By Luis Manuel Marcano / EL NACIONAL
Los colectivos en Venezuela no son solo un fenómeno de seguridad ni una desviación política coyuntural. Son un síntoma cultural profundo. Un producto torcido de una larga pedagogía del resentimiento, de la deformación del sentido de comunidad y de la sustitución del ciudadano por el militante armado. Constituyen una de las evidencias más visibles de lo que ha sido definido como daño antropológico: la erosión prolongada de los valores que hacen posible la vida en común. Analizarlos únicamente como grupos irregulares sería quedarse en la superficie.
Los colectivos son la expresión visible de una mutación moral: el paso de la convivencia civil al dominio del miedo, del vecino al vigilante, del barrio al territorio. Y su expansión —del sector popular a la urbanización— corre en paralelo con la deformación progresiva del Estado.
Un dato resume con crudeza la naturaleza del fenómeno: la edad promedio de quienes integran los colectivos no supera los 27 años. Se trata de una generación que no conoció la democracia venezolana en funcionamiento, que creció bajo un régimen que convirtió la precariedad en norma y la violencia en lenguaje político. Jóvenes formados no en la escuela cívica de la ley, sino en la pedagogía de la lealtad armada; no en la ciudadanía, sino en la obediencia militante.
El chavismo no solo ha desgobernado a Venezuela: la ha convertido en una anomia improvisada de antivalores, donde la fuerza precede al derecho, la consigna suplanta a la norma y la impunidad se normaliza como forma de ascenso social.
Venezuela fue, durante buena parte del siglo XX, un país de sociabilidad abierta. La vida transcurría en la acera, en el saludo, en la plaza, en el café, en la escuela pública como espacio de encuentro. Incluso en sus etapas autoritarias, la cultura venezolana conservó un fuerte sentido de comunidad no armada: el poder era temido, pero no se había infiltrado aún en la vida cotidiana bajo la forma del vecino convertido en fuerza parapolicial. Los colectivos rompen esa tradición. Introducen en el tejido social una figura inédita y corrosiva: el civil armado con legitimación política, una anomalía histórica que disuelve la frontera entre Estado y facción.
El 4F inauguró la glorificación de la violencia como origen, método y estética del poder.
No responden a la lógica del delito común, sino a la lógica simbólica del “defensor del proceso”, del “protector del barrio”, del “combatiente popular”. Allí comienza el problema cultural, porque la cultura no se quiebra solo cuando se destruyen bibliotecas o se censuran periódicos. Se quiebra cuando se altera el significado de las palabras básicas: comunidad, justicia, autoridad, respeto, ley.
El colectivo se presenta como “organización social”, pero actúa como aparato de coerción. Se autodenomina “popular”, pero impone obediencia. Dice “defender al pueblo”, pero sustituye al pueblo. En esa inversión semántica reside su peligrosidad: enseña que la fuerza antecede al derecho, que la lealtad vale más que la norma y que el arma confiere identidad.
Los colectivos no nacen de la nada, son el legado cultural directo del 4 de febrero de 1992. Aquella asonada no fue solo un intento fallido de golpe militar contra un gobierno constitucional, fue el inicio de una narrativa que golpeó a la democracia para luego apropiarse de sus instituciones y matarla desde dentro.
El 4F inauguró la glorificación de la violencia como origen, método y estética del poder. Se romantizó al “insurrecto”, se reescribió la historia como una sucesión de gestas armadas, se exaltó el uniforme, el fusil, el lenguaje bélico. La política dejó de ser deliberación y se convirtió en épica. Y cuando la épica ocupa el lugar de la ley, surgen estos cuerpos intermedios: ni ejército regular ni sociedad civil, sino algo más turbio, más flexible y eficaz para el control social cotidiano.
Hay fuerzas que no solo patrullan el territorio: lo modelan. No vigilan únicamente las calles; tallan conductas, esculpen miedos, reordenan lo decible y lo pensable. Su sola presencia instituye una pedagogía torcida: enseña que existen zonas donde la ley no entra, pero ellos sí; que hay palabras que se amputan antes de pronunciarse, silencios que se incorporan como reflejo. Inculcan a los niños que el respeto se arranca, no se merece. Susurran a los jóvenes que el arma es un ascensor social. Inscriben en las familias una lección amarga: la prudencia consiste en callar.
Desde el punto de vista cultural, los colectivos son una escuela paralela de socialización. Allí se forma un tipo humano: disciplinado hacia adentro, agresivo hacia afuera, dependiente del poder que lo arma y hostil a la sociedad que lo rodea. Se construye identidad a partir de la pertenencia al grupo, no de la ciudadanía. Se crea sentido a partir del enemigo, no del proyecto común. Es una cultura de trinchera trasplantada a la vida civil. Y una sociedad que vive en trinchera deja de ser sociedad: se convierte en archipiélago de miedos.
Existe, además, un desplazamiento simbólico profundo. Los colectivos ocupan el lugar que en una cultura institucional sana corresponde a autoridades legítimas. Donde debería haber policía profesional, hay motorizados. Donde debería haber jueces, hay hombres y mujeres con toga que gritan: patria o muerte. Donde debería haber liderazgo social, hay “coordinadores” armados. Esto produce una pedagogía de la ilegalidad legítima. No se niega la ley, se la suplanta. No se proclama el caos, se lo administra. Culturalmente, esto es más grave que la anarquía, porque crea costumbre, hábito y aceptación resignada.
Por eso los colectivos son un problema cultural en sentido fuerte: erosionan la idea misma de civilización. Civilización es aceptar que nadie, por muy convencido que esté, tiene derecho a imponerse por la fuerza. Es creer que el conflicto se tramita con palabras, normas e instituciones. Es transmitir que el otro no es un enemigo, sino un límite. El colectivo enseña lo contrario: que el otro es un sospechoso, que el disenso es traición, que el poder nace del temor. Eso no es solo política, es antropología deformada.
También destruyen la memoria. El barrio venezolano fue históricamente espacio de solidaridad, de humor, de música, de religiosidad popular. Los colectivos convierten ese paisaje en escenario de control. Donde hubo cancha, hay punto. Donde hubo fiesta, hay vigilancia. Donde hubo chisme, hay informe. Se militariza lo cotidiano. Se apaga el chiste. Y un país que pierde el chiste —permítase el humor triste— comienza a perder el alma.
Nada de esto se corrige solo con decretos ni con consignas bien intencionadas. Lo que se ha sembrado durante más de dos décadas no es únicamente armamento: es hábito, es miedo aprendido, es una gramática del poder incorporada al cuerpo social. Los colectivos no son solo hombres armados, son rutinas, jerarquías informales, economías de control, códigos de silencio y lealtades cruzadas. Desmontarlos exige algo más profundo que su neutralización física: exige reconstruir la cultura civil. Volver a enseñar que la autoridad no grita ni dispara, sino que responde; que la comunidad no vigila, sino que cuida; que la política no arma, sino que organiza; que el coraje no está en intimidar, sino en convivir. Pero esa reconstrucción cultural, lenta y educativa, choca con una realidad inmediata: el poder de fuego sigue allí.
Hay una vieja intuición republicana según la cual las repúblicas se sostienen más por costumbres que por leyes. Venezuela ha sido el laboratorio inverso: al corromperse las costumbres, las leyes quedaron como escenografía. Los colectivos son hijos de esa escena: actores armados en un teatro institucional vacío, sostenidos por una legalidad aparente que toleró, promovió o tercerizó la coerción. Combatirlos solo como “grupos violentos” es insuficiente, ignorarlos en nombre de una paz discursiva sería suicida.
Son el rostro visible de una larga educación en el desprecio al límite y mientras ese desprecio conserve capacidad de imponer silencio, ninguna transición será plenamente civil.
Aquí emerge la pregunta que muchos prefieren esquivar, pero que toda transición auténtica debe enfrentar sin eufemismos: ¿es posible avanzar hacia una transición democrática con colectivos aún armados? ¿Puede reconstruirse el Estado de Derecho mientras subsisten estructuras paralelas de coerción política? La experiencia comparada muestra que no hay transición viable cuando el monopolio legítimo de la fuerza permanece fragmentado. Pero también advierte que el desarme abrupto, sin autoridad legítima ni instituciones restauradas, puede abrir ciclos de violencia aun mayores. La disyuntiva no es teórica: es histórica, concreta, urgente.
Y entonces surge la pregunta más incómoda, la que desafía tanto al derecho como a la política: ¿cómo se desmontan estas estructuras sin que el proceso derive en violencia? ¿Cómo se desarma una cultura armada sin producir vacío de poder? ¿Cómo se sustituye el miedo por norma sin desencadenar revancha? No basta invocar reconciliación ni repetir fórmulas de paz. Se requiere una arquitectura jurídica clara, una autoridad legítima incuestionable y un proceso que combine ley, firmeza y reinstitucionalización progresiva. Sin ley aplicada, no hay desarme; sin legitimidad, no hay obediencia; sin instituciones restauradas, no hay transición, solo treguas frágiles.
Queda así planteado el dilema central del legado del 4F: una democracia fue golpeada por las armas y luego ocupada desde dentro por quienes aprendieron que la fuerza podía sustituir a la ley. Los colectivos son la herencia viva de esa lógica. El día después —cuando llegue, porque de seguro llegará— no será solo un problema de elecciones ni de gobiernos ni de discursos. Será, sobre todo, un problema de civilización: decidir si Venezuela logra cerrar el ciclo de la política armada sin repetirlo o si queda atrapada en la paradoja de querer fundar la república mientras tolera, por miedo o cálculo, a quienes aprendieron a vivir al margen de ella.
