By La emergencia provocada por los terremotos en Venezuela empieza a mostrar una segunda zona de devastación: no la de los edificios dañados ni la de las calles tomadas por familias sin techo, sino la de las denuncias que apuntan al manejo opaco de la ayuda, a la obstaculización de rescatistas, al control político del auxilio y a la apropiación de insumos destinados a damnificados. En medio de una tragedia que todavía no termina de revelar su verdadera dimensión, ciudadanos, voluntarios y organizaciones civiles han comenzado a señalar un patrón de irregularidades que exige investigación inmediata y verificación pública.
Las acusaciones que circulan desde distintas zonas afectadas no pueden ser tratadas como una mera agitación de redes sociales. Tampoco pueden aceptarse sin examen, como si la indignación bastara para sustituir la prueba. Pero precisamente por su gravedad, por su repetición y por el contexto institucional en que se producen, esas denuncias obligan a una respuesta seria: preservar evidencias, identificar responsables, abrir registros de distribución y garantizar que cada donación, cada medicina, cada litro de agua y cada equipo de rescate llegue a las víctimas sin intermediación política, sin cobros indebidos y sin controles ajenos a la necesidad humana.
En los testimonios recogidos durante las últimas horas se repiten señalamientos de naturaleza particularmente delicada: funcionarios y cuerpos de seguridad acusados de retener o desviar insumos; militares señalados por impedir el acceso de voluntarios y familiares a zonas críticas; autoridades locales denunciadas por restringir centros de acopio independientes; damnificados que afirman haber sido sometidos a filtros, credenciales o carnets para recibir asistencia; y rescatistas que habrían encontrado obstáculos discrecionales para ingresar a sectores donde todavía se buscaba a personas bajo los escombros.
El primer deber del Estado en una catástrofe es salvar vidas. El segundo, inseparable del primero, es no apropiarse de la emergencia. La ayuda humanitaria no pertenece al gobierno, ni al partido, ni a una autoridad regional, ni a un cuerpo armado. Pertenece a las víctimas. Cualquier intento de administrarla como botín, propaganda, recompensa o mecanismo de obediencia convierte el auxilio en una prolongación del daño.
Uno de los puntos más sensibles es el control de acceso a las zonas devastadas. Toda operación de rescate requiere orden, seguridad y coordinación técnica. Nadie puede negar que, después de un terremoto, hay áreas que deben ser protegidas por riesgo estructural, presencia de réplicas o necesidad de mantener rutas despejadas para vehículos de emergencia. Pero esa potestad legítima se vuelve abuso cuando se ejerce sin criterios claros, cuando impide a familiares buscar a los suyos, cuando detiene a voluntarios capacitados sin explicación suficiente o cuando transforma la seguridad en una frontera política.
La respuesta oficial ha intentado proyectar dominio de la situación mediante anuncios de despliegue, recepción de cooperación internacional y llamados a la calma. Sin embargo, la realidad descrita por numerosas voces ciudadanas muestra un país en el que muchas comunidades han debido actuar antes que las instituciones: vecinos removiendo escombros con herramientas improvisadas, familias durmiendo en espacios abiertos, médicos pidiendo insumos elementales, pacientes sin atención adecuada y zonas donde la presencia del Estado parece más eficaz para controlar que para auxiliar.
Particular inquietud han generado las denuncias sobre centros de acopio impulsados por redes civiles y organizaciones independientes. En una emergencia de esta naturaleza, la sociedad civil no es un adversario administrativo ni una amenaza al monopolio del poder; es una reserva indispensable de auxilio. Agua, alimentos, ropa, medicinas, linternas, baterías, mantas y artículos de higiene no pueden quedar atrapados en disputas de control. Cuando un centro de acopio es hostigado o desmantelado sin transparencia, no se está ordenando la ayuda: se está debilitando la capacidad social de responder donde el Estado no llega.
También deben investigarse con extremo rigor las denuncias de cobros, exigencias de identificación política o condicionamientos para recibir asistencia. En una emergencia, la única credencial admisible es la necesidad. La prioridad no la define la afiliación, la lealtad, la inscripción en un registro oficial ni la cercanía a una estructura de poder. La define la vulnerabilidad: niños, heridos, adultos mayores, personas con discapacidad, embarazadas, enfermos crónicos, familias desplazadas y hogares que no pueden regresar a edificios comprometidos.
El desastre ha revelado, además, la precariedad de una infraestructura pública deteriorada durante años. Los terremotos no inventaron la fragilidad del sistema sanitario, ni la escasez de ambulancias, ni la falta de equipos especializados, ni la politización de los organismos de seguridad, ni la ausencia de mecanismos confiables de rendición de cuentas. La tragedia hizo visible, en cuestión de segundos, lo que la opacidad venía acumulando durante años: un Estado con demasiada capacidad para vigilar y demasiada poca para proteger.
La ayuda internacional puede aliviar parte del daño, pero no garantiza por sí sola que la asistencia llegue correctamente a las familias afectadas. En un país con instituciones sometidas a control político, cada donación necesita trazabilidad. No basta con anunciar aviones, cargamentos o toneladas de insumos. Debe saberse quién recibe, quién clasifica, quién distribuye, con qué criterios, hacia qué comunidades, bajo qué supervisión y mediante qué registro público. La transparencia no es una cortesía en tiempos de desastre; es una condición de supervivencia.
Las denuncias de saqueo, desvío o retención de ayuda no pueden quedar reducidas a comentarios dispersos ni a indignación pasajera. Cada caso debe documentarse. Cada bloqueo a rescatistas debe explicarse. Cada centro de acopio intervenido debe ser identificado. Cada funcionario acusado de condicionar asistencia debe responder ante una investigación independiente. En una catástrofe, la arbitrariedad no es un defecto burocrático: puede decidir quién recibe agua, quién llega a un hospital, quién es rescatado a tiempo y quién queda abandonado.
La indignación de los venezolanos expresa algo más profundo que el dolor inmediato. Es la reacción de una sociedad que, ante la ruina material, reconoce también la ruina institucional. No se protesta únicamente por la lentitud de una respuesta; se protesta por la sospecha de que incluso el auxilio pueda quedar subordinado a la lógica de control que ha marcado la vida pública venezolana durante años.
Venezuela necesita rescate, refugio, medicinas, agua, equipos y asistencia técnica. Pero necesita también garantías elementales: corredores humanitarios verificables, protección a voluntarios, acceso de organizaciones civiles, distribución no discriminatoria, registro público de insumos y mecanismos seguros para denunciar abusos. Sin esas garantías, la ayuda corre el riesgo de convertirse en otra zona de disputa, precisamente cuando debería ser el único territorio moralmente intocable.
Las víctimas de los terremotos no pueden quedar atrapadas entre la fuerza de la naturaleza y la arbitrariedad del poder. La catástrofe ya produjo suficiente desamparo. Si la ayuda se desvía, se condiciona o se administra como instrumento de control, el desastre deja de ser sólo natural y adquiere una responsabilidad humana que ningún gobierno puede ocultar entre comunicados, uniformes y fotografías de reparto.
