By El país enfrenta la elección del nuevo fiscal general con dos legados que alarman: Luisa Ortega Díaz, fiscal general entre 2007 y 2017, pasó de ser figura clave del oficialismo a denunciar violaciones de derechos humanos y terminar en el exilio. Tarek William Saab, su sucesor, por su radical alineamiento político con el régimen y por su rol sesgado en investigaciones sensibles, especialmente en casos de cruel represión estatal y delitos de lesa humanidad. La ONU advierte que el proceso debe ser “transparente y basado en mérito”.
Venezuela entra en otro proceso para elegir al fiscal general con el mismo patrón que ha marcado las últimas dos décadas: la Constitución no se cumple. El Comité de Postulaciones opera sin pluralidad, la Asamblea Nacional controla todas las etapas y no existen mecanismos reales de evaluación pública. El país acumula 20 años de designaciones hechas por acuerdos políticos y no por procedimientos de mérito.
En ese contexto, la ONU pidió que la selección sea “transparente y basada en mérito”. El señalamiento no surge de un hecho aislado, sino de un historial sostenido de irregularidades que afecta la independencia del Ministerio Público.
No es una coincidencia que la advertencia llegue ahora. El proceso actual reproduce las mismas condiciones que permitieron las designaciones irregulares de los últimos veinte años. Si no se corrigen, volverá a ocurrir lo mismo, porque el procedimiento está estructurado de forma que facilita la repetición del patrón.
Veinte años sin cumplir el procedimiento constitucional
La Constitución establece un mecanismo claro para designar al fiscal general: un Comité de Postulaciones Ciudadanas debe evaluar credenciales, trayectoria, independencia y participación pública antes de remitir una lista al Parlamento. Ese procedimiento no se ha aplicado de forma íntegra desde 2004.
En su lugar, las designaciones han respondido a negociaciones internas del oficialismo. Los comités han funcionado como estructuras formales sin capacidad de escrutinio. Las votaciones se han realizado sin competencia real y sin deliberación pública. La Asamblea Nacional ha tratado el proceso como un trámite político, no como una evaluación de mérito.
El resultado es un Ministerio Público sin independencia efectiva. La ONU interviene porque la falta de autonomía del fiscal general afecta directamente la investigación de violaciones de derechos humanos, corrupción y abusos de poder.
El legado de Luisa Ortega Díaz
Luisa Ortega Díaz dirigió la Fiscalía entre 2007 y 2017. Durante la mayor parte de su gestión actuó alineada con el oficialismo. Respaldó decisiones del Ejecutivo y defendió actuaciones de cuerpos de seguridad.
Su rol cambió en 2017, cuando cuestionó la Asamblea Nacional Constituyente y denunció violaciones de derechos humanos. Su ruptura con el gobierno derivó en su destitución por la Constituyente y en su salida del país.
Ortega Díaz pasó de ser una figura central del chavismo a convertirse en denunciante en el exilio. Su trayectoria muestra que la autonomía del cargo depende de decisiones individuales, no de garantías institucionales.
El legado de Tarek William Saab
Tarek William Saab asumió la Fiscalía tras la salida de Ortega Díaz. Su gestión ha sido cuestionada por organismos internacionales y organizaciones nacionales de derechos humanos. Los señalamientos se concentran en tres áreas:
- Falta de investigaciones independientes en casos de represión estatal.
- Uso político del Ministerio Público en procesos contra opositores.
- Ausencia de resultados verificables en casos de corrupción de alto nivel.
Saab sostiene que ha procesado a funcionarios por abusos y que ha modernizado la institución. Sin embargo, la percepción general es que la Fiscalía bajo su mando ha operado como un órgano alineado con el Ejecutivo. Su gestión refuerza la idea de que el cargo ha perdido autonomía estructural.
La advertencia de la ONU
La declaración no vino de un comunicado genérico. La hizo Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados. Su oficina ya había emitido observaciones similares en años anteriores, señalando que Venezuela no cumple los estándares mínimos para la selección de autoridades del sistema de justicia y que el Ministerio Público opera sin garantías de autonomía.
Su advertencia actual mantiene esa línea. El procedimiento en curso no corrige las fallas estructurales que han permitido dos décadas de designaciones sin competencia real.
La postulación y retiro de Ernesto Villegas
La candidatura del ministro Ernesto Villegas generó un debate inmediato. Su perfil político era incompatible con el diseño constitucional del cargo, que exige autonomía frente al Ejecutivo. Su eventual designación habría profundizado la percepción de control político sobre la Fiscalía.
Organizaciones de derechos humanos y analistas señalaron que su postulación era un indicador del deterioro institucional. Villegas retiró su candidatura, lo que evitó un conflicto mayor, pero no modificó la estructura del proceso. Su salida confirmó que el mecanismo permite postulaciones abiertamente políticas sin filtros previos.
Un proceso sin garantías reales
El Comité de Postulaciones no ha demostrado independencia. No ha publicado evaluaciones detalladas de los aspirantes ni ha abierto audiencias públicas efectivas. La Asamblea Nacional mantiene el control total del proceso.
La falta de transparencia afecta la credibilidad del resultado. La advertencia de la ONU busca evitar que el cargo vuelva a ser ocupado mediante acuerdos internos sin evaluación de mérito. Sin cambios en el procedimiento, el resultado será una nueva designación sin garantías de independencia.
Contexto internacional
Venezuela I sigue abierto en la Corte Penal Internacional, pero el proceso avanza con largos períodos de inactividad visible debido a la secuencia de recursos, observaciones y solicitudes del Estado venezolano. El expediente no está cerrado, pero la dinámica procesal ha generado un estancamiento práctico: la Fiscalía de la CPI ha pedido continuar la investigación, mientras el gobierno insiste en que existen procesos internos suficientes para frenar la intervención internacional.
La Sala de Cuestiones Preliminares ha tenido que pronunciarse repetidamente sobre esos recursos, lo que ha extendido los plazos y ha creado la percepción —sustentada en los tiempos del expediente— de que el caso avanza con lentitud extrema. El Ministerio Público venezolano es un elemento central en esa evaluación: la CPI debe determinar si el Estado investiga de forma genuina o si la falta de independencia del fiscal general impide cualquier avance real.
El resultado es un expediente formalmente activo, pero con progresión limitada, condicionado por la estrategia del Estado venezolano de ralentizar el proceso mediante litigios sucesivos.
¿Será como siempre?
La Asamblea Nacional seguirá adelante con la selección del fiscal general utilizando el mismo esquema que ha operado en las últimas dos décadas. La advertencia de la ONU quedó registrada, pero el procedimiento no ha cambiado.
El país entra en una nueva designación con un patrón intacto: un mecanismo que no cumple la Constitución y que permite que se repitan las mismas irregularidades que han marcado las últimas elecciones del Ministerio Público.
