By El panorama de la movilidad humana en Sudamérica está experimentando una transformación drástica. Tras casi una década caracterizada por programas de acogida flexibles y estatutos temporales motivados por el éxodo masivo, las principales economías receptoras de la región han comenzado a aplicar de forma simultánea un modelo estricto de control fronterizo y expulsiones. Lo que antes se gestionaba bajo una perspectiva humanitaria de integración, hoy se procesa bajo el estricto prisma de la seguridad interna y el combate al delito transnacional.
En la vanguardia de este giro de tuerca se encuentra la Argentina de Javier Milei. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó un balance contundente dentro de su estrategia de “ley y orden”: la administración libertaria ha expulsado, rechazado o inadmitido a más de 20,000 inmigrantes irregulares. A través de las líneas de acción publicadas por La Derecha Diario, se detalla que el plan argentino no solo opera bloqueando a los denominados “falsos turistas” en los puntos de entrada por falta de solvencia económica o reservas, sino también mediante la ejecución de expulsiones directas a extranjeros con antecedentes delictivos u órdenes administrativas previas. Además, las autoridades federales han extendido la presión con controles de identidad relámpago en zonas de alta densidad comercial y tránsito urbano, como el barrio porteño de Retiro.
La vía marítima y los operativos de saturación en Perú
El endurecimiento de las medidas también resuena de forma dramática en territorio peruano. Perú, que alberga a cerca de 1.6 millones de personas de la diáspora venezolana, ha intensificado el cerco a la informalidad. El superintendente nacional de Migraciones, Luis Yunis Herrera, reportó que las brigadas gubernamentales en cooperación con la Policía Nacional ya han ejecutado más de 5,400 operativos de fiscalización en las calles, revisando el estatus legal de más de 83,000 extranjeros y concretando más de 2,800 expulsiones.
Ante el cuello de botella que representan los saturados y costosos vuelos chárter, el ministro del Interior de Perú, César Astudillo, anunció ante el Parlamento que se están negociando acuerdos directos con Caracas para un método inédito: implementar deportaciones masivas por vía marítima (barcos), lo que permitirá trasladar a contingentes mucho más numerosos de personas en situación irregular. Tal como detalla la crónica de Vilas Radio, miles de familias han quedado atrapadas en este limbo de vulnerabilidad debido a la falta de contratos laborales formales —un requisito indispensable en las normativas actuales para mantener la regularidad— y a las crecientes trabas burocráticas para renovar los antiguos permisos de permanencia temporal.
Chile: Restricciones de salida y miles de órdenes firmadas
En paralelo, Chile ha adoptado decisiones severas que modificaron por completo el tratamiento hacia los residentes foráneos. El país arrastra una proyección acumulada de 75,000 órdenes de expulsión administrativa pendientes de ejecución. Al mismo tiempo, la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile provocó intensas protestas civiles tras frenar en seco el embarque de decenas de ciudadanos extranjeros en el aeropuerto de Santiago bajo un criterio policial riguroso que derogó directrices previas de flexibilidad: se restringió por completo la salida legal del territorio nacional a quienes presenten pasaportes o cédulas de identidad vencidas, obligando al Ejecutivo a negociar salvoconductos específicos de última hora para destrabar las repatriaciones voluntarias.
Colombia y Ecuador se suman a la fiscalización táctica
Incluso Colombia, considerado históricamente el epicentro de la política de puertas abiertas y de regularización masiva a largo plazo a través del Estatuto Temporal de Protección, ha cambiado de rumbo. En una cobertura detallada por el medio digital Tal Cual, las autoridades colombianas iniciaron operativos de inspección y patrullaje táctico desplegados por Migración Colombia en calles, parques y establecimientos comerciales de ciudades clave como Medellín, Cúcuta y Bucaramanga para comprobar documentación y antecedentes penales en el sitio, resultando en expulsiones inmediatas de aquellos que presentan registros delictivos o faltas de convivencia. En Ecuador, bajo un escenario dominado por la declaración de conflicto armado interno, las exigencias migratorias se han blindado del mismo modo mediante severos filtros de visado para neutralizar los flujos del crimen organizado transnacional.
Este panorama deja en claro que Sudamérica ha coordinado un mensaje común. El agotamiento de las capacidades institucionales de absorción urbana, sumado a las presiones de opinión pública por la seguridad interna, sepultó los antiguos intentos de asimilación e inauguró una era donde la frontera y la calle se vigilan bajo un estricto enfoque punitivo.
