By Las autoridades dicen que es una enfrentamiento entre pandillas, pero el gobierno es el único culpable de lo que suceda en una cárcel. Son seres humanos es estado de indefensión que deben ser protegidos y defendidos. Sin excusas. El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora anunció que la cifra es mayor, pero que la presidenta Xiomara Castro ha lamentado la matanza y “tomará medidas drásticas”. ¿Acaso le parece poco lo que ha ocurrido que amenaza con más? Su gobierno, sus decisiones, su desacertada política penitenciaria y su deficiente manejo de los asuntos de Estados son los únicos responsables. El origen de la violencia.
La señora Castro ha aplicado “llave en mano” una política similar a la del vecino salvadoreño Nayib Bukele para hacer frente a la violencia de las pandillas. Y vistos los resultados se declara conmocionada por “el monstruoso asesinato de mujeres”. Dice que fue una matanza planificada y no se equivoca. La planificó el gobierno hondureño al copiar acríticamente una política criminal y contraria a los derechos humanos.
El gobierno en su totalidad y los guardias y custodias del reclusorio deben ser enjuiciados por la Corte Penal de Justicia. No vale el plan de seguridad que anunció la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, para castigar los actos vandálicos y los hechos irregulares en las 26 prisiones en las que permanecen encerradas 20.000 personas, la mayoría sin sentencia firma y por delitos irrelevantes.
En las prisiones de Honduras, al igual que en los demás países cuyas políticas judiciales están entorpecidas por el clientelismo político, la improvisación populista, se registran altos índices de grupos criminales que ejercen el control de las cárceles y organizan extorsiones, ordenan secuestros y la venta de droga en la seguridad de sus calabozos. Son delincuentes que muchas veces están al servicio de los intereses del grupo que controla el gobierno. Unas veces por tareas electorales y otras para aplicar modos de justicia non sancta.
Con la inocencia de la activista Greta Thunberg, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, declaró que su corazón llora, pero también con madurez expresó su “fuerte rechazo a la violencia”. Una violencia que tiene su origen en las medidas para contener la “violencia” de los maras con medidas similares a las de Bukele: estados parciales de excepción en las “zonas inseguras” de 120 comunidades y la movilización de militares para “establecer el orden”. Por, Dios, a quién engañan.
Medios locales han informado que la matanza es el resultado de un enfrentamiento entre reclusas de las pandillas Mara Salvatucha MS-13 y la Pandilla 18. Los cuerpos calcinados están el área de los baños y fuera de la prisión los familiares desesperados piden información de lo ocurrido. “No tenemos nombres de muertes ni de vivos, ni de quienes dejan entrar armas a una cárcel. Es peor que una pesadilla. Exigimos seguridad para las privadas de libertad, porque estar ahí es peor que estar afuera. Las autoridades deben asumir su responsabilidad, no aguantamos más”, dijo el padre de una reclusa.
La información oficial ha insistido desde el primer minuto que se informó de la matanza en el Centro Femenino de Adaptación Social, en Támara, 25 kilómetros de Tegucigalpa que se trataba de una reyerta de las presas, pero después se desentendió completamente al reiterar una y otra vez que se trata de una guerra privada entra la Mara Salvatrucha y la Barrio 18. En una cárcel del Estado, administrada por el Estado y custodiada por el Estado no hay guerras privadas ni choques de pandillas. El Estado es responsable de la vida de cada una de las personas que están bajo su custodia. Debe garantizar su alimentación y también su seguridad. Y el primer paso, es no permitir que las reclusas tengan armas a su disposición.
De las 46 víctimas, 25 murieron calcinadas en un incendio provocado y no sofocado a tiempo y 16 fueron acribilladas a tiros. Otras 7 presentan heridas de gravedad por quemaduras o armas de fuego. Son los datos preliminares del Ministerio Público.
Pero Telma Ordóñez, presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, manifestó que antes de los acontecimientos había una situación de malestar y descontento entre las reclusas. Las autoridades de la cárcel les habían informado que les iban a retirar televisores, equipos electrónicos y microondas. Las mujeres protestaron y “fueron apaciguadas”.
La viceministra de Seguridad de Honduras, Julissa Villanueva, no ordenó una investigación de los acontecimientos. Ni preguntó de donde salió el rifle automático AR-15 que inició la matanza, sino la intervención inmediata de la prisión con acompañamiento de bomberos, la Policía de Honduras y militares. Villanueva declaró la “emergencia y mano dura ahora en la cárcel femenina de Támara”. “Acción y reacción. No vamos a tolerar actos vandálicos ni irregularidades en esta cárcel”, escribió en su cuenta de Twitter.
Xiomara Castro, “conmocionada por el monstruoso asesinato de mujeres planificado por maras” convocó a “rendir cuentas” al ministro de Seguridad y a la presidenta de la Comisión Interventora. “Habra medidas drásticas. Tenemos identificados, uno a uno, a quienes tienen las armas”, dijo.
Villanueva repitió su rosario: “Se ha reactivado el vandalismo, mujeres con armas y pasamontañas generaron las quemas y asesinatos”. Sin embargo, no se refirió al malestar causado por el retiro de televisores y hornos microondas. Ante la prensa reiteró que “lo ocurrido es un ataque directo del crimen organizado contra las acciones que estamos realizando contra la criminalidad organizada”.
Lo que no anunció fue medidas para sacar las prisiones hondureñas de la situación deplorable de hacinamiento y falta de higiene en la que se encuentran. Los datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas registra un 34,2% de hacinamiento en las 25 cárceles de en Honduras. La población penitenciaria asciende a 19.566 personas, de las cuales 1.168 son mujeres.
Piden cambio de actitud y de política
El Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes pidió al Estado de Honduras una investigación “pronta e imparcial” a los hechos violentos que se han registrado en las cárceles de Ilama y la matanza en la prisión femenina de Támara: “Es imprescindible que las autoridades del Estado de Honduras, en todas las ramas de gobierno, impulsen un cambio radical de actitud hacia el sistema penitenciario y reaccionen de manera urgente y contundente ante la crisis estructural profunda que é atraviesa”.
Honduras vive en estado de excepción desde diciembre de 2022, cuando lo decretó la señora Castro “con el fin de reducir la extorsión, desmantelar los grupos criminales, reducir la violencia de las pandillas y disminuir la inseguridad”.
La reyerta en la prisión de mujeres es el cuarto suceso más grave producido en una cárcel hondureña. El más mortífero fue el incendio en la cárcel de Comayagua, el 14 de febrero de 2012. Murieron 360 presos. Antes, el 17 de mayo de 2004, en un incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula murieron 107 reclusos y resultaron heridos otros 25 reclusos. El Estado de Honduras fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en julio de 2022.
En un enfrentamiento entre reclusos y policías en la cárcel de El Porvenir, el 5 de abril de 2003, murieron 66 personas, entre ellas tres mujeres que estaban de visita. El 3 de mayo de 2008, se registró una reyerta en la Penitenciaría Nacional de Támara en la que murieron 18 personas, solo dos años después de que el 5 de enero de 2006 fallecieran 13 presos en otro motín en la misma prisión.
El 14 de octubre de 2011, murieron otros 9 presos en la cárcel de San Pedro Sula, donde nuevamente, el 29 de marzo de 2012, un motín y un incendio provocados por un enfrentamiento entre pandillas rivales ocasionaron la muerte de otros 13 reclusos. Por otro lado, el 20 de diciembre de 2019, 18 reos fueron asesinados en una reyerta en la cárcel de Tela, mientras que el 23 de diciembre del 2019, 19 reclusos fueron asesinados en el centro penal de El Porvenir en el marco de la guerra entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.
Joaquín Mejía, académico del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de los jesuitas en Honduras, dos de los grandes problemas de las prisiones hondureñas son el abandono que sufren por parte de las autoridades y la capacidad de control interno que tienen los reclusos. Aunque el gobierno de Castro anunció una intervención para cambiar esta situación, el motín de Támara evidenció un fracaso de los esfuerzos para depurar a la policía penitenciaria y evitar la entrada de drogas o armas en las prisiones.
