By La crisis humanitaria, social y de gobernabilidad en Venezuela ha escalado de manera alarmante a casi un mes del devastador Terremoto Doblete del 24 de Junio de 2026. Los dos potentes sismos sucesivos de magnitud 7,2 y 7,5 expusieron el grave colapso de la infraestructura nacional y han agudizado las denuncias de opacidad, control social y persecución contra la sociedad civil organizada.
Balance oficial en aumento y colapso estructural
El impacto directo de la catástrofe sigue sumando víctimas en las regiones más golpeadas, incluyendo La Guaira, Caracas, Miranda, Carabobo y Yaracuy. De acuerdo con el reporte oficial más reciente, la cifra de víctimas mortales Sube a 5,278 según la Asamblea Nacional de Venezuela. El informe parlamentario detalla que el número de heridos se mantiene en 16,740, mientras que al menos 856 edificios resultaron severamente afectados y 190 colapsaron por completo.
La magnitud del desastre golpeó a un país sumido en una profunda y preexistente crisis socioeconómica. Las operaciones de búsqueda continúan de manera precaria entre las más de 1,300 réplicas registradas, forzando el despliegue de más de 100 campamentos temporales administrados por las autoridades para albergar a los miles de damnificados.
Exigencia global: Los derechos humanos deben guiar la emergencia
El manejo estatal de la catástrofe ha encendido las alarmas de los organismos internacionales dedicados a velar por los derechos fundamentales. Ante las denuncias de lentitud institucional y el uso de filtros burocráticos para regular las donaciones, el movimiento global Amnistía Internacional instó al Estado venezolano a priorizar un enfoque basado en los derechos humanos durante la distribución de ayuda. El organismo remarcó la importancia de garantizar el acceso transparente e imparcial a servicios esenciales como salud, agua potable y alimentación para las poblaciones vulnerables, sin discriminación política ni condicionamientos sociales.
Por su parte, organizaciones enfocadas en el monitoreo político y social de la región, tales como la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), recordaron que este sismo ocurre en un contexto previo de erosión democrática e hiperinflación estructural. La persecución sistemática y el control informativo restringen severamente la capacidad de los ciudadanos para organizarse libremente o denunciar la verdadera extensión de la tragedia en el terreno.
Solicitud de la ONU: Frenar el asedio a las ONG
Ante la insuficiencia de los equipos de respuesta del Estado, las redes vecinales y las agrupaciones civiles independientes han asumido tareas críticas de rescate, entrega de insumos médicos y alimentación. Sin embargo, se enfrentan a severas restricciones gubernamentales.
A través de un canal informativo oficial, expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigieron formalmente al gobierno venezolano eliminar las trabas legales, administrativas y bancarias impuestas sobre las ONG. Los relatores destacaron que criminalizar o entorpecer el accionar de la sociedad civil obstaculiza directamente la llegada de suministros vitales a las comunidades aisladas, profundizando la vulnerabilidad y el sufrimiento de los sobrevivientes.
