By Amnistía Internacional lanzó este lunes un llamado urgente a las autoridades venezolanas para que garanticen que las labores de rescate y asistencia humanitaria tras los terremotos del 24 de junio se realicen bajo estrictos estándares de derechos humanos y principios humanitarios.
Los dos sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurridos con apenas 39 segundos de diferencia en el norte del país, han dejado hasta ahora al menos 1.719 muertos, más de 5.000 heridos y 15.000 desplazados, según cifras oficiales que aún se consideran incompletas. Miles de personas continúan desaparecidas mientras las réplicas siguen afectando la región. Los estados más golpeados incluyen La Guaira, Caracas, Carabobo, Falcón, Aragua, Miranda y Yaracuy.
En el documento titulado “Protección para las víctimas del terremoto en Venezuela” (AMR 53/1244/2026), la organización internacional insta a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a priorizar la protección de los grupos más vulnerables, especialmente niñas, niños y personas mayores, quienes enfrentan mayores riesgos tras el colapso de edificios y la crisis humanitaria preexistente.
“Las autoridades venezolanas deben garantizar que las labores de ayuda se rijan por el derecho y estándares de derechos humanos”, señala el informe. Amnistía enfatiza la necesidad de que la asistencia sea imparcial, neutral e independiente, sin discriminación alguna.
Otro punto central del llamado es la defensa de la libertad de prensa. La organización exige proteger el trabajo de periodistas nacionales e internacionales y levantar de inmediato las restricciones a medios de comunicación y plataformas digitales, argumentando que el acceso oportuno a la información puede salvar vidas en medio de la emergencia.
“En el contexto de una emergencia humanitaria de más de una década, con un sistema de salud colapsado y un espacio cívico restringido, es fundamental derogar leyes que limitan el trabajo de las organizaciones no gubernamentales”, añade el documento.
Amnistía Internacional, que ya había emitido un comunicado el 25 de junio, anunció que continuará monitoreando la situación y expresó su solidaridad con el pueblo venezolano, las organizaciones de la sociedad civil y las personas afectadas por la tragedia.
La organización pone a disposición del público una carta modelo para enviar a las autoridades venezolanas, con plazo recomendado hasta el 10 de agosto de 2026.
