By Arcadia Foundation, luego de los acontecimientos ocurridos en Venezuela exhorta, sin ambigüedades, a restaurar lo antes posible las condiciones humanas elementales de la población.
En un pronunciamiento público alto voltaje político y jurídico, Arcadia Foundation dirigió una comunicación formal al secretario de Estado Marco Rubio, para fijar una posición inequívoca ante los acontecimientos ocurridos en Venezuela y para trazar, sin ambigüedades, lo que denomina “condiciones humanas elementales” que deben imponerse si se pretende que el “día después” sea algo más que un relevo superficial.
La carta, firmada por Robert Carmona-Borjas, CEO y cofundador de la organización con sede en Washington, se sostiene sobre una premisa central: si el Gobierno estadounidense afirma haber desmantelado el vértice de un aparato criminal, entonces resulta moral y políticamente inadmisible que la maquinaria de coerción interna continúe operando, con ciudadanos detenidos por razones políticas y con el país sometido a un cerco informativo que impide incluso nombrar el horror en voz alta.
El documento parte del contexto expuesto por la Casa Blanca: la ejecución de la operación “Resolución Absoluta” y la confirmación pública de la custodia de Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores bajo jurisdicción estadounidense, con un proceso penal en curso en el Distrito Sur de Nueva York. Pero la carta no se detiene en el gesto triunfal ni en la épica del operativo. Lo que hace es desplazar el centro de gravedad hacia aquello que, a juicio de Arcadia, define la legitimidad real de una transición: la suerte de quienes fueron convertidos en rehenes políticos del régimen y la restitución inmediata del derecho colectivo a estar informado.
Con un lenguaje sin concesiones, Arcadia advierte que el tiempo corre y que el estándar del “día después” no puede quedar en manos de interpretaciones complacientes. Describe la estructura dejada por Maduro como un sistema de coerción cimentado en desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, incomunicación y censura, y sostiene que ese engranaje permanece activo. En ese marco, la organización formula dos exigencias que, en su planteamiento, no admiten gradualismos:
La liberación inmediata, plena y sin condicionamientos de todos los presos políticos —incluidos aquellos en condición de desaparición forzada o incomunicación— con verificación independiente; y el cese inmediato del cerco informativo, mediante el levantamiento de la censura, el restablecimiento de señales y el fin de bloqueos administrativos que, por vías de facto, restringen el derecho de los venezolanos a informarse.
La carta enfatiza que estas condiciones no son adorno ni pie de página: son la piedra de toque de cualquier transición “defendible ante la historia”. El razonamiento es deliberadamente frontal: si se sostiene que el poder depuesto operaba como un narco-Estado con proyección transnacional, apoyado en investigaciones, trazabilidad financiera e imputaciones penales, entonces el primer acto coherente no puede ser protocolario ni retórico, sino material: desactivar la “maquinaria de rehenes políticos” utilizada para disciplinar a la sociedad.
Y si, además, se pretende justificar el giro de hoy bajo el principio de la Responsabilidad de Proteger, el estándar se vuelve todavía más inexorable: cuando un Estado ha fallado de manera manifiesta en su deber de proteger a su población frente a crímenes graves —o ha convertido sus instituciones en instrumentos de persecución—, la continuidad de desapariciones forzadas, incomunicación y censura resulta incompatible con cualquier pretensión de ruptura. Arcadia, en otras palabras, pretende fijar una línea roja: no basta con desplazar a la cúpula; la represión cotidiana —la que se expresa en calabozos, incomunicación y censura— debe cesar de inmediato, o cualquier promesa de transición corre el riesgo de ser continuidad con otro rostro.
Uno de los pasajes más sensibles del pronunciamiento se concentra en el debate que ya asoma en el espacio público la organización Foro Penal sobre la conveniencia de una “amnistía general” como gesto para facilitar la transición. Arcadia rechaza ese marco conceptual con una contundencia que apunta tanto a la ética como al derecho. Sostiene que hablar de amnistía implica, por su propia naturaleza, presuponer infracciones imputables; y que ese lenguaje degrada a las víctimas al insinuar que la libertad sería una concesión indulgente, y no el remedio inmediato frente a detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. La organización afirma que lo que corresponde no es “amnistiar”, sino liberar, investigar y reparar, porque hay realidades que no se resuelven con clemencia política sino con restitución de derechos y con verdad verificable.
El texto culmina con un mensaje de presión diplomática claramente diseñado para activar resortes en Washington. Arcadia sostiene que el Departamento de Estado dispone hoy de una palanca que no existía ayer: la capacidad real de condicionar reconocimiento político, alivio económico e interlocución internacional al cumplimiento verificable —y de efecto inmediato— de estándares de derechos humanos. La conclusión factual, expresada sin ceremonial, es tan simple como dura: sin libertad de presos políticos y sin libertad de prensa, no hay transición; hay continuidad.
Se adjunta el enlace a la comunicación pública de Arcadia Foundation:
