By El derecho no es un sistema de proposiciones sino un conjunto de expectativas, una disciplina de moderación, un vocabulario público mediante el cual el poder se explica las normas de convivencia. Cuando la experiencia se vuelve intolerable, el vocabulario se ajusta o revela su verdadera función: no restringir la realidad, sino dignificar la negativa a confrontarla.
Hubo una época en que una puerta cerrada tenía un prestigio casi absoluto: el hogar se consideraba territorio inviolable, incluso cuando una calle entera olía a humo. La vida civil aprendió –a veces a través de repetidas tragedias– que ciertas señales convierten la prudencia en deber. Cuando alguien grita “¡fuego!” y las señales son verificables, no se le pide a la casa que “autorice” el rescate: se actúa para confirmar y contener, porque el daño no se queda dentro de los muros.
La regla no se rompe por capricho; se reordena por una razón superior: la prevención de un daño grave e inminente. A partir de ese momento, “no puedo entrar; es un asunto interno” deja de sonar a respeto y empieza a ser desidia.
El derecho internacional se encuentra bajo una presión similar. El orden anterior se redactó para un mundo que podía reclamar distancia de forma plausible, un mundo en el que la opacidad permitía que la crueldad permaneciera local y la soberanía podía considerarse una frontera estable entre la preocupación y la indiferencia. Pero el mundo moderno es menos tolerante con la invisibilidad. La evidencia viaja. El testimonio circula.
Se pueden reconstruir patrones a partir de fragmentos que antes se habrían desvanecido en el miedo. En un clima así, las normas no solo rigen la conducta; también anuncian lo que el mundo está dispuesto a considerar real. Cuando la realidad se vuelve legible, la evasión se hace más evidente. Y el lenguaje que antes sonaba a principios puede empezar a sonar como una coartada.
El derecho internacional cambia como cambia la costa: no por decreto, ni en un instante esclarecedor, sino por la insistencia constante de fuerzas que no buscan permiso. El jurista que espera revoluciones por puro argumento confunde el medio en el que existe el derecho. El derecho no es un sistema de proposiciones sino un conjunto de expectativas, una disciplina de moderación, un vocabulario público mediante el cual el poder se explica las normas de convivencia. Cuando la experiencia se vuelve intolerable, el vocabulario se ajusta o revela su verdadera función: no restringir la realidad, sino dignificar la negativa a confrontarla.
Durante gran parte de la era moderna, el orden internacional ofreció una promesa modesta y, en su modestia, honorable: reducir las ocasiones de conflicto considerando la soberanía una premisa primordial. El Estado era la unidad que importaba. El consentimiento era el método que lo delimitaba. El territorio era el límite de la preocupación legítima. El impulso moral tras esa arquitectura no era el desprecio por las personas, sino el miedo a la conquista. Si se dificultaba la intervención, la depredación podía ser menos frecuente. Si se construían reglas en torno a la moderación, la paz podía protegerse del apetito del más fuerte.
Sin embargo, una doctrina puede ser defendible en su origen y aun así volverse peligrosa en su uso. La soberanía, invocada con la solemnidad de una palabra sagrada, puede dejar de ser protección para convertirse en ocultación. Puede convertir el interior de un país en una cámara donde las heridas que desfiguran la vida humana se tratan como detalles administrativos. Bajo ese manto, el sufrimiento no se niega; se reclasifica. Se convierte en un “asunto interno”, una frase que con demasiada frecuencia funciona menos como descripción que como absolución para quienes prefieren no mirar demasiado de cerca.
Así es como fallan los paradigmas: no por refutación, sino por conveniencia. Se puede denunciar el abuso en términos generales, elogiar la dignidad humana en un lenguaje abstracto y aun así preservar la comodidad de la inacción. Se puede expresar preocupación mientras se posterga la responsabilidad. Se emiten declaraciones, se compilan hallazgos, se repiten palabras solemnes con la confianza de un ritual. Prolifera un vocabulario de condena mientras la maquinaria del daño permanece en su lugar. La brecha entre la norma y la realidad vivida se expande hasta que se traga la credibilidad; y una vez tragada la credibilidad, la ley no permanece neutral. Se convierte en parte del paisaje de la impunidad, una forma refinada de decir que lo que todos saben no importará, por ahora.
El cambio comienza con una observación demasiado simple como para que la elegancia jurídica la disuelva. El dolor no respeta la teoría jurisdiccional. Cruza fronteras a través de los cuerpos y la memoria. Cruza la huida, el exilio y la silenciosa erosión de sociedades enteras. Cruza las largas secuelas de la violencia institucionalizada, que reconfigura familias, escuelas, economías y la vida interior de un pueblo mucho después de que haya terminado el último acto visible. Un orden que insiste en confinar el sufrimiento al lugar donde ocurre se ve finalmente obligado a afrontarlo de otras formas: desplazamiento, inestabilidad, redes transnacionales de explotación, instituciones desmoronadas y la lenta corrosión de la idea de que las reglas son algo más que una escenografía.
Esto no es un argumento a favor de eslóganes. Es una reivindicación estructural. Un orden que basa su legitimidad en la protección de la paz no puede pretender que ciertas catástrofes internas sean privadas. Cuando el abuso es sostenido, sistemático y protegido por el mismo aparato diseñado para contenerlo, se convierte en un fenómeno con consecuencias que trascienden cualquier frontera. Provoca repercusiones hasta alcanzar a quienes alguna vez se imaginaron a salvo fuera del drama. El paradigma anterior, construido para un mundo de estados relativamente coherentes y separaciones relativamente claras, se ve sometido a tensiones bajo realidades que no fue diseñado para gestionar, y entonces empieza a sonar como un catecismo recitado sobre ruinas.
En el corazón de la transformación moderna se encuentra una inversión de énfasis. El Estado sigue siendo indispensable; sigue siendo el actor principal, el principal responsable de la obligación, el centro de la ejecución. Pero ya no es moralmente suficiente. La persona pasa del margen al centro. La pregunta deja de ser solo qué pueden hacer los Estados entre sí y se convierte, con creciente insistencia, en qué puede hacer la autoridad a quienes están sujetos a ella. Este cambio no es nuevo en esencia, pero ha cobrado urgencia porque el mundo es menos tolerante con la invisibilidad. La evidencia viaja. El testimonio circula. Se pueden reconstruir patrones a partir de fragmentos que antes se habrían desvanecido en el miedo. La negación se ha vuelto más difícil de sostener durante décadas con seriedad, no porque el mundo se haya vuelto santo, sino porque se ha vuelto legible.
Sin embargo, el cambio revela una segunda tensión que hace que la transición parezca necesaria e inconclusa: las instituciones diseñadas para encarnar la rendición de cuentas a menudo operan a un ritmo moral distinto al de las vidas que se supone deben reivindicar. El derecho, para seguir siendo derecho, debe ser cuidadoso. Debe comprobar las afirmaciones, distinguir lo demostrable de lo plausible, separar lo sistemático de lo episódico, lo intencional de lo accidental. Debe honrar el debido proceso no como un sentimiento, sino como la diferencia entre la justicia y la mera fuerza disfrazada. El procedimiento existe porque los seres humanos son falibles y el poder se ve tentado por la certeza.
Pero el ritmo cauteloso de la justicia institucional tiene su propio costo. Cuando el daño persiste, la demora no es un intervalo neutral; se experimenta como abandono. Un sistema puede ser meticuloso en sus procedimientos y aun así sentirse moralmente ausente. Esa ausencia no es producto de la impaciencia pública; es la experiencia cotidiana de quienes para quienes el tiempo es en sí mismo un arma. Cuando la rendición de cuentas llega tarde, a menudo se recibe no como el triunfo de la ley, sino como el eco de una promesa que debería haber sido pronunciada antes. Un veredicto, por muy correcto que sea, puede parecer una ocurrencia tardía cuando llega después de años en los que el mundo aprendió a describir la atrocidad sin saber cómo interrumpirla.
Aquí es donde el paradigma cambia de nuevo, no en la doctrina, sino en las expectativas. El mundo exige cada vez más de las instituciones internacionales algo más que un juicio final. Exige seriedad visible: prioridades coherentes, razonamiento transparente, rigor ético y la capacidad de proteger la integridad del proceso de las consecuencias corrosivas de los conflictos de intereses, la urgencia selectiva y la autoprotección burocrática. La credibilidad de la justicia es frágil. Puede verse arruinada no solo por un fracaso manifiesto, sino por la apariencia de una imparcialidad comprometida. En materia de rendición de cuentas, las apariencias no son vanidad; son evidencia de si el sistema merece confianza.
La ética, por lo tanto, no es un adorno; es arquitectura. Un mecanismo que depende de la cooperación, vive bajo la presión política y está expuesto a un escrutinio permanente debe ser implacable en cuanto a su propia integridad. Cuando no lo es, el daño no se limita a un solo archivo ni a un solo momento. Se irradia hacia afuera, enseñando a los poderosos que el sistema puede ser manejado y a los vulnerables que la ley puede ser elocuente, pero poco fiable. Esa lección, una vez aprendida ampliamente, cambia el comportamiento. Produce sustitutos de la justicia que a menudo son menos disciplinados, menos moderados y menos legítimos. En el vacío dejado por una rendición de cuentas creíble, prolifera la improvisación. La improvisación no siempre es cruel, pero siempre es peligrosa.
Se podría decir que el próximo paradigma se está escribiendo en ese vacío. No lo escriben solo jueces o académicos. Lo escribe la impaciencia acumulada de quienes han visto cómo el lenguaje solemne se convertía en un sustituto de las consecuencias, y el temor acumulado de quienes intuyen que, si la ley no sigue siendo creíble, la fuerza se convertirá en la única gramática restante. La ironía es grave. La insistencia en la soberanía como aislamiento absoluto puede, con el tiempo, debilitar la propia restricción legal que la soberanía pretendía preservar, porque invita a la percepción de que las normas son indiferentes al abuso sostenido. La indiferencia no preserva la paz; pospone el ajuste de cuentas hasta que este se vuelve más volátil.
El paradigma emergente, para ser digno de su nombre, debe ser sobrio en lugar de exuberante. Debe resistir la tentación infantil de imaginar que la urgencia moral lo autoriza todo. Un mundo que abandona las reglas en nombre de la rectitud no obtiene justicia; hereda un tipo diferente de arbitrariedad. La tarea es más difícil, y por lo tanto más seria: construir una conciencia jurídica que se mantenga disciplinada y, al mismo tiempo, se vuelva menos evasiva; insistir en que las pruebas, los procesos y las restricciones importan, insistiendo al mismo tiempo en que la destrucción sistemática de la dignidad humana no puede tratarse como una inconveniencia privada en las profundidades del orden mundial.
Esto requerirá un cambio en lo que la comunidad internacional considera real, no en un sentido metafísico, sino en el sentido práctico de lo que desencadena consecuencias. Las palabras deben estar más estrechamente vinculadas a las obligaciones. Las obligaciones deben estar más estrechamente vinculadas a una cooperación exigible. La cooperación debe estar vinculada a incentivos y costos legibles, consistentes y transparentes. Las instituciones deben estar aisladas de las transigencias éticas con la misma seriedad con la que se las aísla de la presión externa. Y las víctimas deben dejar de ser tratadas como figuras retóricas y, en cambio, como guardianas de la misma verdad que el sistema dice buscar.
La inevitabilidad del cambio de paradigma es, en definitiva, una afirmación sobre los seres humanos. Las sociedades pueden soportar la injusticia más tiempo del que predeciría la teoría moral, pero no pueden soportar la burla abierta de los principios indefinidamente sin consecuencias. Un orden que se describe a sí mismo como universal no puede tolerar eternamente un mundo donde la universalidad sea solo una frase. La deriva continuará hasta que el mapa se asemeje de nuevo al territorio, o hasta que este se altere tanto que el viejo mapa deje de ser un engaño útil.
El derecho internacional, en su mejor expresión, no es un sermón. Es moderación: la imposición deliberada de límites al poder en nombre de la dignidad humana. Cuando esa moderación se percibe como selectiva, lenta o éticamente comprometida, se debilita y el mundo se vuelve menos gobernable por la razón. El paradigma está cambiando, ya sea que alguien lo aplauda o se resista, porque la realidad presiona las articulaciones del viejo orden. La única pregunta seria es si el cambio se verá moldeado por principios disciplinados o por la impaciencia que crece cuando el derecho aprende a hablar con precisión y actuar demasiado tarde.
