By El decano de Derecho de la UCV exige comicios presidenciales inmediatos y advierte sobre la inseguridad jurídica de cualquier acuerdo firmado sin legitimidad de origen
Juan Carlos Apitz fija el punto de partida en la Constitución y no se mueve de ahí. Sin elección, no hay legitimidad. Y sin legitimidad, el poder es usurpación. La consecuencia no es solo política. Es jurídica y económica.Apitz organiza su planteamiento en una secuencia cerrada: hecho, norma, consecuencia. El hecho es una ausencia declarada; la norma, un plazo que venció sin prórroga; la consecuencia, el ejercicio del poder sin legitimidad electoral.
“El 3 de enero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la ausencia de Nicolás Maduro… tenían 90 días y si querían prorrogar por 90 días más tenía que declararlo a la Asamblea Nacional. Eso no pasó… por lo cual al día de hoy lo que hay es una usurpación de poder”. La afirmación no se presenta como opinión política sino como derivación jurídica: si la soberanía se ejerce mediante el sufragio, quien no proviene de una elección no satisface el requisito de origen.
Ese punto de partida desplaza la discusión. No se trata de si el gobierno funciona o no, sino de si puede obligar válidamente. Apitz introduce la pregunta de forma directa: “¿Cómo se explica que alguien que no es el resultado de unas elecciones ejerza la presidencia?… el poder público descansa en la soberanía popular y se ejerce a través del sufragio”. Al fijar el estándar, abre la consecuencia: la validez de los actos estatales depende de esa legitimidad de origen. Sin ella, el problema no es de conveniencia, es de validez.
La consecuencia aparece en su forma más sensible: los contratos. “Cualquier contrato que se firme, un contrato petrolero, un contrato de minas, cualquier contrato de interés nacional, estaría viciado de nulidad si esta situación se mantiene”. La frase no introduce matices. Traslada el quiebre constitucional al terreno económico y coloca a la actividad contractual del Estado bajo una sombra jurídica. No es un riesgo difuso: es la posibilidad de nulidad.
A partir de ahí, la argumentación se encadena hacia la inversión. Sin seguridad jurídica, no hay capital dispuesto a asumir riesgo país ampliado por invalidez potencial de los actos públicos. “Para que la empresa privada… pueda invertir, hace falta certidumbre, seguridad; mientras se mantenga esta situación… habrá inseguridad, habrá incertidumbre y ningún empresario invertirá”. El vínculo es lineal y no admite rodeos: ilegitimidad → incertidumbre → contracción de inversión. La crisis deja de ser institucional en abstracto y se traduce en restricción material.
La implicación no se agota en la retracción de inversión. Introduce un problema de jerarquía jurídica sobre los actos del Estado. Si el origen del poder es cuestionable, la presunción de validez de sus decisiones también lo es. Eso altera el estándar con el que operan tanto actores privados como instancias externas: no se trata solo de riesgo país, sino de riesgo de invalidez. En ese marco, la contratación deja de ser un instrumento de política pública y pasa a ser una operación condicionada por la posibilidad de impugnación futura. El efecto no es solo menor inversión, es fragmentación del sistema de decisiones económicas.
La salida que propone no se despliega como programa gradual. Se formula como activación de un mecanismo constitucional que, en su lectura, ya está habilitado por el vencimiento del plazo. “Concluido el lapso… lo que queda es convocar inmediatamente a unas elecciones”. El adverbio delimita el tiempo político: no es una opción a considerar, es una obligación a ejecutar. La elección no aparece como etapa final de un proceso, sino como condición para restituir la validez de origen.
Esa urgencia no elimina el problema del árbitro. Apitz introduce una segunda capa que complica la ejecución: la credibilidad del sistema electoral. “¿Cómo se puede pensar en un árbitro electoral imparcial, confiable, en este momento? Pues no lo hay”. La afirmación se sustenta en déficits verificables: “los resultados de las elecciones… no aparecen desglosados en la página del CNE”. La crítica no es abstracta; apunta a la trazabilidad de los resultados y a la opacidad institucional como base de desconfianza.
De ese diagnóstico deriva una agenda mínima de recomposición. No como ideal normativo completo, sino como umbral de credibilidad: nuevo Consejo Nacional Electoral, registro actualizado, garantías para el voto en el exterior, cronograma verificable. “Una de las cosas que hay que hacer es elegir un nuevo CNE que sea confiable… reconstruir el registro electoral… crear un mecanismo para que los venezolanos en el extranjero puedan votar”. La secuencia implícita es doble: convocatoria inmediata y construcción de condiciones en paralelo, con un horizonte acotado.
Ese punto es crítico porque define el límite de la propuesta. La elección no puede ser solo un acto de cierre, tiene que ser un mecanismo de validación. Sin un mínimo de trazabilidad —registro confiable, resultados verificables, participación efectiva— el proceso reproduce la misma objeción que intenta resolver. Apitz no plantea un estándar ideal, pero sí un umbral operativo: suficiente integridad para que el resultado tenga efecto político real.
El calendario que sugiere no es indefinido. Se mueve en un rango cercano que busca evitar la dilación sin sacrificar completamente las condiciones. “Que la Asamblea Nacional, prontamente, convoque… para que se haga un cronograma… y puedan haber elecciones diciembre, enero”. La propuesta intenta resolver la tensión entre urgencia y credibilidad sin disolver ninguna de las dos. No espera un rediseño total, pero tampoco convalida un proceso sin garantías mínimas.
Ahí se concentra la tensión estructural de su planteamiento. Acelerar sin vaciar de contenido. Convocar sin legitimar un proceso defectuoso. La solución que propone no es teórica, es secuencial: activar el mecanismo electoral y, en paralelo, reconstruir las condiciones mínimas que permitan reconocer el resultado. La transición no se prepara antes del poder, pero tampoco puede nacer sobre un proceso cuya validez esté en disputa desde el origen. Ese equilibrio es el punto más inestable de toda la propuesta.
El análisis incorpora un efecto adicional: la revisión futura de decisiones adoptadas bajo ilegitimidad. “El que asuma la presidencia… tendrá que ratificar o no muchas de las decisiones… esos contratos tendrán que revisarse”. La consecuencia es acumulativa. A la inseguridad presente se suma la incertidumbre ex post. Un contrato firmado hoy no solo puede ser nulo, puede ser reexaminado y eventualmente dejado sin efecto por una autoridad legítima. El riesgo se proyecta en el tiempo.
Esa doble capa —invalidez potencial hoy y revisión obligada mañana— introduce un incentivo a la cautela que no depende de la voluntad política, sino del cálculo racional. Ningún actor económico puede asumir como estable un acuerdo cuya continuidad depende de un cambio de legitimidad. El resultado es una economía que opera en provisionalidad: decisiones reversibles, compromisos limitados, horizontes cortos. La incertidumbre deja de ser coyuntural y se convierte en estructura.
En el plano internacional, Apitz reconoce interés y presión, pero no traslada el fundamento de la solución fuera del orden constitucional interno. “Yo siento que el gobierno norteamericano está muy interesado… han dicho que es necesario en un corto plazo realizar elecciones”. La referencia sitúa contexto, no sustituye la norma. El eje de legitimidad permanece en la soberanía popular y su expresión electoral.
La intervención vuelve sobre su punto inicial para cerrar sin dispersión. “Nosotros tenemos una lucha que es que se cumpla la Constitución”. La frase no añade elementos; fija el marco. La discusión no se resuelve en la negociación política sino en la restauración de un requisito básico: que quien ejerce el poder provenga del voto. Sin ese requisito, el Estado actúa en una zona de invalidez que contamina sus decisiones y condiciona su economía.
El planteamiento no busca ampliar el campo de discusión, lo reduce. No incorpora variables nuevas ni abre escenarios alternativos. Insiste en una premisa única: la legitimidad no es negociable porque es el punto de partida de todo el sistema. Sin ella, cualquier intento de estabilización —política o económica— queda subordinado a una anomalía de origen.
El planteamiento de Apitz no ofrece una arquitectura detallada de transición. Delimita un umbral. Elecciones para restituir legitimidad de origen; condiciones mínimas para que el resultado sea creíble; revisión de actos para reordenar el sistema. El resto queda subordinado a ese punto de partida. Sin elección, no hay base. Sin base, no hay validez. Y sin validez, no hay estabilidad posible.
