By El militar venezolano fue víctima de desaparición forzada, tortura, violaciones graves al debido proceso y discriminación por motivos de opinión política.
La decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, en el caso del primer teniente Franklin Alfredo Caldera Martínez, confirma la ilegalidad de su encarcelamiento y expone un patrón sistemático de persecución política en Venezuela.
La detención del militar viola múltiples normas del derecho internacional, incluyendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Caldera fue víctima de desaparición forzada, tortura, violaciones graves al debido proceso y discriminación por motivos de opinión política. Su captura en febrero de 2021 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, seguida de incomunicación prolongada y tratos crueles.
A la fecha, su prisión preventiva se ha extendido por casi cinco años sin revisión judicial efectiva ni justificación legal válida.
Un caso emblemático dentro de la represión
La ONU advierte que la detención de Caldera forma no es un caso aislado, sino que es parte de un patrón más amplio de represión contra militares considerados disidentes que podría constituir una política generalizada o sistemática de persecución.
Tal caracterización tiene implicaciones jurídicas graves. Abre la puerta a investigaciones por crímenes de lesa humanidad y refuerza el escrutinio internacional sobre el uso del sistema penal como herramienta de control político.
La resolución exige al Estado venezolano la liberación inmediata del teniente Caldera, la concesión de indemnización y otras medidas de reparación integral, así como garantías de no repetición.
Además, solicita que la decisión sea difundida públicamente y que se informe, en un plazo de seis meses, sobre las acciones adoptadas para cumplir con las recomendaciones.
El rol de la sociedad civil y la familia
La organización Defiende Venezuela y la Fundación Familia SOS Libertad desempeñaron un papel central en la documentación del caso, la representación internacional de la víctima y la presentación de la comunicación ante el Grupo de Trabajo.
Franklin Caldera, padre del teniente y presidente de la fundación, declaró que la decisión constituye una certificación jurídica internacional de que mi hijo es un preso político. “El Estado debe liberarlo de inmediato y reparar los daños causados”, añadió
Implicaciones regionales
El impacto de la resolución trasciende el caso individual y refuerza la legitimidad de las denuncias presentadas por familiares, organizaciones de derechos humanos y víctimas de persecución política, y puede ser invocada como precedente en otros expedientes actualmente bajo revisión ante instancias internacionales.
