By La Fundación Arcadia exhorta a Stephen Miller, subjefe de Gabinete del presidente Donald Trump, a que se excuse por haber llamado “robo” la nacionalización petrolera venezolana de 1976. El despojo a nacionales y extranjeros lo empezó Chávez y lo prosiguió Maduro con el socialismo del siglo XXI.
La Fundación Arcadia rechaza, por inexactas y conceptualmente impropias, las declaraciones formuladas por Stephen Miller, subjefe de Gabinete del presidente Donald Trump. El alto funcionario de la Casa Blanca calificó la nacionalización petrolera venezolana de 1976 como “el mayor robo” contra Estados Unidos y sostuvo que la industria petrolera venezolana habría sido “creada” por el esfuerzo estadounidense.
La organización no gubernamental considera que en momentos de tensión política, la severidad retórica no exonera del deber de la precisión histórica y jurídica. Cuando una potencia llama “robo” a un proceso estatal, no está usando una metáfora inocente, está produciendo una imputación de ilegitimidad que, por su propia naturaleza, exige rigor probatorio y categorías correctas.
La nacionalización petrolera venezolana que entró en vigor el 1 de enero de 1976, decidida bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez, fue, en su esencia jurídica, una reserva estatal adoptada por ley orgánica (Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 1.769, 29 de agosto de 1975) que extinguió el régimen concesional y organizó una transición institucional sin interrupción operativa.
Existe evidencia oficial estadounidense de que el proceso fue acompañado por ofertas de compensación que, para el 28 de octubre de 1975, habían sido aceptadas por “todas salvo dos” de las compañías petroleras estadounidenses sujetas a la ley, y que la indemnización global se aproximó a 1.030 millones de dólares. En esas condiciones, calificar la nacionalización de 1976 como “robo” no es una lectura dura; es un error histórico.
La disputa patrimonial del Edificio Shell se resolvió dentro de la democracia
Arcadia Foundation reconoce que un proceso técnicamente ordenado puede dejar un rezago patrimonial. El ejemplo emblemático, largamente recordado, es la situación del antiguo Edificio Shell en San Bernardino, Caracas, inmueble que pasó a servir como sede de la Comandancia General de la Armada.
Lo sustantivo, para el propósito de esta solicitud de rectificación, no es la estética del edificio ni una discusión de cronologías urbanas, sino el dato institucional: fuentes de memoria naval y reseñas históricas señalan que, en la década de los noventa, se realizaron trámites legales y administrativos que culminaron en el depósito de recursos financieros ordenados por la Corte Suprema de Justicia para recibir la propiedad del inmueble “de manos de la corporación Shell de Venezuela”. Es decir: hubo litigio, hubo decisión judicial, hubo cumplimiento, y se perfeccionó la regularización patrimonial. Eso se llama institucionalidad democrática en funcionamiento.
Arcadia Foundation deja constancia, además, de que la fase decisiva —la de ejecución presupuestaria y coordinación administrativa, allí donde suelen naufragar las obligaciones cuando se intenta diferirlas o desnaturalizarlas— fue atendida por responsables de máximo nivel dentro del aparato financiero del Estado. Según el registro institucional y la memoria documentada de Arcadia Foundation, la interlocución atribuida al entonces oficial Guaicaipuro Lameda Montero —quien más tarde asumiría funciones nacionales en materia presupuestaria y llegaría a presidir PDVSA— integró la cadena administrativa que permitió destrabar y honrar íntegramente el pago debido; y de la materialización de ese cumplimiento puede dar fe la propia Shell, a través de su presidencia para el momento de la ejecución. La conclusión es inequívoca: Shell no fue objeto de despojo impune; aun tras un trámite prolongado, el Estado venezolano terminó cumpliendo la obligación nacida de la decisión judicial.
El verdadero “robo” ocurrió en el régimen chavista
La Casa Blanca yerra el blanco cuando pretende imputar a la nacionalización de 1976 el carácter de “robo”. Si se desea utilizar un lenguaje de condena —y Arcadia Foundation no lo rehúye cuando corresponde—, el señalamiento debe dirigirse al patrón posterior de tomas y expropiaciones ejecutadas como vías de hecho durante el ciclo autoritario inaugurado por Hugo Chávez Frías: anuncios televisados, ocupaciones fácticas, ruptura de la seguridad jurídica y sustitución del debido proceso por el hecho consumado.
Aquí conviene llamar las cosas por su nombre, con precisión jurídica. En el derecho penal venezolano, el “robo” (stricto sensu) se tipifica como apoderamiento de un bien mueble o inmueble mediando violencia o amenaza grave; no es la categoría técnico-penal natural para describir un despojo ejecutado desde el poder público bajo apariencia de acto estatal. Lo jurídicamente correcto es hablar de expropiación ilícita o irregular, confiscación material, o vía de hecho administrativa: desposesión sin procedimiento legal pleno, sin sentencia firme cuando ésta es exigida, y sin pago oportuno de justa indemnización.
La constitución venezolana es terminante: la expropiación sólo procede por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización. Y la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social estructura un itinerario de declaratoria, decreto y cauce procesal que no puede ser sustituido por el espectáculo del “ordeno y tomo”. Cuando ese cauce se omite, el resultado no es una expropiación legítima: es despojo. Y, en el lenguaje moral y político —que es también el lenguaje de la memoria de las naciones— ese despojo equivale, sustantivamente, a un robo.
Por ello, Arcadia Foundation coincide con la idea de fondo que la Casa Blanca pretende transmitir —que ninguna región debe tolerar experimentos autoritarios que arrasen el Estado de Derecho y conviertan la propiedad en botín—, pero exige que el diagnóstico sea honesto: no fue Venezuela democrática la que “robó” en 1976; fue el autoritarismo chavista el que institucionalizó el despojo como método.
La obligación de rectificar
Arcadia Foundation exhorta formalmente que la Casa Blanca rectifique la calificación de “theft/robo” aplicada al proceso de nacionalización de 1976 y, si desea denunciar el verdadero robo o las expoliaciones, lo haga como corresponde, señalando el ciclo de ocupaciones y expropiaciones ejecutadas sin debido proceso y sin indemnización oportuna que lideró Hugo Chávez Frías y prosiguió Nicolás Maduro Moros, que degradaron la seguridad jurídica venezolana y lesionaron intereses venezolanos y extranjeros por igual.
