By La reciente de interdicción del buque Sagitta revela que la estructura criminal del chavismo en PDVSA sigue operando y mantiene el comercio irregular de petróleo venezolano desafiando la “cuarentena de sanciones” después de la captura de Nicolás Maduro.
La captura de otro buque con crudo venezolano confirma la persistencia de un sistema ilícito que sobrevive a la vigilancia y a la tutela. PDVSA, convertida desde hace más de dos décadas en el núcleo financiero del poder chavista, sigue operando como estructura criminal. La transición venezolana no fracasará por falta de apoyo externo, sino si se permite que el chavismo administre esa herencia en lugar de desmontarla.
La estructura delincuencial construida por el chavismo en PDVSA no ha sido desmantelada. Sigue operando. Lo demuestra que, incluso bajo la tutela que Estados Unidos ejerce sobre el interinato encabezado por Delcy Rodríguez, continúan saliendo cargamentos de petróleo venezolano no declarado.
La interdicción de otro buque en el Caribe no certifica el cierre del cerco, sino su incumplimiento. No es una anomalía operativa ni un rezago del pasado, sino una prueba política: la herencia criminal del chavismo permanece intacta y desafía administración tutelada. Sigue activo un circuito de un sistema diseñado bajo el chavismo para operar en la opacidad, eludir controles y generar rentas ilícitas con la fachada de PDVSA.
Desafío a la cuarentena
El Comando Sur de Estados Unidos interceptó el martes 20 de enero en el Caribe el buque petrolero Sagitta, señalado de operar en violación directa del régimen de sanciones impuesto al comercio de petróleo venezolano. El abordaje y captura forma parte de la Operación Lanza del Sur destinada a desarticular las redes ilícitas que permiten a las reminiscencias del régimen de Nicolás Maduro seguir exportando crudo al margen de la legalidad internacional. Los barcos utilizan banderas de conveniencia, cambios de nombre, apagado de transpondedores y transferencias de carga en altamar para evadir controles.
El colapso institucional de Venezuela permitió la transformación de PDVSA en una estructura funcional a intereses criminales. Desde 1999, la empresa dejó de funcionar como corporación estatal para convertirse en el núcleo financiero de un proyecto de poder. La destrucción de controles, la politización extrema de la gestión, la expulsión de capital humano y la normalización de prácticas ilegales fue la norma. Derivó en una estructura que no responde a incentivos administrativos ni a supervisión técnica, sino a lealtades, redes y protección política.
Mientras no sea desarmada, cualquier esquema de administración operará sobre una maquinaria diseñada para resistir la legalidad. La continuidad del contrabando petrolero indica una prueba decisiva para el comienzo de la transición. No se trata de prometer recuperación, ni de negociar alivios, ni de administrar flujos bajo supervisión.
¿Tiene futuro PDVSA?
Hay que decidir si se rompe con la PDVSA heredada o si se intenta convivir con ella. La experiencia muestra que ese intento de convivencia suele fracasar: reproduce incentivos perversos, captura al nuevo poder y convierte la transición en una prolongación maquillada del viejo sistema.
Cada buque interceptado bajo tutela es un recordatorio de que sin depuración real, sin deslinde de responsabilidades y sin una ruptura explícita con la estructura criminal, el petróleo será un factor de sabotaje permanente.
La prioridad no debe ser aumentar rápidamente la producción, sino reconstruir gobernanza. Comenzar auditorías exhaustivas, deslinde de responsabilidades penales, depuración de mandos, revisión de contratos firmados bajo opacidad y una redefinición del rol del Estado en la empresa. El petróleo será tratado como industria, no como caja política.
El proceso difícilmente será indulgente. Es previsible un esquema de levantamiento gradual y condicionado de sanciones, atado a hitos verificables: independencia de la nueva autoridad petrolera, apertura real a capital privado, cumplimiento de estándares internacionales y cooperación judicial en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
PDVSA dejaría de ser el eje exclusivo del negocio. Se propone una fragmentación funcional: una empresa estatal reducida, reguladora y supervisora, conviviendo con operadores privados bajo contratos transparentes, con arbitraje internacional y protección jurídica clara. No se trata de una privatización clásica, sino de una despolitización forzada del sector.
El mayor obstáculo no será técnico sino institucional. La destrucción de capital humano, la pérdida de credibilidad y el historial de incumplimientos. La transición petrolera estará acompañada de una tutela externa de facto: organismos multilaterales, gobiernos aliados y grandes operadores energéticos imponiendo condiciones.
Transiciones petroleras fallidas
Las transiciones políticas en países petroleros suelen arrastrar una ilusión recurrente: la idea de que el cambio de poder desbloquea automáticamente la riqueza energética. Ocurre contrario. Irak, Libia y Nigeria muestran que el petróleo puede sabotear una transición cuando no se desmontan a tiempo las estructuras heredadas.
Irak ofrece el ejemplo más citado y más malinterpretado. Tras la caída de Saddam Hussein, la producción se recuperó sin que existiera una arquitectura institucional sólida. El resultado fue una industria capturada por redes políticas, milicias y corrupción endémica. Entró capital, pero no se blindó la gestión frente al reparto clientelar.
Libia representa un riesgo distinto: la fragmentación. A Gadafi no lo sustituyó una autoridad capaz de controlar campos y exportaciones. El petróleo se convirtió en botín de facciones, con interrupciones constantes y pérdida de credibilidad internacional. Venezuela enfrenta la tentación de repetir esos errores bajo condiciones aún más adversas: una empresa petrolera ya criminalizada, una transición tutelada y una sociedad exhausta que exige resultados rápidos.
Venezuela no debe reconstruir PDVSA como un símbolo de soberanía herida. Ni utilizar el petróleo como herramienta de pacificación política inmediata. Tampoco firmar contratos apresurados para mostrar resultados, mucho menos prometer una bonanza rápida a una sociedad exhausta. Son atajos corrosivos.
Evitar esos errores exige decisiones impopulares: separar tempranamente política y petróleo. Aceptar una fase prolongada de tutela técnica y supervisión internacional. Subordinar el aumento de producción a la recuperación de estándares operativos y legales. Y sobre todo entender que la credibilidad se recupera más lentamente que los pozos. Presentar el petróleo como un atajo económico es inflar una frustración colectiva.
La verdadera ruptura de Venezuela no será volver a exportar crudo, sino hacerlo sin repetir las falacias que convirtieron a su principal riqueza en el combustible de un sistema criminal.
Las falsas promesas de recuperación rápida
En Venezuela vienen prosperando narrativas que suenan razonables, pero que no resisten el contraste con la realidad. La primera es la promesa de una recuperación rápida de la producción. Se habla de millones de barriles diarios como si bastara con remover un obstáculo político, ignorando el deterioro técnico, la pérdida de personal calificado y los pasivos ambientales acumulados.
Otra promesa es el retorno automático de las grandes petroleras. El levantamiento de sanciones no sustituye la necesidad de marcos legales estables, arbitraje confiable y protección frente a vaivenes políticos. Sin ruptura con la PDVSA heredada, el capital será cauteloso y condicionado.
También se insiste en la idea de una PDVSA “refundada” por decreto. Las empresas estatales capturadas políticamente no se regeneran por voluntad discursiva: deben ser transformadas estructuralmente y no dejar intactos los incentivos que sabotearon su función original.
Los actores externos y los límites de la transición
La reconstrucción petrolera venezolana no dependerá solo de decisiones internas. Estados Unidos, organismos multilaterales y grandes operadores energéticos impondrán ritmos y condiciones. La tutela no será simbólica: estará asociada a exigencias verificables de transparencia, cooperación judicial y ruptura con redes ilícitas.
Sin embargo, las petroleras internacionales actuarán con pragmatismo. No liderarán una transición política ni asumirán riesgos sin garantías jurídicas. Su retorno será gradual y condicionado. China y Rusia, actores centrales durante la etapa chavista, verán reducido su margen de maniobra. La deuda acumulada, los contratos opacos y el descrédito internacional los colocan más como acreedores que como socios estratégicos. La transición venezolana puede fracasar por la tentación interna de administrar, en lugar de desmontar, la herencia criminal del chavismo.
