By Lo que comenzó como una serie de rumores de pasillo en los tribunales bolivianos culminó en un terremoto político y judicial sin precedentes en la historia reciente del país. La captura en el aeropuerto de Viru Viru de Roger Mariaca, hasta hace poco el máximo líder de la persecución penal en Bolivia, ha expuesto las vísceras de una presunta organización criminal enquistada en los niveles más altos del Ministerio Público. El Gobierno boliviano acusa formalmente al exfiscal general de diseñar una estructura destinada a blindar y favorecer las operaciones del narcotráfico internacional.
El caso tomó un rumbo definitivo tras una serie de golpes coordinados que dinamitaron la defensa del exmagistrado. Apenas dos días antes del arresto, el panorama internacional ya se tornaba oscuro para el funcionario: el Departamento de Estado de los Estados Unidos determinó la revocación inmediata del visado de Mariaca, argumentando presuntos actos de corrupción pública y nexos con el tráfico de sustancias controladas. Aunque en su momento Mariaca tildó la medida de “presión política”, la justicia boliviana no tardó en actuar bajo las mismas sospechas de subordinación a las mafias del narcotráfico, particularmente en su supuesta complicidad para encubrir la red del capo uruguayo Sebastián Marset.
El escándalo escaló a niveles cinematográficos durante los allanamientos posteriores a su detención. En un desesperado intento por salvar activos, allegados a Mariaca intentaron desviar millonarias sumas de dinero en una ambulancia que salía directamente de una de sus propiedades. La policía interceptó el vehículo de emergencia y decomisó, junto a otros operativos vinculados a su edecán, un total de 3,5 millones de bolivianos en efectivo. Este hallazgo sepultó cualquier posibilidad de una defensa simple, obligando a las autoridades a abrir un segundo proceso penal paralelo por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
La red delictiva, descrita por el Ministerio de Gobierno como una “narcoestructura” institucional, provocó un efecto dominó que arrastró a otros altos mandos del sistema judicial. Entre los detenidos e imputados figuran Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, y Martín Irusta, fiscal superior que en el pasado había ejercido como abogado del expresidente Evo Morales. La magnitud de las aprehensiones dejó en evidencia que no se trataba de un actor aislado, sino de un consorcio delictivo que operaba con total impunidad desde las oficinas fiscales más importantes del eje central del país.
La respuesta del Poder Legislativo fue fulminante ante el vacío de poder y el desprestigio internacional. En una sesión de urgencia, la Asamblea Legislativa Plurinacional modificó de forma exprés la Ley Orgánica del Ministerio Público, dictaminando que cualquier fiscal general con imputación formal quedaba automáticamente destituido de sus funciones. Con esta maniobra legal, el Parlamento le retiró el blindaje constitucional a Mariaca, forzándolo a enfrentar la detención preventiva y los cargos penales como un ciudadano común, marcando el fin de una era y el inicio de una profunda depuración del sistema de justicia en Bolivia.
Para comprender a fondo la cronología de las detenciones y las primeras declaraciones del gabinete de ministros, las coberturas audiovisuales de France 24 Español y los reportes especiales de DW Español ofrecen un análisis detallado en video sobre el impacto político de este histórico arresto.
