By Si el canciller Yván Gil y la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirman que no hay crímenes de lesa humanidad que investigar, Mandiaye debe proceder a presentar los casos. Por qué prefiere darle tiempo al régimen antes que impartir justicia.
Amin Rivas Hernández
“El umbral de investigación” establecido en caso Venezuela 1 por la fiscal Fatou Bensouda quedó demostrado que existían fundamentos razonables para considerar que se habían cometido crímenes de lesa humanidad por el régimen de Nicolas Maduro. Esa evaluación preliminar conformó un marco jurídico que establecía la sistematicidad y la naturaleza política de los delitos cometidos contra la población civil.
El umbral definido por Bensouda no solo fue confirmado, sino ampliado por el fiscal Karim Khan, en función de nuevas denuncias, pruebas y testimonios y evidencias de la inacción del sistema judicial venezolano.
En este marco, resulta altamente contradictorio que el nombramiento del fiscal adjunto Mame Mandiaye, se traduzca ahora en un regreso hacia la complementariedad positiva, cuando es ampliamente conocido que, tanto Bensouda como Khan han demostrado de manera pública, notoria y documentada, “que el régimen no ha cumplido con los estándares de genuinidad exigidos por el Estatuto de Roma”.
Además, la Sala de Cuestiones Preliminares CPI fue concluyente y firme cuando expresó: “El sistema de justicia en Venezuela no está investigando o no ha investigado los hechos penales, que podrían constituir crímenes”.
Un hecho que fue ratificado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU. Sus informes que demuestran que esas actuaciones del régimen han sido selectivas, superficiales y carentes de independencia, lo que evidencia su falta de genuinidad conforme al artículo 17 del Estatuto de Roma.
El Principio de Complementariedad, consagrado en el Preámbulo y en el artículo 17 del Estatuto de Roma, es el pilar fundamental de la justicia penal internacional. La CPI sólo puede actuar cuando los Estados no pueden o no quieren llevar a cabo investigaciones o enjuiciamientos genuinos de crímenes graves.
La Corte no reemplaza la acción de la justicia del Estado, sino que la complementa. Aquí existe un vacío. No toma en cuenta las situaciones que se dan cuando es el propio Estado el principal sospechoso y utiliza el Principio para evitar una investigación formal y prolongar en el tiempo la aplicación de la justicia.
Se entiende que la ley es ciega, pero no puede aislarse de las situaciones evidentes.
El fiscal Khan introdujo la llamada “complementariedad positiva”, donde la Fiscalía no sólo se limita a intervenir cuando los Estados no lo hacen, sino que interviene para estimular, asistir y fortalecer las capacidades del Estado, para alcanzar investigaciones genuinas, por medio del diálogo institucional y la cooperación técnica.
¿Cómo hablar de diálogos cuando esos intentos han sido burlados constantemente por el régimen y utilizado para ganar tiempo y crear olvido y desesperanza? ¿Cómo hablar de cooperación técnica y cooperación cuando en Venezuela no existe una independencia de poderes y el régimen nunca ha reconocido que sucedieron esos crímenes graves?
El régimen los considera “excesos puntuales” ya investigados, enjuiciados y de sentencias dictadas.
Las siguientes declaraciones, corresponden a representantes del gobierno de Maduro y no debemos olvidar que, él firmó el primer Memorándum de Entendimiento, sin reconocer los crímenes que se iban a investigar.
El canciller del régimen Yvan Gil en múltiples declaraciones ha reiterado que la investigación CPI “no tiene ningún soporte jurídico y real” y que fue “políticamente motivada” por el Grupo de Lima, al que señala de tratar de crear “una situación inexistente de manera jurídica”.
Al finalizar la audiencia pública de la Sala de Apelaciones CPI del 7 y 8 de noviembre de 2023, declaró: “Nuestros juristas han demostrado que este es un caso políticamente creado a través de una serie de erráticas acciones por parte de la Fiscalía de la CPI”. Enfatizó que Venezuela “desmontó y pulverizó el argumento de la Fiscalía CPI, que pretende crear un caso inexistente”. “Lo que viene es desmontar y determinar que este caso debe terminar de manera inmediata, porque ha sido fraudulentamente creado”, añadió.
Concluyó afirmando que “se pretendió utilizar la institucionalidad de la CPI, para atacar políticamente a Venezuela sobre la base de una acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”
Señor fiscal Mandiaye, las declaraciones de los personeros del régimen ratifican, que para ellos nunca han ocurrido crímenes de lesa humanidad, por lo tanto, no ven necesario adecuar las normativas internas para investigar, procesar e impartir justicia por faltas inexistentes.
En consecuencia, el Principio de Complementariedad Positiva no puede ejecutarse, porque para el Régimen no existen delitos ni leyes o normas que modificar.
En diciembre de 2023 para implementar la Complementariedad Positiva, la Fiscalía y el Régimen acordaron un Plan de Trabajo que sería ejecutado en 2024, como segundo Memorándum de Entendimiento que delinea el asesoramiento y la asistencia que la Fiscalía prestaría al régimen.
Usted, fiscal Mandiaye, conoce el resultado de ese Plan de Trabajo, un fracaso total por incumplimiento de las metas y por consiguiente, un fracaso de la complementariedad positiva. Ese Plan nació bajo su mirada, era parte de sus funciones como fiscal adjunto.
“La complementariedad no puede ser una historia interminable. No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba”, dijo Karim Khan
Su presencia, fiscal Mandiaye, no puede desligarse de la línea trazada tanto por Bensouda como por Khan, quienes han sostenido consistentemente que el régimen venezolano no ha cumplido los estándares de genuinidad exigidos por la CPI.
En consecuencia, no sería coherente que quien ha sido garante de la continuidad y profundidad del caso, adopte una postura de defensa de la complementariedad positiva en un contexto, donde esta estrategia podría interpretarse como un freno o dilación injusta del proceso.
Más aún, cuando el umbral de investigación, delimitado por la fiscal Bensouda y ampliado con evidencia adicional por el fiscal general Karim Khan, permitió pasar de la fase preliminar a la investigación penal. Ahora corresponde la presentación inmediata de casos formalmente estructurados.
El Estatuto de Roma establece los siguientes criterios para reconocer entre una actuación nacional auténtica y una simulación procesal orientada a evadir la jurisdicción internacional:
- La independencia y autonomía del sistema judicial.
- La disponibilidad de recursos para la investigación.
- La voluntad política de sancionar a los responsables.
Señor fiscal Mandiaye, ¿cómo puede implementar la Complementariedad Positiva donde no existe independencia de poderes, ni posibilidad de diálogo honesto con los presuntos ejecutores de las violaciones? ¿No es evidente que no hay disposición para investigar ni voluntad política de actuar?
En la reciente visita a la CPI, Delcy Rodríguez le ratificó que “en Venezuela no se han cometido delitos de lesa humanidad competencia del Estatuto de Roma”. Y le ratificó la “disposición de continuar y profundizar los mecanismos de complementariedad positiva, siempre sobre la base de la primacía de la jurisdicción nacional”
La declaraciones de la alta funcionaria descubren una faceta en las que el régimen es especialista: convertir la complementariedad en un “dialogo interminable” y eso se traduce en una prolongada impunidad.
Su respuesta, señor fiscal fue: “La fiscalía cumplirá con su mandato avanzando con su investigación mientras evalúa el progreso del gobierno sobre la complementariedad.”
Con todo respeto, fiscal Mandiaye, ¿a cuál evaluación del progreso se refiere usted? ¿Ha habido alguno? Sería interesante que, si existe, los revelara, pues “la viabilidad de la vía de la complementariedad dependerá de las iniciativas y acciones del régimen en la implementación de esfuerzos genuinos de rendición de cuentas a nivel nacional”.
¿Usted todavía no está convencido de que esas iniciativas o acciones nunca las verá? La espera la convertirá el régimen en otra especie de presentación de pruebas del despojo de los resultados del proceso electoral del 28J, que aún aguarda la comunidad internacional. El régimen busca tiempo, y el tiempo se convierte en impunidad.
Señor fiscal Mame Mandiaye, tenga usted en consideración lo expresado por los fiscales Bensouda y Khan: “El régimen no ha cumplido con los estándares de genuinidad exigidos por el Estatuto de Roma” y la firme conclusión de la Sala de Cuestiones preliminares: “El sistema de justicia en Venezuela no está investigando o no ha investigado los hechos penales, que podrían constituir crímenes”
Mientras se espera un gesto fútil y remoto, los delitos graves contra la población continúan consolidando un patrón sistemático de persecución y violaciones de derechos humanos. Cada día de inacción, es un día más de represión y dolor para el pueblo venezolano. ¿Hasta cuándo señor fiscal?
