By Denuncias públicas documentan hostigamiento, intimidación y represalias sin debido proceso contra ciudadanos dentro y fuera del país.
El acoso contra los venezolanos no terminó con el relevo de figuras ni con la retórica de transición. Permanece intacto bajo el interinato de los hermanos Rodríguez, convertido en una práctica cotidiana que combina intimidación, señalamiento público y persecución administrativa.
En los últimos días, múltiples denuncias difundidas en redes sociales documentan episodios de hostigamiento directo contra ciudadanos venezolanos dentro y fuera del país. Los casos, distintos entre sí, comparten un mismo patrón: represalias sin debido proceso, presión psicológica y uso discrecional del poder para silenciar o castigar.
La activista Melania Rodríguez denunció públicamente actos de acoso continuado que incluyen amenazas veladas y vigilancia irregular, sin que exista causa judicial que las respalde. En su testimonio, advierte que estas prácticas no son aisladas, sino parte de un clima de persecución normalizado que se ha mantenido bajo el actual esquema de poder.
A estas denuncias se suma el señalamiento realizado por el usuario identificado como Zuricht94, quien expuso cómo ciudadanos venezolanos son sometidos a presiones y restricciones arbitrarias, particularmente cuando manifiestan opiniones críticas o reclaman derechos básicos. El mensaje apunta a un sistema que castiga la disidencia incluso en espacios donde el Estado no debería tener injerencia.
El periodista Luis Carlos Díaz también alertó sobre la persistencia del acoso institucional como herramienta de control social. Según su denuncia, el interinato no solo ha sido incapaz de desmontar estas prácticas, sino que las ha tolerado, permitiendo que se reproduzcan con los mismos métodos heredados del aparato represivo anterior.
Finalmente, Raúl Pagés señaló la responsabilidad política directa de quienes administran el poder en esta etapa. En su mensaje, subraya que no puede hablarse de transición ni de legitimidad mientras continúen el hostigamiento y la intimidación contra ciudadanos que no han cometido delito alguno.
Las denuncias coinciden en un punto central: el acoso a los venezolanos sigue siendo un mecanismo operativo, no una desviación. No depende de excesos individuales, sino de una estructura que permanece incólume, ahora bajo el control del interinato encabezado por los hermanos Rodríguez.
JPActivista, advierte que el acoso no busca únicamente castigar a una persona concreta, sino enviar un mensaje disuasivo al resto de la sociedad. Son mecanismos de advertencia pública que muestran las consecuencias de disentir, aun fuera de cualquier marco legal.
Mientras no exista una ruptura real con estas prácticas, cualquier promesa de normalización institucional carece de sustento. La persecución, aun sin uniformes ni comunicados oficiales, sigue siendo política de hecho.
