By Más barriles no significan más democracia. La reapertura petrolera puede reducir la crisis sin alterar las reglas del poder.
Ramón Hernández / EL NACIONAL
En la Faja del Orinoco, bajo el calor denso de Monagas, el secretario de Energía de Estados Unidos recorrió instalaciones de Chevron junto a la figura que hoy encabeza el Ejecutivo venezolano, ex presidente de PDVSA y ex ministra de Petróleo. La escena habría sido impensable pocos meses atrás: Washington supervisando la reactivación energética mientras el país sigue sin resolver su crisis de poder.
Ese mismo día, en Washington, Donald Trump anunciaba el envío de millones de barriles de crudo venezolano a refinerías en Houston y advertía que nadie podía negociar en nombre de Estados Unidos sin autorización oficial. Dos imágenes sincronizadas: producción en marcha y control político centralizado.
No se trató solo de un movimiento energético. Fue un reordenamiento estratégico. El petróleo venezolano vuelve a circular antes que la institucionalidad democrática. La normalización económica empieza a abrirse paso mientras la transición política permanece suspendida.
La reapertura avanza bajo tutela directa de Washington. La transformación institucional, en cambio, sigue atrapada entre anuncios incumplidos y promesas reiteradas. El riesgo es evidente: una estabilidad económica parcial sin cambio político de fondo.
La política ha cambiado de eje. El centro vuelve a ser el petróleo. En pocas semanas se acumularon hechos que marcan un giro: Estados Unidos flexibilizó restricciones para que empresas estadounidenses operen en Venezuela; el secretario de Energía, Chris Wright, visitó Caracas y recorrió la Faja; el Parlamento aprobó reformas para facilitar la inversión privada en hidrocarburos. No son episodios aislados, sino piezas de un diseño.
Washington busca reactivar la industria petrolera venezolana y convertir la energía en la viga maestra de la nueva relación bilateral. El petróleo como bisagra estratégica. Sin embargo, mientras la agenda energética avanza, la agenda institucional permanece inmóvil. No existe un ritmo equivalente en liberación de presos políticos, desmantelamiento de organismos represivos, cierre verificable de centros de detención o derogación de leyes anticonstitucionales que restringen derechos políticos.
El nuevo tablero energético
La visita del secretario de Energía fue más que simbólica. Fue la primera presencia de alto nivel de Washington en el sector petrolero venezolano en décadas. Allí se habló abiertamente de aumentar la producción este mismo año y de construir una “asociación productiva a largo plazo”.
La estrategia es clara y de corto alcance: no se trata de reconstruir integralmente la industria –proceso que tomaría años y miles de millones de dólares– sino de reactivar pozos inactivos, mejorar mantenimiento, asegurar diluyentes y normalizar exportaciones.
El interés estadounidense tiene lógica. Las refinerías del Golfo de México fueron diseñadas para procesar crudos pesados; la reapertura venezolana reduce costos logísticos y amplía opciones de suministro.
Pero la dimensión energética no es la única. Washington también busca recuperar influencia en un país que durante años estuvo alineado con Rusia, China e Irán. El petróleo funciona como instrumento de reordenamiento geopolítico. No es un simple ajuste de mercado, sino un intento de gobernanza energética bajo tutela externa.
El supuesto implícito es que la producción puede separarse del conflicto político, como si el petróleo pudiera operar en un espacio tecnocrático mientras el sistema institucional permanece suspendido. La experiencia venezolana indica lo contrario. El petróleo no ha sido solo un commodity: ha sido matriz fiscal del Estado, base de legitimidad y mecanismo de distribución social. Aislar la economía energética de la arquitectura de poder supone ignorar que los flujos de renta reconfiguran incentivos políticos.
El control del proceso
Un episodio ilustra cómo Washington pretende administrar el nuevo ciclo. Tras versiones que señalaban al empresario Harry Sargeant III como posible intermediario, Trump declaró que nadie puede negociar en nombre de Estados Unidos sin autorización del Departamento de Estado. Más que una aclaratoria, fue una señal de centralización.
Sargeant es un operador con experiencia en crudo pesado y vínculos históricos con el mercado venezolano. Al desautorizarlo públicamente, la Casa Blanca envía un mensaje: la reapertura no será una red informal de intermediarios. Será un proceso estatal, supervisado y políticamente controlado.
El cálculo del remanente chavista: administrar, no transformar
En Venezuela, el escenario también cambió. Tras la captura de Nicolás Maduro y la reconfiguración del poder, lo que permanece del aparato chavista no actúa como proyecto ideológico expansivo, sino como estructura administrativa que busca preservarse.
El chavismo residual –fragmentado, disminuido y domado– atraviesa la paradoja de los regímenes poscarismáticos: pierde capital simbólico, pero conserva maquinaria burocrática. El poder deja de justificarse como transformación histórica y pasa a justificarse como gestión de la supervivencia.
La apertura petrolera ofrece una salida conocida: la mutación de un proyecto revolucionario en aparato pragmático cuyo objetivo central es mantener control sobre la renta. No hay señales de un plan nacional de desarrollo ni de una visión económica de largo plazo. El objetivo visible es administrar el Estado, conservar nodos estratégicos y aprovechar cualquier flujo de ingresos que garantice estabilidad mínima.
Un aparato que busca sobrevivir no necesita democratizarse; necesita ingresos. Si el petróleo vuelve a generar caja, puede financiar nómina pública, sostener redes clientelares y reducir tensiones sociales sin modificar la estructura política. La estabilidad económica podría materializarse sin transición democrática.
La advertencia del capital
En el reciente foro de inversionistas organizado por Ecoanalítica apareció un elemento central: la apertura crea oportunidades, pero la fragilidad institucional persiste.
Los inversionistas distinguen tres niveles de capital: El capital táctico –traders y operaciones de corto plazo– puede entrar si hay licencias y márgenes.
El capital operativo –inversiones para elevar producción– requiere cierta estabilidad contractual. El capital estructural –proyectos de infraestructura y miles de millones de dólares– exige reglas claras, instituciones confiables y previsibilidad política. Por ahora, solo el primer nivel parece activo. La recuperación puede avanzar, pero sobre bases frágiles. El capital estructural espera.
El riesgo del modelo híbrido
La experiencia comparada ofrece precedentes. Vietnam e Irán demostraron que apertura económica parcial puede coexistir con sistemas políticos cerrados. La integración económica no garantiza democratización.
Si la reapertura continúa sin condiciones políticas explícitas, el resultado más probable no es el colapso ni la transición, sino una estabilidad híbrida: crecimiento moderado, control político concentrado y represión menos visible, pero intacta.
La estabilización reduce presión social y facilita la recomposición del poder. Los regímenes no colapsan cuando recuperan ingresos; se reconfiguran. El autoritarismo contemporáneo no se presenta como enemigo del mercado, sino como garante de orden. El riesgo no es el aislamiento, sino la normalización de un equilibrio cerrado, tolerable en lo económico y restrictivo en lo político.
Por qué la condicionalidad importa
La cuestión no es si debe producirse más petróleo, sino bajo qué condiciones. Estados Unidos dispone de instrumentos: licencias renovables, límites de volumen, sanciones individuales, cláusulas de reversibilidad.
Si cada avance energético se vincula a hitos verificables –liberación de presos políticos, cierre auditado de centros de detención, derogación de normas represivas– el petróleo puede convertirse en palanca de transición. Si el flujo de barriles crece sin condicionalidad estricta, será instrumento de consolidación.
La paradoja de Washington y el papel ciudadano
La administración estadounidense parece apostar por una secuencia: estabilizar primero, reformar después. La evidencia histórica sugiere lo contrario. Una vez que existe flujo de caja y menor conflicto social, el incentivo para desmontar estructuras represivas disminuye.
En un escenario de recuperación parcial, la tarea democrática cambia. No basta denunciar el colapso. Habrá indicadores que mejoren y percepciones que se modifiquen.
La sociedad civil y los partidos democráticos deben trasladar el debate a los incentivos: demostrar que sin institucionalidad el crecimiento es frágil; exigir condicionalidad en las licencias; documentar con rigor violaciones de derechos humanos; presentar una alternativa económica viable bajo reglas democráticas.
La disputa no es cuántos barriles produce Venezuela, sino quién define las reglas de producción. Licencias, auditorías y cláusulas de reversibilidad no son tecnicismos: son instrumentos de poder.
¿CLAP para todos o democracia?
Las cajas CLAP simbolizaron el control social mediante escasez administrada. El riesgo actual es distinto: que la recuperación petrolera amplíe ese modelo en lugar de desmontarlo. Un país con mayor consumo y menos conflicto visible puede parecer normalizado sin haber resuelto su problema político central.
Venezuela no entra en una transición clara ni en un colapso final. Entra en una fase de redefinición donde la energía es la variable dominante. Las decisiones sobre condiciones, controles y exigencias determinarán si la estabilidad se convierte en plataforma de democratización o en mecanismo de permanencia.
La diferencia no depende del volumen exportado, sino de las reglas que lo rigen. Si el petróleo vuelve sin costos políticos verificables, el país puede estabilizarse sin cambiar.
El dilema ya no es colapso o transformación, sino qué tipo de normalidad se impone: una que restaura ingresos sin alterar el poder o una que usa la renta como palanca para redefinirlo. La pregunta ya no es si habrá recuperación económica, sino qué tipo de orden político puede surgir de ella.
La paz del petróleo puede ser inicio de reconstrucción democrática o nueva forma de permanencia autocrática, más discreta y más eficaz.
El desafío democrático
Venezuela no está entrando en una transición lineal ni en un colapso definitivo. Está entrando en una etapa más difícil de interpretar: una redefinición donde el petróleo vuelve a ordenar incentivos internos y externos.
Si el flujo petrolero crece sin condiciones verificables, la renta puede convertirse en amortiguador social y en mecanismo de adaptación del poder. Un país menos empobrecido, con mayor consumo y menos conflicto visible, pero con las mismas restricciones institucionales. La estabilidad, en ese escenario, deja de ser un paso hacia la democratización y se convierte en su sustituto.
Para la sociedad civil y las fuerzas democráticas, el desafío cambia de naturaleza. La denuncia del colapso ya no bastará cuando existan señales de mejora. La tarea será demostrar que crecimiento sin Estado de derecho es estructuralmente frágil; que el petróleo puede financiar alivio económico, pero no reemplazar instituciones; que la normalidad económica no equivale a normalidad política.
El dilema venezolano se redefine: no entre colapso y cambio, sino entre dos formas de estabilidad. Una, sostenida por la renta y compatible con un poder cerrado. Otra, basada en reglas que conviertan esa renta en palanca de reconstrucción democrática.
El desenlace no dependerá del número de barriles exportados, sino de las condiciones que acompañen cada barril. Ahí se decidirá si el petróleo abre una transición o consolida una nueva forma de autocracia en el siglo XXI.
