitar disturbios durante una transición negociada.
La concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado refuerza este escenario de transición al brindar legitimidad internacional a su liderazgo y a la lucha democrática de Venezuela. Esto, junto con garantías creíbles para la transición, hace que dicho proceso resulte más atractivo para las élites preocupadas por posibles repercusiones legales futuras.
A muy corto plazo, lo más probable es que nos enfrentemos a una trayectoria inducida, no a una invasión militar extranjera ni a un levantamiento civil. La alternativa es una autocratización aún mayor, con niveles de pobreza sin precedentes que pospondrán el colapso a costa de una mayor represión, más migración, erosión institucional y graves consecuencias humanitarias.
