El chavismo dejó 900 empresas públicas quebradas que viven de subsidios

Gerver Torres explica cómo el Estado venezolano terminó controlando centenares de empresas improductivas y plantea por qué la recuperación económica exige abrir su gestión al sector privado

Venezuela llegó a acumular alrededor de 900 empresas públicas distribuidas en casi todos los sectores económicos. Según distintos estudios, más de la mitad hoy no operan, otras funcionan con baja productividad y muchas sobreviven gracias a subsidios del Estado mientras prestan servicios deficientes en áreas esenciales como electricidad, telecomunicaciones, agua o transporte.

Gerver Torres conoce esa historia desde dentro. Economista y exministro de privatización durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, participó en el ciclo de reformas económicas de los años noventa y luego trabajó como asesor internacional en procesos similares en América Latina, Asia y Europa del Este. Desde esa experiencia compara el intento de modernización de entonces con el estado actual de la economía venezolana.

En esta conversación explica por qué considera que el modelo estatal terminó convirtiéndose en un obstáculo para la recuperación, analiza el deterioro de las empresas públicas y plantea qué condiciones institucionales deberían cumplirse para atraer inversión privada y reconstruir servicios básicos en el país.

—Venezuela llegó a tener unas 900 empresas públicas. Hoy muchas no funcionan o viven de subsidios. ¿Cómo se llegó a ese punto?

—Ni siquiera se conoce con precisión el número exacto, y eso ya dice mucho del nivel de desorden. Distintas estimaciones sitúan la cifra alrededor de 900 entes u empresas en las que el Estado tiene participación total o parcial. Un número extraordinariamente alto: en términos absolutos, el más grande de América Latina. El problema no es solo cuántas son, sino en qué situación se encuentran. Más de la mitad no operan o están paralizadas. Otras funcionan a medias, con nóminas enormes y productividad mínima. Muchas ni siquiera publican estados financieros; no se sabe quién las dirige ni cómo toman decisiones. Son, en la práctica, cajas negras que consumen recursos públicos sin ofrecer resultados.

—Usted ha dicho que llamarlas “empresas públicas” es casi un sofisma.

—Sí, porque formalmente son públicas, pero en la práctica muchas están bajo control de pequeños grupos de interés. Son públicas en el papel, pero privatizadas de hecho, y además en una forma perversa. No responden al interés general.

“Muchas de estas empresas no son públicas: son cajas negras que viven de subsidios y no producen nada.”

—¿Qué impacto tiene eso sobre la vida cotidiana?

—Directo. Lo vemos en la electricidad, el agua, el transporte, las telecomunicaciones. Los venezolanos lo padecen todos los días. Pero además se convierten en un obstáculo para el crecimiento económico. Sin servicios básicos no hay inversión, no hay industria y no hay recuperación posible.

—Usted estuvo al frente del proceso de privatización en los años noventa. ¿Qué se intentaba hacer entonces?

—Formaba parte de una reforma más amplia. La idea era redefinir el papel del Estado: concentrarlo en regulación, macroeconomía, educación, salud, defensa. No en manejar empresas. Había empresas públicas que prestaban servicios muy deficientes. El caso emblemático fue CANTV. Obtener una línea telefónica podía tomar años. Su privatización atrajo capital internacional y mejoró rápidamente el servicio.

—¿Qué enseñó aquella experiencia?

—Que cuando el proceso es transparente y bien diseñado, atrae inversión seria. En ese momento había enorme interés internacional por Venezuela. Se plantearon proyectos ambiciosos, incluso convertir Maiquetía en un Hub regional de conexiones aéreas. Ese proceso se truncó con los intentos de golpe de Estado y luego se revirtió con la ola de estatizaciones.

—¿Las privatizaciones respondieron a presiones externas?

—No. Claro que estábamos influidos por debates globales sobre el papel del Estado, pero las decisiones fueron por convicción propia. El apoyo de organismos internacionales fue técnico y financiero, no una imposición.

—¿Hoy el Estado puede recuperar las empresas públicas quebradas?

—No tiene ni la capacidad financiera ni la gerencial. Y aunque tuviera recursos, hay prioridades más urgentes como salud o educación. La recuperación requiere inversión privada tan pronto como sea posible.

—¿Qué modelo imagina para hacerlo?

—En muchos casos contratos de gestión. Empresas privadas especializadas pueden asumir la operación sin necesidad de transferir inmediatamente la propiedad. Eso permitiría recuperar servicios con mayor rapidez.

—¿Por qué el sector privado tiende a operar mejor?

—Por incentivos. Quien invierte capital profesionaliza la gestión y vigila resultados. Pero el argumento central no es solo eficiencia: es que operar negocios no debe ser la función principal del Estado.

—Existe la percepción de que privatizar es “entregar las joyas de la corona”.

—Muchas de estas empresas no son joyas. Son toneles sin fondo que generan pérdidas permanentes. Transferirlas puede ser una ganancia social si deja de drenarse dinero público y mejora el servicio. Ahora, eso debe hacerse con transparencia. En Venezuela ha habido transferencias opacas, sin licitaciones. Un proceso serio exige reglas claras y operadores calificados.

“El problema no es vender empresas; el problema es mantener empresas quebradas que consumen recursos públicos”

—¿Qué papel juegan regulación y competencia?

—Son fundamentales. Privatizar no significa ausencia de Estado. El Estado debe regular para asegurar competencia y evitar monopolios, porque la competencia mejora calidad y mantiene precios razonables.

—¿Qué ejemplos internacionales considera relevantes?

—Muchos países ya recorrieron este camino. Perú, Chile, Brasil, entre otros. En la mayoría, el grueso de las privatizaciones ya ocurrió y quedaron pocas empresas públicas, bien gobernadas y con objetivos claros.

—¿Y los modelos mixtos, Estado y privados?

—Pueden existir, pero deben evaluarse caso por caso. El Estado no necesita ser dueño para regular un sector. Tiene instrumentos fiscales y regulatorios para hacerlo sin asumir riesgos empresariales.

—¿Qué cambios institucionales son indispensables para atraer inversión?

—Un cambio profundo. Hoy existe un marco legal antinegocios que sigue allí aunque se aplique selectivamente. Deben restablecerse derechos de propiedad, seguridad jurídica y mecanismos de arbitraje. Nadie invierte a largo plazo sin eso.

—Uno de los temores es el impacto sobre el empleo.

—El empleo ya se perdió en gran medida. Los salarios públicos son miserables. Lo importante es crear nuevos empleos productivos en una economía que crezca, no mantener estructuras improductivas.

—Para cerrar: ¿cómo imagina la recuperación?

—Con democracia plena, reglas claras y apertura a la inversión privada. Venezuela tiene recursos naturales, capital humano y una diáspora valiosa que puede contribuir. Lo que falta es crear las condiciones para que todo eso vuelva a conectarse.

“Sin inversión privada no hay recuperación posible, porque el Estado venezolano no tiene ni recursos ni capacidad para rehacer lo que destruyó.”

—¿Es optimista?

—Sí. Porque Venezuela ya demostró que puede cambiar cuando toma decisiones correctas. No será rápido ni fácil, pero es posible.

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