By Mientras permanecen replegadas las fuerzas represivas regulares (GNB, PNB, CICPC, SEBIN, DGCIM, militares de todos los componentes, policías municipales y estatales) los colectivos armados asumen el control coercitivo y restringen la vida pública.
La irrupción sostenida de grupos armados afines al oficialismo en Caracas y otras ciudades no se explica por un vacío institucional, sino por la externalización del control coercitivo. Con fuerzas militares y policiales replegadas de la calle, actores civiles partidarios del Gobierno ejercen vigilancia, detienen vehículos y limitan el registro público. La calle se ha convertido en territorio operado por estructuras irregulares cuya finalidad inmediata no es proteger a la población, sino sostener al poder.
“En la calle Andrés Bello hay un comité. Ese comité debe tener prefigurado cada casa. Nombre y apellido. Amigo, amigo, amigo. No vive nadie. Aquí quién vive, allá quién vive. Y hacer el mapa nuestro. El mapa nuestro. Que es un mapa netamente político. De quienes son amigos, simpatizantes. A quien nosotros podemos llamar, que sabemos que es un patriota. A quienes son abiertamente vendepatrias, que existen. Esa es una de las tareas que tenemos en lo inmediato.
–Diosdado Cabello (La declaración ubica la calle como espacio de clasificación política y vigilancia territorial, no como ámbito de protección ciudadana)
En autopistas, avenidas y zonas residenciales, hombres armados en motocicletas instalan alcabalas, ordenan detenerse y revisan los teléfonos de los transeúntes. Han borrado de grabaciones, restringido el libre tránsito y han empedido la presencia de periodistas. No se reportan disturbios que justifiquen el despliegue. La autoridad que actúa frente al ciudadano ya no es uniforme ni responde a un marco legal reconocible.
El patrón se repite en Valencia, Maracay, Guarenas y Guatire. La presencia armada surge donde habitualmente operan cuerpos regulares, lo que confirma que no se trata de iniciativas improvisadas, sino de una sustitución del monopolio estatal de la fuerza. La repetición a nivel nacional revela una estructura que amortigua un momento de vulnerabilidad institucional y administrativa.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha ocupado un lugar central en la narrativa oficial. Mientras enmarca la coyuntura como defensa nacional y rinde homenaje a personal caído, su figura aparece asociada al despliegue en mensajes y registros. No hay confirmación formal de mando, pero la secuencia –silencio operativo de cuerpos regulares, presencia mediática del ministro y expansión de colectivos– permite inferir acompañamiento político.
En el ámbito local, alcaldes y autoridades parroquiales han respaldado o celebrado la presencia de estos grupos, presentándolos como garantes de seguridad de las comunidades. Ese apoyo –formal o tácito– facilita la normalización de actores armados que operan por fuera de la ley y consolida la idea de delegación extralegal.
Mientras los colectivos se muestran como protectores, organizaciones civiles y ciudadanos describen lo contrario: intimidación, restricciones informativas y control social armado.
Grupos de defensa de derechos humanos advierten que estas acciones no constituyen seguridad ciudadana, sino mecanismos de represión tercerizada en un momento de fragilidad institucional. La ausencia de protocolos formales sugiere una estrategia para minimizar el costo político de la coerción.
En redes sociales, los propios colectivos difunden videos de patrullajes, zonas “aseguradas” y vigilancia residencial. Estas piezas buscan fijar un relato de autoridad y pertenencia comunitaria, incluso mientras periodistas documentan amenazas y borrado de evidencias. La disputa no ocurre solo en la calle, sino en la narrativa pública.
El cuadro resultante muestra un Estado que no desaparece, sino que desplaza la fuerza hacia actores cercanos al poder político. La sustitución es funcional: colectivos armados actúan como extensión irregular en un momento en el que instituciones formales parecen incapaces o indispuestas para ejercer control directo.
Nadie iba a vulnerar el legado histórico de nuestro padre libertador Simón Bolívar. El pueblo de Venezuela, en perfecta unión nacional, debía activarse para defender sus recursos naturales. Pero también debía activarse para defender lo más sagrado que podía tener una patria, que es su derecho a la independencia, su derecho al futuro, su derecho a tener una patria libre, sin ningún tipo de tutelaje externo.
Delcy Rodríguez (El llamado se realizó hace cuatro días, en simultáneo con el despliegue de colectivos armados, y hasta ahora no ha habido exhorto público a repliegue)
QUÉ CAMBIÓ RESPECTO AL ESQUEMA HABITUAL
La presencia de estos grupos armados en las calles no responde a un vacío absoluto de autoridad, sino a un desplazamiento concreto de funciones. En zonas donde, en circunstancias normales, operarían cuerpos como la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana, son ahora colectivos los que se despliegan, regulan el tránsito y deciden quién puede circular o grabar.
El repliegue visible de las fuerzas regulares abre un espacio que estos grupos ocupan sin mediación formal y con capacidad de ejercer poder inmediato sobre ciudadanos, vehículos y actividad pública.
La excepcionalidad deja de ser un anuncio institucional y se manifiesta como un hecho material: quienes portan armas y ocupan el espacio operan como autoridad de facto.
ÁREAS DE INCERTIDUMBRE
Pese al volumen de registros y denuncias, siguen existiendo zonas grises que limitan la interpretación. No hay confirmación sobre la cadena de mando que activa estos grupos ni claridad sobre si su despliegue responde a instrucciones estatales, a mecanismos de coordinación partidista o a dinámicas territoriales autónomas.
Tampoco se conocen plazos o alcances: no está claro si se trata de una reacción coyuntural asociada a eventos recientes o de un esquema que aspira a prolongarse mediante ocupación rutinaria del espacio público.
La evolución de la presencia durante horas de mayor circulación civil será un indicador central: la autoridad que domina la calle en horario diurno define el control institucional en sentido práctico.
DENUNCIAS Y VOCES PÚBLICAS
El despliegue ha sido registrado desde distintos ángulos. Ciudadanos y periodistas han documentado interacciones que incluyen retención temporal, revisión de documentos y exigencia de borrar material grabado.
Las organizaciones de derechos humanos describen estas acciones como restricciones al libre tránsito y a la libertad informativa, sin cobertura legal ni anuncio oficial. Desde los propios colectivos, en cambio, emergen voces que buscan legitimar su presencia.
Voceros visibles en redes presentan su actuación como un servicio de seguridad comunitaria y enmarcan su vigilancia como indispensable ante la ausencia o inoperancia de cuerpos estatales. Esta tensión –la denuncia de coerción por un lado y la reivindicación de protección por el otro– configura un terreno donde la disputa por la autoridad se libra tanto en la calle como en la narrativa pública.
QUÉ SE SABE Y QUÉ NO SE SABE AÚN
Con base en los registros disponibles, se puede afirmar que colectivos armados controlan tramos específicos de la ciudad, intervienen en la circulación de vehículos y asumen funciones típicamente reservadas al Estado.
Los videos muestran armas visibles, órdenes directas a civiles y supervisión constante sobre actividades cotidianas. También queda documentada la presencia simultánea en varias ciudades. Sin embargo, elementos críticos permanecen sin confirmación.
Se desconoce el origen formal del despliegue, si existe articulación con autoridades regulares o si estas intervenciones responden a un esquema de sustitución funcional más amplio.
No hay indicios públicos de protocolos, límites o fiscalización interna. La duración, el territorio final y el grado de institucionalización –si lo hubiera– están aún por definirse y marcarán el alcance real del cambio operativo observado.
NARRATIVAS EN REDES Y LEGITIMACIÓN
El despliegue de los colectivos armados no solo se desarrolla en el terreno físico. En paralelo, un flujo sostenido de videos difundidos por los propios grupos configura un discurso que busca justificar y normalizar su presencia.
En estas piezas, los colectivos se presentan como garantes del orden, actores capaces de “proteger” a las comunidades en ausencia de cuerpos regulares. No se trata de registros casuales: los videos muestran mensaje, tono y edición orientados a reforzar una identidad política y operativa.
Los materiales difundidos exhiben distintos niveles de construcción simbólica. Algunos presentan advertencias directas sobre zonas “aseguradas” o “controladas”, con un lenguaje destinado a fijar el límite entre vecinos admitidos y sujetos bajo sospecha.
Otros apelan a un sentido comunitario, mostrando vigilancia en residencias, interacción con pobladores o apoyo logístico. La coexistencia de estos registros revela un doble propósito: disuadir comportamientos no deseados y, al mismo tiempo, cultivar legitimidad social en territorios donde el Estado es percibido como distante o ausente.
DEMOSTRACIÓN ORGANIZADA DE FUERZA
La difusión no se limita al registro espontáneo de operativos. Varias piezas muestran despliegues coordinados de motocicletas y hombres armados que avanzan en bloque, con formación y ritmo, incluso en zonas residenciales.
Estas escenas, que evocan la lógica de patrullaje militar, buscan transmitir control territorial sostenido y capacidad de respuesta colectiva.
Su circulación refuerza la percepción de que la presencia no es accidental ni improvisada, sino parte de un esquema estructurado con continuidad en el tiempo.
DISPUTA DE LA NARRATIVA PÚBLICA
La presencia de estos contenidos en redes plantea un terreno complementario al control físico: la disputa por el relato. Mientras ciudadanos y periodistas documentan restricciones, intimidación y coerción, los colectivos producen imágenes destinadas a fijar su versión de los hechos y presentarse como custodios legítimos del orden.
La narración visual se convierte en herramienta política: donde el Estado no explica, los grupos armados se autorrepresentan y llenan el vacío comunicacional.
NORMALIZACIÓN SOCIAL EN CONSTRUCCIÓN
La repetición de estos mensajes apunta a un proceso en marcha: colectivos armados consolidándose como actores cotidianos en sectores donde la institucionalidad formal opera con debilidad o repliegue.
La legitimación simbólica –más lenta que la coerción, pero más profunda– está dirigida a transformar la anomalía en rutina. La pregunta abierta no es solo cuánto tiempo permanecerán en las calles, sino cuánto tardará en percibirse su presencia como parte del paisaje, y qué implica eso para la noción de autoridad legítima en el espacio urbano.
DIOSDADO CABELLO REFERENTE OPERATIVO
El despliegue de colectivos armados ocurre sin un anuncio formal del Ejecutivo y sin un marco explícito de coordinación con cuerpos regulares. La ausencia de lineamientos públicos contrasta con la visibilidad de figuras políticas que han capitalizado la narrativa del control territorial.
Las instituciones del Estado no han comunicado protocolos de actuación, responsabilidades ni límites operativos, creando un espacio donde la autoridad visible es la que ocupa la calle.
En intervenciones recientes y en su programa de televisión –Con el mazo dando–, Diosdado Cabello ha asumido una posición central en el relato del momento. Ha enmarcado los hechos recientes en términos de defensa nacional, ha rendido homenaje a personal caído y reconocido públicamente despliegues vinculados a la protección territorial.
En redes sociales y en testimonios locales, su figura aparece mencionada como referente político de los colectivos, aun sin confirmación explícita de mando formal.
La coincidencia temporal entre su presencia mediática y la expansión de grupos en la calle refuerza esa percepción.
PARTICIPACIÓN Y RESPALDO DE AUTORIDADES LOCALES
En circuitos municipales y parroquiales, se observan mensajes de apoyo explícito a los operativos comunitarios armados. Algunas autoridades electas han validado públicamente la presencia de estos grupos presentándolos como guardianes de la seguridad barrio adentro.
No existe claridad sobre si estas posiciones derivan de instrucciones centrales o responden a realidades locales donde las fuerzas oficiales no se despliegan. La tolerancia, acompañamiento o respaldo a colectivos configura un escenario donde administraciones municipales legitiman actores que operan fuera del marco institucional.
RESPUESTAS DESDE EL EXTERIOR
Desde el exilio político, diversas organizaciones han formulado demandas que colocan a Diosdado Cabello en el centro del tablero. La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) pidió al gobierno de Estados Unidos que priorice la liberación de presos políticos y adopte medidas para limitar la capacidad de Cabello de dirigir o influir en estructuras armadas no estatales.
Las advertencias insisten en que cualquier transición democrática será precaria mientras figuras vinculadas al aparato político del oficialismo conserven margen de acción.
En conjunto, las reacciones visibles dibujan un escenario de autoridad fragmentada: ausencia de órdenes explícitas desde el nivel central, un ministro con papel dominante en el discurso, autoridades locales que respaldan operaciones sin reconocimiento formal, y voces del exilio que alertan sobre riesgos de captura del espacio público por actores paralelos.
En ese contexto, los colectivos no actúan en vacío: ocupan un terreno político, simbólico y territorial que surge, precisamente, de la falta de definición institucional sobre quién ejerce, controla y regula la fuerza en el espacio urbano.
ONG y exilio ante grupos armados
UVP (Unión Venezolana en Perú) – Solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU abrir un debate formal sobre armas de guerra en manos de civiles en Venezuela. – Señala que los colectivos actúan como fuerzas paraestatales con control territorial. – Advierte que la proliferación de armamento no estatal rompe el monopolio legítimo de la fuerza. – Pide trazabilidad internacional de armas y garantías verificables para la población.
Veppex (Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio) – Exige la liberación sin condiciones de presos políticos. – Pide medidas para neutralizar el poder operativo de Diosdado Cabello. – Advierte que la transición democrática será frágil mientras figuras del oficialismo conserven capacidad de coerción. – Solicita acciones internacionales contra Cabello, Padrino López, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez.
Ambas organizaciones describen la presencia de colectivos armados como una amenaza directa para la ciudadanía y para cualquier proceso democrático verificable.
Las próximas jornadas determinarán si este esquema es provisional o se transforma en un modo estable de ejercer poder territorial. Si las fuerzas regulares reasumen presencia visible, la delegación perderá sentido. Si la situación persiste, Venezuela ingresará en una etapa donde el control coercitivo del Estado se ejerce desde actores sin uniforme, pero con respaldo político.
