By El deterioros físico y mental de los militares y policías cautivos en el Fuerte Guaicaipuro.
Desde abajo, los detenidos hablan con sus familiares durante treinta minutos, vigilados desde arriba y desde atrás. No pueden tocarse. Los hombres permanecen sentados mientras las conversaciones quedan grabadas. Después de meses sin verse, el primer impacto para quienes entraron al Fuerte Guaicaipuro fue el cuerpo: peso perdido, movimientos lentos, manos que tiemblan.
La visita autorizada del 12 de febrero de 2026 sirvió de fe de vida de 32 detenidos vinculados al caso Gedeón luego de casi medio año sin contacto. Estaban en desaparición forzada. Varios presentaban signos visibles de desnutrición y deterioro físico, un desgaste que no aparece de golpe. Se instala lentamente y termina reflejándose en el cuerpo. En el Fuerte Guaicaipuro, la alimentación depende del “rancho” de cuartel que proporciona el centro de reclusión. No reciben ayuda de los familiares.
La incomunicación de los 32 detenidos vinculados al caso Gedeón comenzó al mismo tiempo que una serie de traslados desde centros de inteligencia y tortura como El Helicoide y la DGCIM a instalaciones militares y penitenciarias que les permiten al régimen un mayor control y menos testigos. Estos traslados, sin notificación a los abogados ni a la Fiscalía, los presentaron como parte de una “reestructuración” del sistema de reclusión.
Familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian que resultado real ha sido el aislamiento del grupo, la reducción del acceso a abogados y el empeoramiento de las condiciones de reclusión.
Desde desde julio, agosto y noviembre de 2025, fechas en las que fueron trasladados, las familias desconocían el paradero exacto de los detenidos y no recibían información oficial sobre su estado. Organizaciones como Foro Penal y Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia han señalado que la incomunicación es un mecanismo para limitar que se propague la información sobre las condiciones de reclusión y acentuar el control sobre presos considerados enemigos del Estado.
Sentenciados en juicios sin acceso público por los delitos terrorismo y traición a la patria, las condenas alcanzan hasta 30 años. El caso Gedeón, por su carácter político y militar, recibe un tratamiento más brutal dentro del sistema penitenciario.
El cuartel no está pensado como centro de reclusión, sino como campo de concentración. Y su lejanía de los centros urbanos también tiene un propósito deliberado: no facilitar el contacto con la familia y abogados. Llegar hasta la carretera que une a Charallave con Santa Teresa del Tuy es un viaje largo y costoso.
Tampoco era fácil verlos en el Helicoide o en la sede del DGCIM en Boleíta. Familias que viven en Lara, Barinas, Portuguesa o Guayana describen su dificultad para cumplir con un horario estricto y visitas breves. Si no lograban llegar a esa única oportunidad que han tenido después de 6 meses de espera, el preso quedará otra vez sin contacto y sin posibilidad de recibir alimentos adicionales.
En un galpón, las celdas están bajo tierra, cubiertos de rejas si fueran alcantarillas, ahí ocurrió la visita. Los que pudieron llegar, se sorprendieron al verlos visiblemente más delgados, con movimientos lentos y manos temblorosas.
Hay de pérdidas de peso que rondan los veinte kilos. No hay informes médicos que documenten los cambios, pero es un patrón repetido, no puede atribuirse a casos individuales. El cuerpo se convierte en el primer registro de lo que ocurre puertas adentro.
Las condiciones de la visita reforzaron la sensación de control absoluto. No hubo contacto físico. Los detenidos permanecieron sentados, vigilados por custodios. Las conversaciones fueron grabadas. El tiempo, limitado a treinta minutos, no permitió comprobar lesiones ni revisar el estado físico más allá de lo visible. Los familiares esperaban confirmar que habían sobrevivido. Vivían, sí, pero debilitados.
Lesa humanidad
En el centro de detención el Sistema SESMAS que fue construido en el Fuerte Guaicaipuro, los prisioneros permanecen bajo un régimen de incomunicación total y sometidos a condiciones inhumanas y degradantes: golpizas, colgamientos, enterramientos parciales bajo el sol, privación deliberada de agua y suministro de comida en estado de descomposición. Un mecanismo para quebrar cuerpos y voluntades, en abierta violación de los estándares internacionales de derechos humanos.
La tortura blanca o psicológica se aplica de manera constante: luz blanca encendida las 24 horas, interrupción del sueño mediante ruidos y música a alto volumen, amenazas constantes, humillaciones degradantes y otras prácticas destinadas a destruir la identidad y la esperanza. Los familiares que lograron ver brevemente a algunos detenidos describen un daño físico y psicológico grave, progresivo y potencialmente irreversible.
El deterioro físico no es una consecuencia secundaria del encierro. Es parte integral de la reclusión. Sin acceso a alimentos externos, la pérdida de peso y el deterioro es inevitable. Aunque aunque llegaron por causas diferentes, comparten la misma condición: pérdida de peso sostenida. Los familiares lo tienen ante sus ojos. Mostraban debilidad evidente y habían cambiado hasta volverse difíciles de reconocer. Menos peso, más fragilidad, más ansiedad.
El Estado no reconoce públicamente estas condiciones. El desgaste físico termina cumpliendo una función que va más allá del individuo. No hace falta un discurso explícito para transmitir el mensaje. Basta con que otros sepan cómo salen —o cómo no salen— quienes cayeron bajo sospecha.
El hambre no es un un asunto administrativo, sino una condición de reclusión que acompaña el castigo. No necesita proclamarse. Se expresa en silencio, en el debilitamiento progresivo y en la imposibilidad de los familiares de compensar un sistema que les bloquea el acceso a lo básico.
En el Fuerte Guaicaipuro, el deterioro físico es el resultado directo de un régimen de reclusión en el cual la alimentación, el contacto familiar y el acceso a supervisión externa están negados. Un detenido que recibe alimentos descompuestos no puede estar saludable.
Entre los detenidos hay trayectorias distintas. De desde los sargentos Luis Bandres, Geomar Martínez, Hebert Glok y Edgar Díaz Vivenes, que participaron en el caso Cotiza y algunos participantes en la operación Gedeón participaron en operaciones contra el poder.
Otros formaron parte durante años de estructuras militares y policiales que hoy son señaladas por su papel en la represión interna.
Esa realidad introduce una tensión inevitable: el deterioro actual, compartir la celda, no transforma automáticamente a todos en víctimas inocentes ni elimina responsabilidades individuales que puedan existir.
Pero el problema de fondo no depende de la biografía previa de cada detenido. El sistema carcelario no está diseñado para distinguir grados de adhesión política pasada, ni para evaluar culpas más allá de lo que determine un tribunal.
Cuando el desgaste físico aparece como condición común de la reclusión, el debate se desplaza. No se trata de quién fue leal antes o quién rompió después, sino de cómo el Estado administra el castigo al encarcelado.
Operación Gedeón, el antecedente
La Operación Gedeón fue una incursión armada fallida ocurrida en mayo de 2020, cuyo objetivo era capturar a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios para forzar un cambio de gobierno en Venezuela. El plan fue dirigido por el exmilitar estadounidense Jordan Goudreau y su empresa de seguridad privada, Silvercorp USA, y contó con la participación de militares venezolanos disidentes que se entrenaron en Colombia.
El intento se ejecutó mediante desembarcos en las costas de Macuto (estado La Guaira) y Chuao (estado Aragua). Las autoridades venezolanas frustraron rápidamente la operación; al menos ocho personas murieron y decenas fueron detenidas, incluidos los ex Boinas Verdes estadounidenses Luke Denman y Airan Berry, posteriormente liberados en un canje de prisioneros.
Tras el operativo, el gobierno venezolano presentó el caso como una tentativa de invasión y abrió procesos judiciales por terrorismo, traición a la patria y conspiración. Varios participantes recibieron condenas de hasta 30 años de prisión.
En febrero de 2026, familiares y defensores denunciaron que 32 detenidos vinculados al caso permanecieron meses sin contacto presencial tras ser trasladados desde El Helicoide a otros centros de reclusión, entre ellos el Fuerte Guaicaipuro, donde familiares y defensores reportaron signos de desnutrición y deterioro físico.
Durante años, dentro de los propios cuerpos armados, la lealtad política fue un factor central para ascensos y permanencia. Sin embargo, varios de los hoy detenidos tuvieron carreras normales hasta que quedaron bajo sospecha, fueron vinculados a conspiraciones o cuestionaron decisiones internas. El tránsito de funcionario a enemigo ocurre rápido y fuera del escrutinio público.
El deterioro físico alcanza a detenidos con historias muy diferentes. Oficiales activos, retirados, policías o exfuncionarios terminan compartiendo las mismas restricciones. El Fuerte Guaicaipuro transforma a hombres que alguna vez estuvieron del lado del control en sujetos sometidos a un régimen que los aísla y los deteriora física y emocionalmente.
No solo amedrenta a los presos, también funciona como recordatorio para quienes todavía llevan uniforme: la frontera entre obediencia y sospecha puede desplazarse rápidamente, y una vez cruzada el sistema deja de distinguir pasado y presente.
Treinta minutos no alcanzan para medir seis meses de encierro. Los familiares salieron con absoluta seguridad de que el tiempo allí dentro se mide distinto. No por el avance de los expedientes ni por los comunicados oficiales, sino por lo que ocurre con el cuerpo. El peso perdido, la debilidad, la mirada cansada no necesitan pruebas de laboratorio que no caben en los expedientes judiciales.
El Fuerte Guaicaipuro muestra una paradoja: un poder que exige disciplina absoluta a sus cuerpos armados termina mostrando su forma más dura precisamente sobre quienes alguna vez estuvieron dentro. La cárcel militar no solo castiga a individuos; envía un mensaje a la institución completa. No hace falta decirlo en voz alta. Basta con ver cómo regresan quienes han pasado por allí.
Cuando la visita terminó, algunos detenidos volvieron a sentarse antes de que los custodios lo ordenaran. Los familiares salieron sin poder abrazarlos y con la misma información fragmentaria con la que habían llegado: media hora de conversación vigilada, cuerpos más delgados, respuestas incompletas. Los pasos de los custodios sobre las rejas del techo siguieron escuchándose.
En Guaicaipuro no se discuten ideas; se administran cuerpos. La próxima evaluación del estado de los detenidos dependerá de una nueva autorización, de otro viaje largo y de otra media hora de observación. Hasta entonces, la única pregunta es cuánto más resiste un cuerpo.
