By La incautación de buques con crudo venezolano marca un giro decisivo: el petróleo dejó de ser mercancía sancionada para convertirse en evidencia penal. En un país sin mandato democrático, con presos políticos y crímenes documentados, el comercio petrolero entra en una fase de asfixia judicial y logística.
La reciente incautación de tres buques que transportaban crudo venezolano no es un episodio operativo ni una demostración de fuerza aislada. Es un cambio de estatuto. El petróleo venezolano ha dejado de ser tratado como una mercancía sancionada para convertirse, ante tribunales federales de Estados Unidos, en evidencia de una actividad criminal organizada.
Ese desplazamiento —del terreno administrativo al penal— altera por completo el escenario. Ya no se trata de multas, advertencias o licencias revocables, sino de decomisos, procesos judiciales in rem y pérdida definitiva de activos. El mensaje implícito es inequívoco: quien participe en la movilización de crudo venezolano asume el riesgo de quedar absorbido por una causa penal que no distingue entre intermediarios ingenuos y facilitadores conscientes.
Desde el punto de vista jurídico, el andamiaje es conocido. La combinación de la IEEPA, las órdenes ejecutivas que designan al sector petrolero venezolano como propiedad bloqueada y las normas de confiscación civil permiten que un buque, su carga y su cadena de apoyo sean tratados como instrumentos de un delito. No es necesario probar intención política; basta con acreditar que facilitaron la evasión de sanciones vigentes. El juicio no se libra contra una persona, sino contra el objeto. Y en ese tipo de procesos, la defensa es costosa, lenta y con frecuencia infructuosa.
Las consecuencias logísticas son inmediatas y acumulativas. Un buque incautado queda fuera de operación durante meses o años; las aseguradoras se retiran; los clubes de protección e indemnización cancelan coberturas; los armadores descubren que el activo más caro de su balance puede desaparecer por completo. En ese contexto, el miedo no es una reacción emocional, sino una variable económica. Cada precedente eleva el costo del flete, reduce la flota disponible y estrecha los canales por los que aún circula el crudo venezolano.
El impacto alcanza también a quienes no toman decisiones comerciales: las tripulaciones. Retenidas como testigos materiales, atrapadas en procesos que no controlan y, en muchos casos, abandonadas por empresas de fachada, los marinos se convierten en el eslabón humano de una cadena ilícita que no diseñaron. Ese efecto colateral tiene una consecuencia estratégica clara: menos tripulantes dispuestos a embarcarse en rutas vinculadas a Venezuela, incluso con salarios inflados por el riesgo.
Todo esto ocurre en un contexto político que no puede ser omitido sin falsear la realidad. Nicolás Maduro perdió las elecciones presidenciales de 2024 y se ha negado a entregar el poder al presidente electo, Edmundo González Urrutia. Gobierna sin mandato democrático, sostiene su permanencia mediante represión sistemática y mantiene cerca de mil presos políticos. La Corte Penal Internacional conserva abierta —aunque en latencia— una investigación por crímenes de lesa humanidad ya documentados por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No se trata, por tanto, de un diferendo comercial entre Estados, sino de la financiación de una estructura de poder que ha vaciado las instituciones y clausurado la legalidad interna.
Desde esa perspectiva, la criminalización del petróleo no es un gesto moral ni una sanción más dura: es una recalificación política. Al tratar el crudo como instrumento de delito, Estados Unidos deja de interactuar con Venezuela como un Estado que incumple normas y pasa a hacerlo como una entidad capturada por una organización responsable de crímenes internacionales. El petróleo deja de ser una palanca de negociación y pasa a ser un vector probatorio.
El efecto final no es inmediato, pero sí estructural. Menos buques, menos seguros, más descuentos forzados y cuellos de botella logísticos reducen la capacidad exportadora y erosionan la principal fuente de divisas del régimen. No por colapso abrupto, sino por asfixia progresiva. Cada incautación no solo inmoviliza un barco: registra, en archivos judiciales, que el comercio petrolero venezolano se sostiene fuera de la legalidad internacional.
La cuestión de fondo no es si esta estrategia producirá un cambio político rápido. Es otra: el margen de maniobra se estrecha porque la ficción de normalidad se ha agotado. Cuando un barril deja de ser mercancía y pasa a ser evidencia, el problema ya no es el precio del petróleo, sino la naturaleza del poder que lo administra.
Cronología esencial
2018
Elecciones presidenciales sin garantías democráticas. Amplio desconocimiento internacional. Se consolida la ruptura del orden constitucional en Venezuela.
2019
Estados Unidos declara emergencia nacional respecto a Venezuela y activa sanciones amplias bajo la IEEPA. El sector petrolero pasa a ser considerado eje financiero del régimen.
2020–2022
La ONU, a través de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, documenta ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias como parte de un patrón sistemático.
La CIDH ratifica la existencia de crímenes de lesa humanidad.
2021
La Corte Penal Internacional abre formalmente el examen y luego la investigación conocida como Caso Venezuela I. El expediente queda abierto, pero sin avances sustantivos en imputaciones.
2023–2024
Se consolida una red de exportación petrolera opaca: buques con banderas de conveniencia, identidades falsas, transpondedores manipulados y aseguradoras opacas. Crece la llamada “flota fantasma”.
Julio 2024
Elecciones presidenciales. Nicolás Maduro pierde frente a Edmundo González Urrutia. El resultado es reconocido por amplios sectores internacionales. El poder no es entregado.
Segundo semestre 2024
Aumenta la represión interna. El número de presos políticos se aproxima al millar. Se clausura cualquier canal institucional de transición.
Primer semestre 2025
Estados Unidos amplía y endurece órdenes ejecutivas sobre el sector petrolero venezolano. Se refuerza la coordinación entre OFAC, el Departamento de Justicia y agencias marítimas.
Junio 2025
Primeras señales de cambio doctrinal: las multas y sanciones dejan de ser el centro. Se prioriza la trazabilidad física del crudo y de los activos que lo transportan.
11 de diciembre de 2025
Incautación del buque Skipper, cargado con crudo venezolano y operando bajo bandera falsa. Inicio visible de interdicciones físicas.
20 de diciembre de 2025
Incautación del tanquero Centuries, identificado como parte de la flota fantasma que evade sanciones.
21 de diciembre de 2025
Operación en curso contra el buque Bella 1, sancionado por la OFAC y operando bajo identidad alterada.
Diciembre 2025
El petróleo venezolano comienza a ser tratado en tribunales federales estadounidenses como instrumento de delito, sujeto a decomiso civil.
Las exportaciones entran en zona crítica por falta de buques, seguros y tripulaciones.
Nota bene
Esta cronología no describe una escalada repentina, sino una deriva acumulativa: del colapso electoral al aislamiento penal, de las sanciones administrativas a la criminalización material del comercio petrolero venezolano.
