By El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, proclamó este domingo el fin de la alternancia democrática al asegurar que “aquí no volverá a haber elecciones” para que la oposición no pueda “atrapar el Gobierno”.
El anuncio lo realizó durante el acto central por el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, celebrado en la Plaza de la Fe en Managua. Tras 61 días sin aparecer en público, Ortega fue claro: “No volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.
En su discurso, el mandatario anunció que impulsará un “muro” de leyes en la Asamblea Nacional —controlada por el oficialismo— para impedir el retorno al poder de lo que llamó “golpistas”, “traidores” y “partidos montados por los Yankees”.
“Vamos a trabajar con la Asamblea Nacional y cumplir nuestras responsabilidades aprobando leyes para construir un muro, una barrera, contra los golpistas y los traidores, para que por más dinero que les den los Yankees, nunca puedan volver al Gobierno”, afirmó.
Fin explícito de la alternancia
La declaración de Ortega sepulta cualquier posibilidad de procesos electorales competitivos. Aunque la reforma constitucional de 2025 extendió el período presidencial a seis años y pospuso las próximas elecciones generales a noviembre de 2027, el gobernante ha descartado de facto esa vía.
Nicaragua vive bajo un régimen de partido único de facto desde hace años, con persecución sistemática a la oposición, cierre de miles de ONG, medios independientes y restricciones severas a la Iglesia católica. En los últimos días, el régimen también ejecutó una purga masiva que eliminó del registro judicial a más de 2.000 abogados sin previo aviso ni proceso.
Reacciones y contexto internacional
La comunidad internacional ha calificado reiteradamente el gobierno de Ortega-Murillo como una dictadura. Organismos como la OEA, la ONU y gobiernos de Estados Unidos y Europa han exigido la restauración de la democracia y han aplicado sanciones a funcionarios del régimen por violaciones a los derechos humanos.
Organizaciones de derechos humanos documentan detenciones arbitrarias, exilios forzados, despojos de nacionalidad y un control total de los poderes del Estado tras la reforma constitucional de enero de 2025, que convirtió a Rosario Murillo en “copresidenta” y eliminó el equilibrio de poderes.
La oposición en el exilio y los organismos multilaterales consideran que estas declaraciones confirman el carácter totalitario del régimen Ortega-Murillo, que gobierna Nicaragua desde 2007.
