By Human Rights Foundation advierte un conflicto de interés no revelado del ex asesor de Joe Biden para asuntos relacionados con América Latina.
La fundación defensora de los derechos humanos encontró que Juan González, el colombiano nacionalizado estadounidense que fue director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental en el pasado gobierno de Joe Biden. González, que recomendó la liberación de los narcosobrinos de Cilia Flores y del principal testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, ha recibido “incentivos financieros directamente relacionado con mantener el régimen dictatorial en Venezuela.
Human Rights considera que González tendría vínculos laborales o de coordinación con Hans Humes, presidente de Greylock Capital Management, firma que «lidera un comité de acreedores involucrado en la reestructuración de aproximadamente 9.000 millones de deuda soberana venezolana”. Un vínculo que generarían un incentivo directo para que González impulse posturas alineadas con la permanencia del régimen de Nicolás Maduro.
HRF señala que “en tal entorno, la continuidad autoritaria a menudo sirve a los intereses financieros de estos actores. Una dictadura puede negociar y comprometerse con términos de reestructuración sin supervisión legislativa, escrutinio judicial, revisión democrática o el riesgo de transparencia”.
La fundación supone que un eventual gobierno de transición podría revisar la legitimidad de ciertas deudas y pone en riesgo los beneficios de quienes poseen bonos adquiridos bajo esquemas irregulares.
El supuesto incentivo económico explicaría la línea argumental que González expone en espacios públicos a favor de un gobierno que está investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, como torturas, violencia sexual contra los presos políticos, desapariciones forzadas y asesinatos perpetrados por los cuerpos de seguridad civiles y militares.
Los “incentivos” recibidos por González ayudan a explicar por qué trabaja consistentemente para desacreditar a la oposición democrática de Venezuela, retratar cualquier transición lejos de Maduro como un escenario de caos inmanejable y argumentar que el único camino viable hacia adelante es negociar con el régimen mismo”. “La a narrativa de González preserva, legitima y defiende el sistema del cual se benefician sus pagadores”, subraya.
La ONG solicita a la periodista y entrevista de CNN International, Christiane Amanpour, que aclare si González “divulgó cualquier relación financiera, laboral, de consultoría o fiduciaria con Humes, de Greylock Capital, o cualquier entidad que represente a tenedores de deuda soberana venezolana”, y si esa información fue considerada durante la preparación editorial de la reiteradas y apariciones sospechosas apariciones de González en ese medio noticioso.
La fundación quiere saber si CNN evaluará medidas correctivas, como una nota aclaratoria o un aviso público, en caso de que el posible conflicto de interés no haya sido revelado. HRF reiteró que su intención es “proteger la integridad de su programa, una plataforma vital para los valores democráticos”, y evitar que sea utilizada por personas “cuyos incentivos financieros se alinean con el mantenimiento de una estructura de poder autoritaria y violadora de los derechos humanos como ha sido constatado por la OEA y la ONU”.
González cuestiona despliegue militar en el Caribe
El 3 de septiembre, el exfuncionario de Biden cuestionó públicamente la operación militar desplegada por Estados Unidos en el Caribe y los ataques contra embarcaciones que transportan drogas. Afirmó que «el ataque militar de Estados Unidos contra un supuesto buque narcotraficante venezolano planteaba serias preocupaciones. Incluso manifestó que “la acción es cuestionable desde el punto de vista jurídico, tanto en virtud del derecho estadounidense como del internacional”. Esa posición ha sido un tema muy recurrente en sus redes sociales.
Recientemente, criticó uno de los bombardeos por considerar que el número de personas a bordo de una de las embarcaciones atacadas no correspondía con los patrones habituales de tráfico de drogas y dijo que ese tipo de lucha contra el narcotráfico era antinorteamericano
El 5 de octubre, González también respondió unas declaraciones de Juan Guaidó que aseguraban que las negociaciones entre el gobierno de Bien y el régimen de Maduro se llevaron a cabo sin conocimiento de la oposición venezolana. Gonzalez de manera mal intencionada argumentó que “nadie negoció a espaldas de la oposición. Nos preparamos para cada ronda de negociaciones con la Plataforma Unitaria y coordinamos con ellos después de cada ronda”. Tales señalamientos de González pretenden fragmentar lo oposición y menoscabar los esfuerzos del presidente Trump para aumentar la presión sobre Maduro.
González fue durante tres años director principal para el Hemisferio Occidental y el principal arquitecto y portavoz de la política latinoamericana de Joe Biden. Antes había trabajado con Barack Obama en el diseño de un compromiso de Estados Unidos con la región. En marzo fue relevado por Daniel Erikson y desde entonces no ha ocultado su responsabilidad en impulsar el acercamiento de Washington con Nicolás Maduro, sancionado por EE UU, tras las elecciones de 2018, que fueron consideradas por más de 60 paíse como fraudulentas.
González declaró en septiembre que no hay una evidencia concreta del rol de Maduro como jefe de un cartel, igualmente hizo un llamamiento para que Washington y Caracas entablen vías para el diálogo, como si no supiera que el resultado del diálogo celebrado el Barbados terminó en el desconocimiento de Maduro de los resultados electorales del 28 de julio de 2024.
Bajo investigación
Fuentes cercanas a una investigación federal en curso aseguran que Juan Sebastián González, quien hasta marzo de 2024 se desempeñó como director principal para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, habría recibido pagos procedentes del entorno de Nicolás Maduro mientras ocupaba ese cargo de máxima sensibilidad en seguridad nacional.
De confirmarse, el caso constituiría uno de los escándalos de corrupción extranjera más graves en la historia reciente de la administración estadounidense, al involucrar a un funcionario con acceso directo al presidente y responsable de diseñar la política hacia Venezuela.Según documentos filtrados y testimonios preliminares a los que tuvo acceso este medio, los pagos habrían tenido como objetivo que González suavizara la postura de Washington contra el régimen chavista y promoviera internamente el levantamiento o flexibilización de sanciones.
Posibles cargos y penas que enfrentaría
Fiscales federales evalúan imputar al exfuncionario bajo varios estatutos penales graves:
- Soborno de funcionario público (18 U.S.C. § 201): hasta 15 años de prisión y multa de tres veces el monto recibido.
- Violación intencional de sanciones OFAC contra Venezuela: hasta 20 años de cárcel y multa de hasta un millón de dólares por transacción.
- No registrarse como agente extranjero (FARA): hasta 5 años de prisión.
- Conflicto de intereses y conspiración: penas adicionales acumulables.
Una fuente del Departamento de Justicia, que pidió mantener el anonimato señaló: “Si se prueba que un alto cargo del Consejo de Seguridad Nacional aceptó dinero de un gobierno sancionado para influir en la política exterior, estaríamos ante un caso de corrupción con implicaciones de seguridad nacional”.Hasta el momento, ni Juan González ni su equipo legal han respondido a las solicitudes de comentario. El FBI y la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia habrían abierto una investigación formal hace varios meses.El caso recuerda los precedentes de Paul Manafort y otros exfuncionarios condenados por recibir pagos de gobiernos extranjeros sin declararlos, y podría derivar en la primera condena mayor por soborno vinculado directamente al régimen de Nicolás Maduro.
