By La crisis venezolana es una ruptura de la reciprocidad ética, no solo institucional. La pertenencia política sustituyó la ley común, legitimó abusos y disolvió límites. Sin una ética laica y compartida, ningún cambio de poder corrige el fondo.
Pedro Azuru / ULA
La crisis venezolana no empezó con la inflación ni con el colapso de los servicios. Empezó antes, cuando dejamos de compartir criterios básicos sobre lo justo y lo injusto. Lo que hoy vemos es la consecuencia: una sociedad que ya no reconoce límites comunes.
El problema no es solo institucional. Es moral. Hemos sustituido la ética por la pertenencia. El país se organizó en bandos que se atribuyen el bien y asignan el mal al otro. Desde ahí todo se justifica: el abuso si lo cometen los propios, la denuncia si la víctima es ajena. Así desaparece la reciprocidad, que es la única base real de una ley.
No hay aquí una anomalía reciente ni un desvío accidental. Las prácticas que hoy se denuncian —corrupción, clientelismo, improvisación, desprecio por el adversario— no nacieron con un gobierno ni mueren con él. Se han repetido con distintos discursos y distintos símbolos. La diferencia es que ahora se ejecutan sin freno y, peor, con justificación moral.
Ese es el punto crítico: la ética dejó de funcionar como límite. El “nosotros” se convirtió en licencia. En su nombre se excusa lo que antes se condenaba. El altruismo, entendido como lealtad al grupo, sirve para encubrir abusos. El interés personal se disfraza de compromiso político. La frontera entre convicción y conveniencia se volvió irrelevante.
También es un error cómodo culpar solo al individualismo o al mercado. La presión del grupo produce sus propias formas de degradación. Cuando la pertenencia exige adhesión ciega, anula la responsabilidad personal. La obediencia reemplaza al juicio. Y en ese terreno prosperan el personalismo, el nepotismo y el abuso de poder.
Por eso una ética pública no puede fundarse en creencias particulares ni en identidades políticas. No puede depender de una fe, de una ideología ni de una mayoría circunstancial. Su único fundamento posible es la igualdad efectiva entre personas: mismos derechos, mismos deberes, misma ley. Sin reciprocidad, la ley es un instrumento de facción.
La salida no está en reforzar identidades ni en imponer unanimidades. Está en algo más exigente: reconstruir la autonomía del individuo. Una sociedad solo puede sostenerse si sus ciudadanos son capaces de cuestionar incluso a los suyos, de poner límites a su propio grupo, de no delegar su juicio en consignas.
Esto implica aceptar una incomodidad de fondo: ya no hay fundamentos absolutos que garanticen la moral. Ni la religión, ni la historia, ni la ideología ofrecen ese respaldo. Ese vacío puede llevar al cinismo o al fanatismo. Venezuela ha conocido ambos: la indiferencia ante el abuso y la justificación fervorosa del mismo.
Frente a eso, la única respuesta viable es una ética mínima, común y exigible. Cumplimiento de la ley sin excepciones, reconocimiento del adversario, rechazo del privilegio, responsabilidad en el ejercicio del poder. No son principios abstractos. Son condiciones básicas de convivencia.
Nada de esto se resuelve con un relevo político. Sin una transformación ética, cualquier cambio será superficial. Las mismas prácticas encontrarán nuevos portadores. El problema no es solo quién gobierna, sino bajo qué reglas y con qué límites.
Lo que está en juego no es una narrativa ni una identidad. Es la posibilidad de vivir bajo normas que obliguen a todos por igual. Sin eso, no hay país. Hay facciones.
Pedro Alzuru (Caracas, 1956) es sociólogo por la UCV y doctor por la Sorbona. Profesor titular jubilado de la Universidad de Los Andes, donde coordina el Doctorado en Ciencias Humanas y el Grupo de Investigaciones en Estética. Ha dirigido revistas académicas y centros de investigación en Mérida. Autor de La sensibilidad finisecular, Elogio del hombre ordinario y La ilusión erótica, su trabajo se centra en la ética, la estética y la cultura contemporánea.
