By Elvira Llovera responde al ex ministro de Comunicación e Información que difundió una versión falsa sobre la muerte de su hijo en 2017. Señala cálculo político, impunidad sostenida y reclama responsabilidades penales y políticas, no gestos.
Elvira Llovera no negocia con gestos. Nueve años después del asesinato de su hijo, Juan Pablo Pernalete, rechazó la disculpa pública de Ernesto Villegas y le exige asumir responsabilidades por la versión falsa que sostuvo desde el poder.
Villegas pidió perdón en redes sociales cuando aspiraba a la Defensoría del Pueblo, cargo al que luego renunció. Para la familia, el contexto descalifica el gesto: llega tarde, sin consecuencias y con un interés inmediato.
“En nueve años no hubo disculpas, ni públicas ni privadas. Ahora aparece cuando busca ese cargo”, dijo Llovera en un video difundido en Instagram. No pide palabras. Exige responsabilidades individuales, un reconocimiento verificable del daño causado y una posición clara frente a las víctimas, incluida la liberación de presos políticos.
El 26 de abril de 2017, en Altamira, Pernalete, estudiante de 20 años, recibió el impacto directo de una bomba lacrimógena disparada de forma horizontal por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana. Murió por traumatismo torácico. Ese uso del arma contraviene los protocolos y los estándares internacionales.
La versión oficial inicial sostuvo otra cosa. Voceros del gobierno, principalmente Villegas, que era ministro de Información y Comunicación, firmaron que el joven había sido herido con una pistola de perno cautivo. La hipótesis se difundió desde el aparato comunicacional del Estado y trasladó la responsabilidad fuera de los cuerpos de seguridad.
El 24 de mayo de 2017, la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que las experticias del Ministerio Público determinaban lo contrario: la causa de muerte fue el impacto de una lacrimógena disparada directamente contra el cuerpo.
La rectificación no produjo sanciones proporcionales ni cerró el daño. Abrió una deuda: quién responde por la mentira oficial.
“Se sabía desde el primer día”, sostiene Llovera. Su señalamiento coincide con un patrón documentado por organizaciones de derechos humanos: versiones exculpatorias tempranas, retraso en reconocer hechos y carga adicional sobre las víctimas, obligadas a desmontar el relato del propio Estado.
En ese patrón, la desinformación no es un exceso retórico. Es una pieza de la impunidad. Define tiempos, condiciona investigaciones y erosiona pruebas. La familia Pernalete lo describe como revictimización continuada: nueve años sin sanciones acordes para los responsables directos ni para quienes fijaron un relato falso.
La disculpa de Villegas reabre ese punto. Llovera la considera insuficiente. “Asuma sus responsabilidades y tenga al menos un poco de vergüenza”, dijo. Rechaza ocupar el lugar de quien otorga perdón y devuelve la discusión a lo exigible: verdad completa, responsabilidades penales y políticas, y garantías de no repetición.
La aspiración a la Defensoría del Pueblo expuso una contradicción de fondo. El cargo exige control del poder y protección de víctimas. La rectificación tardía, sin efectos jurídicos ni administrativos, no repara el daño ni restituye confianza.
Juan Pablo Pernalete fue asesinado el 26 de abril de 2017, durante una manifestación en Altamira, Caracas, en rechazo a las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia que despojaron de competencias a la Asamblea Nacional. El hecho ocurrió en los alrededores de la Torre Británica, desde donde un funcionario de la Guardia Nacional le disparó una bomba lacrimógena que le impactó en el pecho.
Personas presentes lo auxiliaron para alejarse del lugar del impacto, hasta donde se desplomó. Cuando llegó a Salud Chacao ya no tenía señales de vida.
Villegas impulsó lo que ya era tesis oficial: que Pernalete fue abordado por dos sujetos que accionaron una pistola de perno para luego dejar tirado el cadáver. Lo hizo, además, mostrando imágenes del cuerpo del joven y violando el Código Penal. Rápidamente esa versión empezó a hacer aguas, pues se pudo conocer una filtración periodística con el acta de defunción del caso.
No obstante, ese día 29 de abril en la noche, la pantalla de VTV puso al aire el programa Zurda Konducta, donde los conductores encabezados por Pedro Carvajalino afirmaron que quienes se habían acercado a Pernalete eran los «terroristas» que acabaron con su vida, a partir de inspeccionar videos sobre «lo que ocurrió realmente».
«Lo mataron ellos», dijo Ricardo González en ese programa. «Ustedes necesitaban un muerto», agregó Carvajalino aquella noche. El Minci no tomó acción alguna por tal uso del canal estatal.
El 1 de mayo el propio Nicolás Maduro dijo que a Pernalete «lo mató la misma oposición».
El 24 de mayo siguiente la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz declaró que a Pernalete lo mató un Guardia Nacional al haberlo impactado con una bomba lacrimógena. Pero ella luego fue destituida, y sus afirmaciones fueron desestimadas por las autoridades. Tampoco fueron reflejadas en VTV para recoger lo ya dicho durante semanas.
Tuvieron que pasar cuatro años hasta que en mayo de 2021, el Ministerio Público admitió que Pernalete murió por el impacto en el tórax de una bomba lacrimógena disparada por funcionarios de la Guardia Nacional e imputó a 12 uniformados por el delito de homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva. Es decir, muerte accidental. Coincidió aquella admisión con la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Todavía la familia Pernalete espera justicia.
Ernesto Villegas, como titular del Ministerio de Información y Comunicación en 2017, nunca abrió el canal «de todos los venezolanos» para que familiares de Juan Pablo Pernalete tuvieran voz. Tampoco permitió que las afirmaciones hechas desde su pantalla fueran contrastadas o desmentidas.
Llegados a 2026 y a su postulación al cargo de Defensor del Pueblo, también es posible identificar los varios posteos en la red social X, antes Twitter, que Villegas publicó para impulsar su narrativa sobre el caso Pernalete. La mayoría de ellos fueron borrados con posterioridad.
Renuncia a postulación
El martes, luego de que la Asamblea Nacional extendiera el lapso de postulaciones para los cargos de fiscal general y defensor del pueblo, Villegas retiró su postulación, «Asumo esta decisión para dar paso a otras opciones con mayores posibilidades de consenso en el seno del Poder Legislativo y de la sociedad venezolana», publicó.
El caso Pernalete sigue siendo una prueba. No de arrepentimiento, sino de capacidad institucional para establecer responsabilidades y sancionar la mentira oficial. Sin eso, la disculpa no repara, encubre. Y la impunidad se consolida como política.
