By La estrategia de Washington pospone el voto, pero el resultado se define ahora: si se detiene a alguien por opinar, si un medio cierra tras publicar, si una reunión se suspende por presión, el voto se emite bajo restricciones, no en condiciones de libertad.
La estrategia de Estados Unidos para la transición venezolana es clara en el orden de los pasos. Tras la captura de Nicolás Maduro, la prioridad fue evitar violencia, migración y colapso; Washington sostiene que ese objetivo se logró. Luego viene la recuperación económica: apertura petrolera, entrada de empresas, reactivación de exportaciones. Las elecciones quedan para después, sin fecha definida. Primero orden, luego actividad económica, al final voto.
Washington no oculta esa lógica. Marco Rubio lo ha dicho sin ambigüedad: Venezuela está mejor que hace ocho semanas, se han liberado presos, se ha cerrado El Helicoide y se ha iniciado la recuperación económica. Pero esa valoración no implica reconocimiento político. Habla de “autoridades interinas” que cumplen funciones en una fase específica y que, para consolidarse, “necesitarán la legitimidad de elecciones democráticas”. La distinción es central: no se trata de un gobierno reconocido, sino de operadores que ejecutan una transición bajo supervisión externa. Y en ese intervalo —cuando administran el país sin legitimidad electoral— se se define el resultado.
El problema es lo que ocurre entre esos pasos. No hay una definición de quién garantiza que, mientras tanto, se pueda hablar sin consecuencias, reunirse sin interrupciones o publicar sin cierre. El aparato que hacía posible la represión no ha desaparecido. Sigue allí, menos visible, pero con capacidad de actuar. La estabilidad actual depende más de la presión externa que de un cambio interno en esas estructuras.
La elección no inaugura la política, la confirma. Si una persona puede ser detenida por opinar, si un medio cierra después de publicar, si una reunión se suspende por presión, el voto pierde sentido. No porque deje de existir, sino porque ocurre en un entorno donde las decisiones están condicionadas.
Eso se traduce en hechos concretos. Un medio puede abrir, pero no sabe si seguirá abierto la semana siguiente. Un dirigente puede dar una rueda de prensa, pero no sabe si será citado después por un organismo de seguridad. Una protesta puede realizarse, pero no hay garantía de que se repita sin consecuencias. La coerción no desaparece: se hace selectiva.
La política no se decide el día de la elección, sino antes. En Chile, en 1988, el plebiscito fue posible porque durante meses hubo programas de televisión, actos públicos y organización territorial que no pudieron ser interrumpidos sin costo. En Europa del Este, en 1989, el cambio político fue precedido por algo medible: la circulación de información dejó de estar controlada por un solo actor. La gente sabía, hablaba y se organizaba sin permiso previo.
No es teórico. Se puede observar. Un canal que transmite durante semanas seguidas sin ser cerrado cambia el equilibrio. Un periódico que logra imprimir todos los días establece una rutina. Una organización que convoca reuniones en distintas ciudades sin suspensión empieza a ocupar espacio. Donde eso ocurre, la presión baja. Donde no, se mantiene.
Venezuela no está ahí todavía. Hay aperturas puntuales, pero no continuidad. Un medio abre y luego desaparece. Una movilización ocurre, pero no se repite. Una liberación se anuncia, pero no establece un patrón. El poder no necesita cerrar todo; le basta con que nada se sostenga.
Por eso la tarea no es abrir espacios, sino mantenerlos abiertos. Si un medio logra publicar hoy, la pregunta es si podrá hacerlo mañana y la semana siguiente. Si una organización convoca un acto, la prueba es si puede repetirlo en otro lugar. Si se libera a una persona detenida, el indicador es cuántos más salen después y en qué condiciones.
La presión externa no reemplaza ese proceso. La operación de enero mostró que la confrontación directa tiene límites. Eso reduce el uso abierto de la fuerza, pero no crea garantías automáticas. El espacio no aparece por decisión externa; aparece cuando alguien lo ocupa y logra quedarse.
Aquí es donde los actores internos definen el resultado. Un partido no demuestra fuerza por lo que declara, sino por lo que logra sostener. ¿Cuántas actividades públicas realizó en un mes? ¿En cuántas ciudades? ¿Cuántas fueron interrumpidas? Esas cifras dicen más que cualquier comunicado.
Las organizaciones intermedias cumplen otra función. Un gremio puede contar cuántos periodistas han sido detenidos en un periodo determinado. Una universidad puede registrar cuántos eventos se realizaron sin interferencia. Una iglesia puede documentar cuántas actividades fueron suspendidas. Esos datos construyen un mapa real de lo que está ocurriendo.
La diferencia entre un avance y un gesto es la duración. Un medio que abre un día no cambia nada. Uno que opera durante semanas establece un precedente. Una protesta aislada no altera el equilibrio; varias consecutivas en distintos lugares empiezan a hacerlo. La política, en este punto, se mide por lo que resiste en el tiempo.
Ahí se mide el factor externo. Si se alivian sanciones o se abren mercados, la pregunta no es política sino práctica: ¿cambió algo en el terreno? ¿Hay menos detenciones por opinión? ¿Más medios operando? ¿Más actividades sin interrupción? Si la respuesta es no, la estabilidad se está consolidando sin modificar las condiciones reales.
El problema de fondo no ha cambiado. Las estructuras de coerción no han sido desmanteladas. Eliminarlas de golpe puede generar desorden; dejarlas como están mantiene el control. Entre esas dos opciones, lo único que cambia el equilibrio es que cada vez haya más cosas que no puedan ser detenidas sin costo.
Hay actores que pueden bloquear o desviar la transición, y no son necesariamente del oficialismo. En ese espacio no solo actúa el Estado. También operan intereses que no siempre son visibles en el debate público y que pueden alterar el curso del proceso.
Hay sectores políticos que no forman parte del gobierno que rechazan la cooperación con Estados Unidos y organizan resistencia desde espacios sindicales, estudiantiles o culturales. Su capacidad no está en el control institucional, sino en la movilización y en la construcción de relato. Si ese discurso logra expandirse, puede traducirse en presión sostenida contra cualquier apertura.
Existe también un sector económico formado en un entorno cerrado, dependiente de contratos públicos y protección estatal para el cual la apertura no es una oportunidad sino una amenaza directa. Su incentivo no es adaptarse, sino frenar o distorsionar el proceso y que se traduce en financiamiento, lobby y resistencia silenciosa a la competencia.
A eso se suma un grupo político con presencia mediática e institucional, el alacranato, que ha sobrevivido sin consolidar apoyo social. Su margen de acción no está en ganar elecciones, sino en prolongar el periodo sin ellas. Mientras no haya voto, mantienen relevancia.
Ninguno de estos actores controla por sí solo el proceso, pero todos pueden influir en su ritmo y operan en el mismo terreno: el tiempo previo a la elección.
Lo relevante no es cuándo habrá elecciones sino qué ha cambiado antes de que lleguen. Algo que se puede medir sin adjetivos. ¿Cuántos medios publican hoy y siguen abiertos dentro de un mes? ¿Cuántos programas de radio salen al aire sin interrupción? ¿Cuántas ruedas de prensa se realizan sin citaciones posteriores? ¿Cuántas movilizaciones se repiten en distintas ciudades sin detenciones? ¿Cuántos detenidos por opinión salen y no vuelven a entrar por el mismo motivo?
No son datos accesorios. Definen las condiciones. Si el número de medios activos sube y se mantiene, si las actividades públicas se repiten sin sanción, si las detenciones por opinión caen de forma sostenida, el espacio existe. Si es lo contrario, no existe.
Con esos mismos criterios se puede leer la política exterior. Cada alivio de sanciones o apertura económica debería corresponder a un cambio verificable en esos indicadores. Si la economía se mueve y esos números no cambian, lo que hay es estabilidad sin libertades. Y una elección en ese contexto no introduce competencia: ordena lo que ya está decidido.
El régimen puede adaptarse sin ceder del todo. Puede permitir actos puntuales y cerrar al día siguiente, tolerar un medio y presionarlo después, liberar a unos y detener a otros. Esa oscilación no es transición; es control por dosificación. La única forma de romperla es convertir cada concesión en precedente: lo que ocurre una vez debe ocurrir de nuevo y en más lugares.
El umbral es simple de formular y difícil de alcanzar: continuidad. No un día, no un evento, no un titular. Semanas de publicación sin cierre. Meses de actividades sin suspensión. Reducción sostenida de detenciones por opinión. Cuando esos umbrales se cumplen, el costo de revertirlos sube y el espacio deja de depender de permisos.
Si esos umbrales no se cumplen, la elección será la última etapa de un proceso ya resuelto.
Si se cumplen, introduce incertidumbre real.
La política se decide antes del voto.
