By Arcadia Foundation advierte que la victoria electoral impone al nuevo presidente un deber inmediato de ruptura con la corrupción, el narcotráfico y el legado político del proyecto Zelaya-Castro.
La elección de Nasry Juan Asfura Zablah como presidente de Honduras no constituye una consagración política ni una delegación irrestricta de poder. El resultado, definido por un margen estrecho tras una contienda disputada voto a voto, expresa ante todo el rechazo ciudadano al proyecto impulsado por Manuel “Mel” Zelaya y administrado por Xiomara Castro, relegado a un claro tercer lugar tras incumplir sus promesas de transformación y tolerar —cuando no profundizar— la degradación institucional del país. Ese rechazo cerró una etapa, pero no abrió una carta blanca.
Honduras le otorgó a Nasry Asfura una oportunidad histórica, no un cheque en blanco. La victoria electoral implica una obligación política inmediata: demostrar, con decisiones verificables, que su gobierno no reproducirá las prácticas que han convertido al Estado hondureño en un espacio vulnerable a la corrupción, al narcotráfico y a la captura partidista de las instituciones. En este contexto, fracasar no es una opción neutra; sería una recaída consciente en las mismas estructuras que la ciudadanía decidió sancionar en las urnas.
El fracaso del proyecto Zelaya-Castro no puede explicarse como un simple desgaste del poder. Durante su gestión persistieron la inacción del Ministerio Público, la subordinación del sistema judicial y la omisión frente a episodios graves que vinculan a actores políticos con redes criminales. La ausencia de investigaciones formales ante evidencias públicas de alto impacto consolidó una cultura de impunidad que el nuevo gobierno está obligado a desmontar si pretende diferenciarse de manera creíble.
La legitimidad del presidente electo no se agotará en la proclamación de resultados. Se pondrá a prueba en la depuración real del Poder Judicial, del Ministerio Público y de los cuerpos de seguridad; en la ruptura inequívoca con el narcotráfico y con los regímenes del socialismo del siglo XXI asociados al crimen organizado; y en la capacidad de reconstruir una política de Estado hacia la diáspora hondureña, históricamente explotada como fuente de remesas y desatendida como comunidad de derechos.
Asfura no ha recibido un premio. Ha sido colocado ante una prueba histórica. Honduras le abrió la posibilidad de ser parte de una inflexión institucional largamente postergada. Si esa oportunidad se utiliza para reconstruir el Estado de Derecho y restaurar la confianza pública, el país podrá iniciar un rumbo distinto. Si se desperdicia, la historia no admitirá atenuantes.
