By El gobierno reporta miles de liberaciones, pero no publica una lista verificable. ONG y oposición documentan menos casos y denuncian discrecionalidad. Mientras avanzan excarcelaciones parciales, un grupo clave —presos políticos militares, incluidos los recluidos en el Fuerte Guaicaipuro— queda fuera del proceso.
El gobierno interino de Jorge Rodríguez reporta miles de liberaciones, pero no publica una lista verificable. ONG y oposición documentan menos casos y denuncian discrecionalidad. Mientras avanzan excarcelaciones parciales, un grupo clave —presos políticos militares, incluidos los recluidos en el Fuerte Guaicaipuro— queda fuera del proceso.
La cifra cambia según quién la diga. Para la oposición democrática, hasta el domingo a las 9:00 pm había al menos 472 presos políticos en Venezuela. Para el oficialismo, el proceso de excarcelaciones ya alcanza miles. Entre un número y otro no hay solo una diferencia estadística: hay un problema de poder y de control de la información.
Desde el 8 de enero, la Plataforma Unitaria asegura haber verificado 746 liberaciones. Foro Penal documenta menos. El gobierno habla de más de 8.000 beneficiados por la Ley de Amnistía aprobada en febrero. Nadie puede comprobar ninguna de esas cifras de forma independiente. No existe una lista pública, completa y verificable.
La coalición opositora volvió a exigir procesos “masivos, expeditos, públicos y transparentes”. No es una consigna. Es una objeción directa a un mecanismo sin auditoría externa. En ese esquema, la liberación deja de ser una corrección judicial y pasa a ser una decisión administrada por el poder político.
La Red de Excarcelados por la Democracia intentó romper ese cerco. Entregó a la Asamblea Nacional una lista de detenidos para forzar la revisión de casos dentro del marco de la amnistía. La exigencia que planteó Américo De Grazia es básica: saber quiénes han sido liberados. La respuesta sigue pendiente.
Sin esa lista, el proceso no puede evaluarse. No hay forma de saber si se están corrigiendo abusos o redistribuyendo beneficios.
Los nombres que siguen apareciendo en las denuncias —Hugo Marino, Víctor Quero Navas, Alcides Mora, Esneider Vergel y Eliécer Vergel— apuntan a otro problema: la persistencia de desapariciones forzadas en paralelo a las excarcelaciones. El sistema no solo libera; también retiene y oculta.
Un límite donde el poder no quiere ceder: los militares
Organizaciones de derechos humanos y familiares han señalado que una parte significativa de los presos políticos militares permanece fuera de los listados de excarcelación. Se trata, en muchos casos, de oficiales y suboficiales detenidos por acusaciones de conspiración o deslealtad, procesados en jurisdicción militar y sometidos a esquemas más cerrados de control.
El caso más visible es el de los detenidos en el Fuerte Guaicaipuro, en Charallave, donde permanecen procesados militares en condiciones de aislamiento, con restricciones severas de comunicación y sin acceso regular a defensa independiente. Sus expedientes no forman parte del circuito público que el oficialismo exhibe cuando habla de liberaciones.
Ese dato altera la lectura del proceso. No todos los presos políticos están en la misma categoría ni bajo las mismas reglas. Hay un grupo —el militar— que el Estado trata como asunto de seguridad interna, no como materia susceptible de negociación o amnistía amplia.
La propia arquitectura de la Ley de Amnistía refuerza esa discrecionalidad. Abarca 27 años y 13 eventos políticos distintos. Es lo suficientemente amplia como para permitir inclusiones masivas, pero también exclusiones selectivas. No fija criterios verificables ni establece controles independientes.
Por eso las cifras no coinciden. Porque no describen lo mismo. El gobierno suma medidas cautelares como liberaciones. Las ONG distinguen libertad plena de excarcelación condicionada. La oposición intenta reconstruir una lista que el Estado no publica. Y los militares, en muchos casos, ni siquiera entran en el conteo visible.
En paralelo, aparece otra dimensión: la confiscación de bienes. Nicmer Evans lo resumió sin rodeos: propiedades tratadas como “botín de guerra”. La presión no termina con la cárcel ni se corrige con la excarcelación. Se extiende al patrimonio y al entorno familiar.
El resultado es un proceso que libera, pero segmenta. Muestra avances en un frente y mantiene intacto otro. Administra cifras sin someterlas a verificación. Y deja fuera, de manera sistemática, a quienes el poder considera más “peligrosos” por sus ideas y actitudes.
