By Todo Estado tiene el deber de proteger a su población contra genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad. Cuando las autoridades nacionales fallan de manera manifiesta, la comunidad internacional debe actuar mediante medios apropiados para evitar que el exterminio se vuelva rutina.
Arcadia Foundation fija posición ante los acontecimientos ocurridos hoy en Venezuela y rechaza, con la mayor firmeza, la operación de manipulación narrativa que ya ensayan gobiernos de talante paradictatorial en la región, empeñados en presentar como “agresión” lo que, en realidad, se inserta en un marco jurídico y moral que el sistema internacional proclamó durante décadas sin haberlo hecho efectivo. Cuando esos gobiernos invocan “soberanía” para encubrir un aparato estatal capturado por redes criminales, no defienden el Derecho: defienden la impunidad.
La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza, pero reconoce, como excepción cardinal, el derecho inherente de legítima defensa individual y colectiva frente a ataques que comprometen la seguridad de los Estados. En el caso venezolano, la amenaza no ha sido una abstracción propagandística ni una construcción oportunista: ha sido una realidad transnacional sostenida en el tiempo, vinculada al narcotráfico organizado, a estructuras armadas irregulares y a redes de cooperación con actores designados como terroristas, con impacto directo sobre la seguridad del hemisferio.
Los gobiernos que hoy ensayan condenas automáticas deberían responder, antes, por sus silencios, sus complacencias y sus beneficios: porque la historia no absolverá a quienes usaron el lenguaje de la soberanía para encubrir la maquinaria de un régimen criminal.
Esa realidad no descansa en conjeturas, sino en expedientes y procedimientos penales públicos en la jurisdicción federal estadounidense, alimentados por investigación financiera, trazabilidad de transacciones, cooperación judicial internacional y testimonios de alto nivel que forman parte del acervo probatorio. Cuando una conducta criminal de esa magnitud se integra a una política de Estado y se proyecta fuera de las fronteras, la discusión deja de ser retórica: se convierte en materia de seguridad colectiva y de respuesta jurídica.
A la vez, existe un segundo eje que no puede ser silenciado: la responsabilidad de proteger (R2P). En 2005, la comunidad internacional afirmó que todo Estado tiene el deber de proteger a su población contra genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad, y que, cuando las autoridades nacionales fallan de manera manifiesta, la comunidad internacional debe actuar mediante medios apropiados para evitar que el exterminio se vuelva rutina. Venezuela no ha estado ante un Estado incapaz por carencia, sino ante un Estado transformado en instrumento de persecución: el sistema judicial cooptado, las fuerzas de seguridad usadas como brazo de represión, la detención arbitraria como método, la tortura como mensaje, el exilio como política, y el hambre como mecanismo de control social.
La tragedia se ha documentado por años con suficiencia abrumadora. Sin embargo, el entramado internacional de protección —incluida la justicia penal internacional— se movió con una lentitud que, en la práctica, prolongó el sufrimiento, alimentó la desesperanza y consolidó la idea de que el crimen político podía administrarse sin sanción.
Arcadia Foundation sostiene que la acción ejecutada hoy por Estados Unidos encuentra justificación en una convergencia excepcional: la necesidad de neutralizar amenazas concretas y acreditadas que trascendieron lo doméstico y lesionaron directamente la seguridad regional, y la obligación moral —reconocida por el propio sistema internacional— de no permanecer inmóvil ante la comisión sostenida de crímenes masivos cuando las instituciones encargadas de contenerlos fracasan por letargo, captura o parálisis. Quienes pretenden borrar ese contexto para reducirlo todo a una consigna, buscan lo mismo de siempre: desplazar la conversación desde las víctimas hacia la propaganda; desde la evidencia hacia el mito; desde el Derecho hacia el eslogan.
También rechazamos la utilización interesada del término “invasión” para desfigurar lo ocurrido. Venezuela llevaba años con su soberanía perforada desde adentro y condicionada por aparatos extranjeros de inteligencia y seguridad, por asesorías operativas no transparentes y por redes criminales transnacionales que convirtieron al Estado en plataforma. Lo que se ha anunciado hoy no se presenta como anexión ni como ocupación permanente, sino como una acción dirigida a desarticular el secuestro institucional y a abrir una ruta de transición.
La verdadera prueba de legitimidad será la coherencia entre medios y fines: preservación de la vida civil, proporcionalidad, cadena de custodia, respeto al debido proceso, protección humanitaria inmediata y un itinerario verificable hacia la restitución del orden constitucional democrático mediante el reconocimiento pleno del resultado de las elecciones del 28 de julio.
Arcadia Foundation, desde su misión de defensa de los derechos humanos a través del combate a la corrupción, afirma que la narrativa correcta no es la del “intervencionismo” declamatorio, sino la del fin de una excepción intolerable: la normalización de un narco-Estado que produjo una de las mayores diásporas del hemisferio y que degradó, por décadas, la posibilidad misma de vivir con libertad.
Los gobiernos que hoy ensayan condenas automáticas deberían responder, antes, por sus silencios, sus complacencias y sus beneficios: porque la historia no absolverá a quienes usaron el lenguaje de la soberanía para encubrir la maquinaria de un régimen criminal.
