By Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra, tesistas de la Escuela de Arte de la UCV y productores audiovisuales fueron detenidos en las inmediaciones del Centro Penitenciario Aragua, Tocorón y fueron liberados el lunes.
Desde el viernes, cuando fueron detenidos por una comisión del Sebin, hasta el lunes siguiente se desconoció el paradero del grupo de cineastas que realizan labores de preproducción para un cortometraje de ficción, su trabajo especial de grado en la Escuela de Arte de la UCV. Haber tomado una fotografía de la fachada del penal motivó la custodia perimetral los retuviera durante seis horas porque “iban a ser entrevistados”. Sin embargo, transcurridas seis horas se presentó en el lugar una comisión del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) que se los llevó.
Noel Cisneros, Katiuska Castillo, Ingrid Briceño y Marcela Hernández fueron liberados el lunes 3 de noviembre. El coordinador general de la ONG Provea, Óscar Murillo, dijo que la detención del grupo configura un patrón de censura sin precedentes y grave. “Desde el Estado se pretende silenciar las voces críticas, las voces académicas, el arte. Una manera de restringir el libre pensamiento y el flujo de las ideas”, afirmó.
El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales dijo que “la presión nacional e internacional logró que Noel, Ingrid, Katiuska y Marcela fuesen liberados y ahora estén con sus familiares y amigos”.
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) condenó “enérgicamente la detención arbitraria” de los cineastas y exigió “una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre los hechos con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales”. El abogado Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, destacó “el valor de la denuncia, de no callar ante la arbitrariedad”.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció el aumento de las detenciones en Venezuela “sin información pública suficiente” de los casos. “La ciudadanía vive en una situación de inseguridad jurídica y angustia prolongada debido la opacidad de los procedimientos policiales y a la negación del acceso a asistencia legal. Un hecho incompatible con cualquier Estado que se reclame democrático y respetuoso de los derechos humanos”, añadió.
La Constitución y los tratados internacionales obligan al gobierno de Venezuela a garantizar información inmediata y veraz sobre toda persona detenida, así como permitir el acceso irrestricto a abogados y comunicación con familiares. “Cada detención arbitraria erosiona aún más el Estado de Derecho y perpetúa la impunidad”, asentó.
Explicó que el Estado no suministra información pública suficiente sobre las causas de las detenciones ni sobre el paradero de las víctimas. Asimismo, a los familiares se les ha negado información esencial y el acceso a abogados o representantes de confianza, una violación directa del derecho a la libertad personal y al debido proceso.
“Estamos ante un patrón de desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias, prohibidas expresamente por el derecho nacional e internacional”, advirtió la organización.
La ONG exhortó a la comunidad internacional a mantener vigilancia sobre la situación de derechos humanos en Venezuela
