By Venezuela, la inacción internacional y el quiebre entre gobiernos y sociedades
Venezuela colapsó cuando la soberanía dejó de funcionar como límite al poder y pasó a funcionar como su principal blindaje. Cada uno de los pasos que condujeron a ese punto fue presentado como una decisión interna, formalmente legal, protegida de cualquier cuestionamiento externo precisamente por su carácter soberano. El quiebre fue institucional.
A finales de los años noventa, el poder dejó de concebirse como representación y empezó a administrarse como botín. La Asamblea Constituyente de 1999 marcó ese desplazamiento: convocada con reglas diseñadas para sobrerrepresentar a una minoría organizada, permitió que un movimiento con una fracción de los votos se apropiara casi por completo del poder constituyente. La soberanía popular no fue abolida; fue vaciada mediante procedimientos que conservaban su apariencia legal.
A partir de ese precedente, cada elección, cada reforma y cada conflicto quedó encapsulado en la misma fórmula: asunto interno, competencia soberana, inadmisible interferencia externa. La manipulación del árbitro electoral, la colonización de los poderes públicos, la inhabilitación sistemática de opositores y la persecución política no fueron negadas del todo; fueron normalizadas bajo el amparo de la soberanía.
Con el tiempo, la frontera dejó de proteger a los ciudadanos y empezó a proteger al sistema. La soberanía ya no operaba como defensa frente a abusos externos, sino como muro frente a cualquier forma de rendición de cuentas. La emigración masiva, la degradación del Estado de derecho y la violencia selectiva no se leyeron como síntomas de captura institucional, sino como efectos secundarios de un conflicto político prolongado.
La emigración masiva, la degradación del Estado de derecho y la violencia selectiva no se leyeron como síntomas de captura institucional, sino como efectos secundarios de un conflicto político prolongado.
La OEA y la institucionalización de la retórica
Durante ese mismo período, la Organización de Estados Americanos fue acumulando diagnósticos sin consecuencias. Informes, misiones de observación, resoluciones cuidadosamente redactadas: todo un aparato técnico diseñado para registrar desviaciones sin intervenir sobre ellas. Venezuela no fue una excepción; fue el caso que reveló el límite del sistema.
La Carta Democrática Interamericana, aprobada en 2001, establecía un principio claro: la soberanía no podía ser invocada como excusa para violar el orden democrático. No se trataba de una innovación radical, sino de una corrección histórica: reconocer que las elecciones podían ser manipuladas desde dentro y que la democracia no se agotaba en el acto de votar.
Sin embargo, ese principio quedó atrapado en un problema de diseño político. La aplicación de la Carta dependía de los mismos gobiernos que podían beneficiarse de su inacción. La OEA no era un árbitro externo; era un club de presidentes. Cada intento de activar mecanismos más duros chocaba con vetos cruzados, afinidades ideológicas o simples cálculos de supervivencia política.
El precedente fue elocuente. La Carta solo se aplicó con efectos reales en un caso: el de Alberto Fujimori, cuando ya había perdido aliados y margen regional. En Venezuela, en cambio, la erosión democrática avanzó sin activar sanciones equivalentes. No por falta de evidencia, sino por exceso de cautela.
Con la consolidación del llamado socialismo del siglo XXI, la vieja coartada cubana regresó al centro del discurso regional. La soberanía volvió a presentarse como valor absoluto y la no intervención como prueba de madurez democrática. Bajo ese marco, no solo se rechazó la intervención militar: se comenzó a denunciar como ilegítima cualquier forma de presión política, económica, cultural o informativa.
El resultado fue una paradoja sostenida en el tiempo. Una organización creada para defender la democracia terminó validando, por omisión, procesos que la vaciaban de contenido. La retórica se volvió sustituto de la acción. La preocupación reemplazó a la decisión. Y la soberanía, concebida para proteger a las sociedades, pasó a funcionar como escudo de gobiernos que ya no las representaban.
Cuando las sociedades dejaron de creerle al Estado
En Venezuela, el quiebre no se produjo en un solo momento ni respondió a una consigna. Fue el resultado de una acumulación silenciosa de experiencias que alteraron la relación entre la sociedad y el Estado. Muchos ciudadanos aceptaron –o toleraron– la degradación institucional bajo la promesa de estabilidad, redistribución o soberanía frente a amenazas externas. Esa ecuación se rompió cuando el Estado dejó de cumplir incluso sus funciones elementales.
La pérdida no fue solo material. Fue política. Votar dejó de ser un mecanismo de alternancia y pasó a ser un ritual administrado. Las instituciones dejaron de actuar como contrapesos y comenzaron a operar como extensiones del poder. La ley ya no ordenaba el conflicto: lo clausuraba. En ese contexto, la soberanía dejó de percibirse como una garantía colectiva y empezó a sentirse como una abstracción ajena, invocada desde arriba.
El éxodo masivo convirtió esa intuición en certeza. Millones de venezolanos cruzaron fronteras no solo por razones económicas, sino porque habían perdido cualquier expectativa de corrección interna. El Estado que decía defender la soberanía nacional no podía –o no quería– proteger la soberanía de sus propios ciudadanos. En el exilio, esa experiencia adquirió una dimensión comparativa: la diferencia entre vivir bajo un Estado capturado y vivir bajo instituciones imperfectas pero funcionales.
Ese aprendizaje no quedó confinado a Venezuela. Se volvió visible en la región. Las sociedades comenzaron a reconocer patrones que antes se presentaban como excepciones: elecciones que no resolvían nada, constituciones reescritas para eternizar proyectos, discursos antiimperialistas utilizados para justificar el control interno. Lo que antes se aceptaba como particularidad nacional empezó a leerse como una forma recurrente de captura del poder.
En ese contexto debe leerse el dato que hoy incomoda a gobiernos y diplomacias. Cuando una mayoría regional expresa respaldo a la captura de Nicolás Maduro, no está celebrando la intervención externa ni reclamando tutelas militares. Está expresando algo más limitado y más preciso: el rechazo a que la soberanía siga siendo utilizada como blindaje de un régimen que, a ojos de millones de ciudadanos, dejó de representar a la nación.
La encuesta no inaugura ese cambio; lo registra. Funciona como termómetro, no como motor. Confirma que el aprendizaje social ya ocurrió y que la distancia entre gobiernos y sociedades se ha ampliado hasta convertirse en una brecha política. Mientras los Estados siguen hablando en nombre de una soberanía abstracta, las sociedades han llegado a una conclusión pragmática: cuando el poder se convierte en botín, la soberanía solo puede resguardarse desde abajo.
El eco europeo
América Latina ha sido tratada como un laboratorio de anomalías democráticas. Europa observaba desde la distancia, convencida de que sus instituciones y tradiciones políticas la protegían de derivas similares. Esa seguridad empezó a erosionarse cuando algunos patrones antes asociados al sur global comenzaron a reaparecer, con otros nombres y bajo otras formas, en democracias consolidadas.
España ofrece un ejemplo incómodo. No porque sea equivalente a Venezuela, sino porque muestra una lógica reconocible: gobiernos que se sostienen sin una mayoría electoral clara, pactos de supervivencia presentados como virtud institucional y una progresiva disociación entre legalidad formal y legitimidad política. La investidura no se apoyó en un mandato mayoritario, sino en acuerdos con fuerzas cuyo objetivo declarado era debilitar el propio Estado.
El lenguaje fue decisivo. Lo que en otros contextos se habría descrito como anomalía democrática se normalizó como gobernabilidad. Las objeciones se despacharon como ruido polarizado. Las reglas se estiraron sin romperse, precisamente para conservar la apariencia de normalidad. El resultado no fue una ruptura del orden constitucional, sino algo más difícil de detectar: el vaciamiento progresivo del principio representativo.
No es idéntico al venezolano, pero el fenómeno comparte un rasgo esencial: la soberanía deja de entenderse como expresión directa de la voluntad popular y pasa a administrarse como un recurso de élite. La frontera ya no separa lo interno de lo externo; separa a los ciudadanos de las decisiones que se toman en su nombre.
Europa todavía dispone de contrapesos institucionales que América Latina perdió antes. Pero el paralelismo inquieta, demuestra que la erosión democrática no comienza con tanques ni con golpes, sino con consensos tácticos, legitimados por la urgencia y protegidos por el lenguaje de la estabilidad.
El mito de la excepcionalidad europea se resquebraja cuando las sociedades empiezan a reconocer que la soberanía también puede ser usada contra ellas en sistemas que se proclaman plenamente democráticos. Ese reconocimiento aún es incipiente, pero apunta en la misma dirección que el aprendizaje latinoamericano: la soberanía no es un fetiche jurídico, sino una relación viva entre ciudadanía y poder.
Instituciones sin consecuencias
El problema no es la ausencia de normas, sino su ineficacia. La Carta Democrática Interamericana fue concebida para evitar precisamente lo que ocurrió en Venezuela: que la legalidad electoral se usara para vaciar la democracia desde dentro. Dos décadas después, su balance es elocuente por lo que no hizo.
La Carta estableció principios ambiciosos, pero los subordinó a un mecanismo político que los neutralizó. Su activación quedó en manos de los mismos gobiernos que podían verse reflejados en el espejo venezolano. El resultado fue una práctica previsible: declaraciones, misiones exploratorias, llamados al diálogo y ninguna consecuencia automática. La norma existía; la voluntad de aplicarla, no.
El contraste con el único antecedente de aplicación efectiva –el caso Fujimori– expuso la regla no escrita del sistema: la democracia se defiende cuando el costo político es bajo y se posterga cuando amenaza equilibrios regionales. Venezuela quedó atrapada en esa zona gris donde la preocupación sustituye a la acción.
La Corte Penal Internacional añadió otra capa de dilación. El caso Venezuela I fue abierto hace casi una década. Desde entonces, se han acumulado informes, testimonios y misiones técnicas. Aún no hay sentencias. La lentitud procesal ha tenido un efecto político claro: reforzar la percepción de impunidad.
Para las sociedades afectadas, la distinción entre prudencia legal e inacción se volvió irrelevante. Lo que quedó a la vista fue una arquitectura internacional incapaz de traducir violaciones sistemáticas en responsabilidades personales. La soberanía siguió operando como escudo mientras las instituciones encargadas de perforarlo avanzaban a un ritmo incompatible con la magnitud del daño.
Este desfase –normas sin consecuencias, procesos sin desenlace– alimentó el escepticismo social y amplió la brecha entre gobiernos y ciudadanos. No porque las sociedades esperaran soluciones milagrosas, sino porque aprendieron que, sin costos reales, la retórica democrática es indistinguible de la complicidad.
Cuando la soberanía deja de proteger la democracia
La pregunta ya no es si la intervención externa es deseable. Tampoco si la soberanía debe ser respetada. Ambas cosas siguen siendo principios válidos. El problema comienza cuando esos principios se convierten en coartadas para la preservación de gobiernos que han dejado de representar a sus ciudadanos.
Las experiencias acumuladas en Venezuela –y observadas con atención en el resto de la región– han producido un desplazamiento silencioso pero profundo. Las sociedades no han abandonado la desconfianza hacia el intervencionismo. Lo que han abandonado es la idea de que la soberanía estatal sea, por definición, sinónimo de soberanía popular.
Ese desplazamiento tiene consecuencias prácticas. Obliga a replantear el reconocimiento automático de gobiernos surgidos de procesos electorales vaciados de competencia real. Cuestiona la lógica de las relaciones internacionales que privilegia la estabilidad formal sobre la legitimidad democrática. Y expone la insuficiencia de un sistema que reacciona con declaraciones cuando lo que está en juego es la captura del Estado como estructura permanente.
No se trata de reemplazar la no intervención por la intervención, sino de introducir un criterio que hasta ahora ha sido evitado: la responsabilidad frente a sociedades cuyos derechos soberanos han sido usurpados por quienes gobiernan en su nombre. Sin ese criterio, la defensa de la soberanía se convierte en un ejercicio retórico que protege al poder y abandona a los ciudadanos.
Lo que está en disputa no es una doctrina internacional, sino algo más elemental. Cuando un Estado deja de ser instrumento de representación y pasa a ser botín, la soberanía no desaparece: cambia de manos. Las sociedades lo han entendido antes que los gobiernos y antes que las instituciones multilaterales.
Ese desfase explica por qué, frente a Venezuela, el consenso social avanza más rápido que el consenso diplomático. Y por qué la retórica de la preocupación ya no alcanza. No porque las sociedades reclamen tutelas externas, sino porque han aprendido –a un costo alto– que la soberanía solo cumple su función democrática cuando protege a quienes la ejercen, no a quienes la invocan.
La soberanía no perdió vigencia; perdió inocencia.
Venezuela mostró que puede ser vaciada desde dentro sin que ningún ejército cruce una frontera.
Las sociedades han aprendido más rápido que sus gobiernos. Cuando el Estado se convierte en botín, la soberanía no desaparece: cambia de manos.
